La directora de la Fiscalía Federal en Puerto Rico, Rosa Emilia Rodríguez-Vélez, aseguró que el operativo federal Tough Karma sacó de circulación a “peligrosos criminales”. (Primera Hora / Archivo / Andre Kang)
miércoles, 25 de enero de 2012
Francisco Rodríguez-Burns / Primera Hora
Una nueva acusación federal radicada contra una organización criminal parece más una novela de espionaje que una cruda historia sobre el narcotráfico.
Un Gran Jurado federal emitió el pliego contra cinco individuos que, presuntamente, conspiraron para darle un golpe a la pandilla que opera en el residencial Manuel A. Pérez, el cual se ha convertido en uno de los principales centros de distribución de drogas del país.
Como cualquier otro relato de intriga, la investigación contra el grupo comenzó desde un punto distante en Pensilvania, pero dentro del organigrama criminal aparecieron “personas de interés”, blancos de la pesquisa, en el residencial capitalino y en los estados de Florida y Texas.
Según los datos aportados por las autoridades, se trató de una conspiración que cruzaba estados y que se extendía al Caribe. ¿Cuál era el objetivo? Manuel A. Pérez. Durante el operativo, titulado Tough Karma, no se desarticuló a la banda que actualmente controla el complejo público, pero sí a los sujetos que intentaban dominar el residencial.
“Las organizaciones violentas mantienen a nuestras comunidades como rehenes. Fomentan el miedo, intimidan y promueven la violencia, atentando contra el bienestar de los ciudadanos que cumplen con la ley”, sostuvo la directora de la Fiscalía Federal en Puerto Rico, Rosa Emilia Rodríguez–Vélez.
“Esta investigación ha sacado de circulación a peligrosos criminales fuera de las calles de Puerto Rico”, añadió la funcionaria.
La acusación contra el grupo también establece un precedente. Es la primera que la Oficina de la Fiscalía Federal en Puerto Rico radica una acusación bajo el estatuto drive-by shooting, que no necesariamente se limita o significa atentados a mano armada que se realizan desde un vehículo en marcha.
Los federales ahora están encaminados a investigar en el país cualquier atentado a mano armada que se comete contra más de dos personas para adelantar una empresa criminal de narcotráfico. El estatuto es federal y, por ende, cae bajo su jurisdicción, pero sin lugar a dudas los federales estarán ampliando su radio de acción en la Isla mediante la nueva iniciativa. La sentencia máxima bajo el estatuto es la pena de muerte.
La investigación se asignó a una unidad especial que atendará estos casos, así como el procesamiento de otras acusaciones de crimen organizado, particularmente si envuelven esquemas establecidos por las empresas criminales.
Los delitos cometidos por los miembros de la banda se cometieron entre agosto y septiembre de 2011. Según los federales, las autoridades pudieron detener varios asesinatos que la banda iba a cometer en Puerto Rico.
“La DEA está comprometida con reducir de manera significativa la cantidad de muertes relacionadas con narcotráfico que se registran en Puerto Rico”, indicó el director interino de la DEA en Puerto Rico, Pedro Janer. “Este caso debe enviar un mensaje claro y contundente para aquellas organizaciones que utilizan la intimidación y que asesinan para adelantar sus empresas criminales” , añadió el funcionario.
Los acusados enfrentan acusaciones por conspirar para poseer con intención de distribuir drogas, drive-by shooting y la utilización de un arma de fuego en relación con un crimen violento, así como la posesión de una ametralladora. Según se desprende de la investigación, varios de los sujetos se intercambiaban información sobre la banda que actualmente opera en Manuel A. Pérez para, en un futuro, reemplazarla.
Tres de los acusados enfrentan cargos de drive-by shooting por una balacera que cobró la vida de un hombre identificado como Eizer Rivera Molina y que dejó a otras tres personas heridas en hechos que se registraron en el caserío el pasado 21 de agosto.
El 15 de agosto, el presunto cabecilla de la organización, identificado como Oscar Sánchez Martínez, mejor conocido como “Mayer” o “Gordo”, también tiroteó a otras personas, pero nadie resultó herido de bala.
En el último atentado, el sujeto recibió la asistencia de su presunto lugarteniente, Esteban Hernández Claudio, alias “Salsa”. Los otros acusados fueron identificados como Charles Pizarro García, alias “Char” o el “Negro”; Oscar Valdés García, “Pony”, y Anthony González Vega, “el Satélite”. Pizarro García es el único de los implicados en la conspiración que permanece como fugitivo.
