lunes, 7 de diciembre de 2009
04:55 p.m.
Primera Hora
El presidente de la Junta de Planificación, Héctor Morales Vargas, informó que la JP dejó sin efecto la aprobación de la consulta de ubicación de la compañía Windmar Renewable Energy, Inc., para la construcción de un proyecto de generación de energía eólica en Guayanilla.
En un comunicado de prensa, Morales Vargas explicó que la Consulta Número 2006-61-0536-JPU fue aprobada en mayo, pero la Coalición Bosque Seco Ventana Verraco, Inc., el Center for Biology Diversity y el señor Frank S. González García, solicitaron una revisión en el periodo establecido por la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme de Puerto Rico.
"Es nuestra responsabilidad cumplir con la Política Pública Ambiental y en estos momentos esta pendiente un recurso legal en el Tribunal Supremo de Puerto Rico sobre la Declaración Ambiental de la misma", expresó el presidente de la JP.
Los oponentes del proyecto cuestionaron la validez de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) que se sometió sobre el proyecto y que fue acogida por la Junta de Calidad Ambiental el año pasado.
"Por todo lo anterior y en virtud de las facultades a tenor con las disposiciones contenidas en las leyes, reglamentos y normas vigentes, esta Junta de Planificación de Puerto Rico, se deja sin efecto la aprobación (acuerdo del 27 de mayo de 2009) y se archiva sin perjuicio la consulta de ubicación de un Parque Eólico en el Barrio Boca de Guayanilla, hasta tanto concluya el trámite judicial, actualmente sometido ante el Tribunal Supremo", lee la resolución de la Junta de Planificación.
"No existiendo una determinación final de dicho foro sobre el particular, el cumplimiento con la Ley Núm. 416, supra, para el proyecto propuesto no es final y firme", añade la Resolución de la Junta.
El ingeniero Morales Vargas recordó que cualquiera de las partes afectadas que no esté de acuerdo con la determinación de la JP puede entablar solicitud de revisión ante el Tribunal de Circuito de Apelaciones dentro del término de 30 días, contados a partir de la fecha del archivo en autos de la copia de la notificación de esta Resolución.
"Se han planteado unos cuestionamientos sobre la validez del procedimiento ambiental y es lo propio esperar hasta que se resuelvan esas controversias. Si bien es cierto que las partes del caso fueron informadas y tienen el derecho a solicitar una revisión, nuestro deber es escuchar los planteamiento legítimos de todos los sectores y tomar nuestras decisiones protegiendo el interés público conforme a la reglamentación aplicable", destacó Morales Vargas.
