viernes, 13 de noviembre de 2009
Maribel Hernández Pérez / Primera Hora

Los padres de un grupo de menores que participaron en un vídeo que recrea la actividad delictiva en el residencial Arístides Chavier de Ponce se exponen a cargos criminales y hasta a la pérdida de custodia.

El Departamento de la Familia se integró ayer a una pesquisa que lleva a cabo desde septiembre el Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Ponce en torno al ya famoso vídeo, en el que los muchachitos dramatizan el violento entorno en el que están creciendo.

El jefe del CIC de Ponce, Richard Nazario, explicó que la pesquisa inició en septiembre tan pronto supieron del vídeo, pero aún están en el proceso de identificar a los menores para posteriormente identificar a sus padres.

“Estas personas se exponen a cargos por violaciones a la Ley de Armas y la Ley 177 de maltrato de menores”, dijo Nazario, e indicó que están trabajando en conjunto con las divisiones de Drogas y Armas y Delitos Sexuales.

El oficial argumentó que es muy difícil identificar a la persona que lo grabó e intervenir con cada uno de los involucrados y que, lamentablemente, el uso de vídeos no es considerado por los jueces como una pieza de evidencia a la hora de radicar cargos.

“Este residencial es uno de los más peligrosos de Ponce, allí existen más de diez puntos de drogas”, dijo.

Primera Hora visitó ayer el residencial y conversó tranquilamente con el realizador y varios de los participantes del vídeo, así como sus padres, sin mayor dificultad. La principal objeción al vídeo es el uso de armas de fuego por niños, pero los protagonistas y realizadores del vídeo nos aseguraron que las armas y la droga que salen en el vídeo son falsas y que ellos simplemente graban la realidad que viven para divertirse y enviar un mensaje de que se puede decidir por una vida con o sin violencia. (Ver reportaje en páginas 6-7).

“El dejar participar a un niño en ese tipo de actividad pudiera conllevar serias sanciones en el caso civil, incluso la pérdida de la custodia”, sostuvo la secretaria de la Familia, Yanitsia Irizarry.

La funcionaria insistió en que el vídeo dramatiza un escenario inadecuado para la formación de los niños.

“Tenemos que rescatar a la niñez. Nuestros niños están muriendo en las calles, por la desatención en muchas ocasiones de quienes están primariamente obligados a cuidarlos y a protegerlos y eso es una realidad”, comentó la funcionaria, cuya agencia perderá en enero a la mayor parte de los psicólogos a cargo de atender a los niños bajo su custodia.

Los padres de los menores participantes del vídeo se exponen, según Irizarry, a cargos por violación a los artículos, de la Ley de Armas que prohiben el que se facilite o ponga a disposición de un menor un arma de fuego, con fin criminal o por negligencia. También pudieran ser procesados por violación a la Ley 177 para el Bienestar y la Protección Integral de la Niñez, lo que conllevaría incluso la pérdida de la custodia de sus hijos.