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Por El Desahogo

Eliminar municipios no es la solución a la crisis fiscal

02/17/2017
“Sabemos de municipios que han dilapidado los recursos en contratos de amigos u obras innecesarias, pero esos no pueden opacar el esfuerzo serio y comprometido de la mayoría”

Por: Rolando Ortiz Velázquez / Presidente de la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico

Se insiste en mencionar la eliminación o consolidación de municipios para mejorar la crisis fiscal nacional. Y aunque para muchos la idea parece ser atractiva, no podemos pasar por alto los datos y números existentes, que contrastan con ese paradigma.

Los municipios se han reinventado para cubrir muchas de las operaciones que deben ser atendidas por el gobierno central. Las decisiones que se toman a nivel estatal, tienen mucho que ver con las elecciones y han sumido al Estado en una crítica insuficiencia de fondos, que afecta la prestación de servicios básicos a los puertorriqueños. 

Los gobiernos locales nos hemos convertido en agentes de cambio, tomando las riendas de iniciativas como la educación, el mantenimiento de carreteras estatales y municipales, los servicios de salud y los programas para el desarrollo económico y de seguridad entre otros, con un costo altísimo para el fisco municipal.

Repasemos algunos datos que dejan al descubierto la posibilidad de eliminar municipios, o por el contrario, la necesidad apremiante de reinventar el gobierno central con una mejor auditoría de sus recursos, en particular los económicos.

En ocasiones se utilizó el dinero del fondo general para subsidiar corporaciones públicas que por deficiencias administrativas no podían pagarse: La AEE recibió $400 millones anuales del presupuesto general, mientras que la Reforma de Salud desangró el fisco nacional y el de los municipios.

Bajo la administración del gobernador Fortuño se utilizó el BGF para darle préstamos a corporaciones públicas que no tenían garantías de repago, produciendo la descapitalización del Banco que custodiaba los fondos municipales recaudados por concepto de las contribuciones de la propiedad. Un duro golpe nos atisbó la Ley 7 del 2009, conocida como la Ley de Emergencia Fiscal, que estableció otra contribución especial sobre la propiedad inmueble residencial que se ingresó en el presupuesto del Estado, sin darle participación a los municipios. A esto se añade la Ley 40 del 2013, que le quitó a los municipios el .05 % que cobraba el Estado para allegarlos a nuestras arcas, pasando finalmente a ser parte de la carga impositiva del Estado mismo. 

Todo este cuadro ha traído dificultades económicas que han limitado la capacidad de los municipios. Siempre hay excepciones. Sabemos de municipios que han dilapidado los recursos en contratos de amigos u obras innecesarias, pero esos no pueden opacar el esfuerzo serio y comprometido de la mayoría. 

Otro panorama tendríamos si el Estado le quitara a los municipios las obligaciones que precipitan la crisis y legislara para castigar con firmeza el malgasto de los fondos públicos, teniendo por agravante prohibir la aspiración a la reelección de aquel alcalde que luego de 8 años, mantenga un déficit presupuestario.

Los municipios queremos y podemos ser parte de la solución para salir de esta crisis. En Salinas, Villalba, Coamo, Cayey y Luquillo mantenemos alianzas en gastos para la educación. Caguas es líder en la región centro oriental para adelantar el desarrollo económico que tiene una escuela de ciencias y matemáticas e incubadoras de negocios. San Germán, Cabo Rojo, Lajas y Hormigueros hacen lo propio como zona de desarrollo turístico. Comerío, Barranquitas y Aibonito tienen su propia oficina de Planificación.

Si a pesar del poder avasallador del Estado, que va cuesta abajo, la institución del Municipio se mantiene en pie, ¿por qué no lo fortalecemos para que siga siendo opción de éxito y esperanza para la familia puertorriqueña?

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