Reconociendo el derecho constitucional a la presunción de inocencia de que goza todo acusado de delito y sin el beneficio de tener conocimiento, más allá de las primeras informaciones de prensa sobre las imputaciones que hacen las autoridades federales de ley y orden contra el compañero alcalde de Gurabo, Víctor Ortiz, me parece oportuno insistir en el celo, no sólo oficial, sino personal, con que tiene que revestirse cada servidor público en toda transacción con dineros y propiedades del pueblo de Puerto Rico a su cargo.

Cuando hablo del “celo doble” me refiero al cuidado con el cual el funcionario de alta jerarquía (el Gobernador, los Alcaldes, los Legisladores, los ciudadanos designados a cargos ejecutivos) tiene que actuar, no sólo en descargo de sus particulares funciones, sino también en el ojo avizor que debe tener en alerta en todo momento en su otra función de supervisión de todo el personal a su cargo.

Vital en el desempeño público en cada funcionario y empleado público es su convencimiento de que la confianza puesta en él por sus conciudadanos no puede sacrificarse por el halago, por una ambición de acumulación de dinero o bienes, ni por beneficios pasajeros que al fin de cuentas destruyen la fibra moral que debe residir en todo ser humano hasta el último día de su existencia.

En fin, las leyes y los reglamentos sobre la conducta de los servidores públicos son susceptibles de cambios y hasta de abolición, pero lo que no cambia, lo que no puede ser objeto de abolición, son los valores permanentes de honestidad en el servicio a nuestra gente.

Héctor O’Neill es el presidente de la Federación de Alcaldes de Puerto Rico y el actual alcalde de Guaynabo.