En el año 2010, el Recinto Universitario de Mayagüez se hallaba en el proceso de re acreditación con la Middle States Comisión of Higher Education (MSCHE) en el contexto de la moratoria de NSF, las medidas cautelares, y una gran frustración multisectorial con el manejo de la universidad. La administración en ese momento adoptó el modelo de gobernanza conocido en inglés como “command and control”:  centralizó las decisiones en un comité de escogidos por el Rector, jerarquizó los procesos para que todo tuviera pasar por su oficina, y limitó la participación de los estudiantes en la preparación a la visita del comité evaluador.  Pretendía sanitizar el ambiente controlando la capacidad de los diferentes actores universitarios para llamar la atención del comité durante la visita.  El mantra en aquel momento era: “la ropa sucia se lava en casa”.  

Lo interesante era que uno de los estándares que la UPRM estaba fallando era el de Gobernanza, Liderazgo, y Administración.  En el intenso proceso de intercambio de documentos, la MSCHE pedía a UPRM una reflexión sobre su gobernanza porque entendía que era deficiente.  Gobernanza se refiere a la manera en que todos los sectores de una comunidad participan en la toma de decisiones hacia un objetivo común.  Sin embargo, la administración le daba una y otra vez, una descripción de su gobierno.  Gobierno es la organización con el mandato de operacionalizar las leyes y el día a día del quehacer institucional.  La fijación de la MSCHE en el asunto de la gobernanza, y lo que la administración universitaria de aquel momento demostró ignorar, respondía a que en la administración pública de la educación superior hace tiempo se dejó de hablar de gobierno para utilizar más el concepto de gobernanza. La diferencia es tan importante hoy como lo era hace 6 años atrás: la gobernanza es la apertura e inclusividad multisectorial en el proceso de decidir sobre el manejo de la comunidad universitaria y el gobierno es la organización que administra y ejecuta lo que ya se decidió. 

Eso fue en el 2010, y seis años después estamos en la misma encrucijada.  Como demuestran los paros y la marcha estudiantil de hoy, es que la gobernanza universitaria sigue siendo deficiente a varios niveles. La presidencia de la UPR sigue siendo un obsequio político a quien esboza las características del partido en el poder. Esta característica hace que la UPR sea un péndulo entre el PPD y el PNP.  Como en PR el gobierno es el partido y el partido es el gobierno, con cada nuevo gobernador viene un nuevo presidente para la UPR.  A niveles más bajos, la participación de académicos, empleados no docentes y estudiantes también se da de manera caprichosa y asimétrica. Vice presidentes, Rectores, Decanos, Directores de Departamento son todos nombrados en cascada de Fortaleza hacia abajo, y el criterio de selección mas importante es la “confianza” que la autoridad nominadora le tenga. Entonces, el/la estudiante del sistema UPR vive bajo un régimen partidista, altamente jerárquico, con una gran concentración del poder y con espacios mínimos de participación. Aun cuando este participa, el objetivo es permitir que el estudiante se queje, pero sin la expectativa de que realmente impacte la decisión final. En la literatura sobre participación ciudadana ese tipo de esquema se llama “manipulación” y/o “terapia”.  

Entonces, como es de esperar, en momentos de alta tensión e incertidumbre la inserción de la visión estudiantil sobre el futuro de la UPR en la toma de decisiones se expresa en forma de “paro”.  Mientras el paro o la huelga se perciban como la única herramienta estudiantil para incidir efectivamente en las decisiones que se toman por y sobre su institución, este momento se repetirá una y otra vez. Si no nos gusta el cierre de las estructuras físicas universitarias porque atenta contra la UPR, empecemos por abrir nuestras estructuras decisionales modernizando nuestros procesos de toma de decisiones.  Esto nos permitiría lograr que los beneficios que se derivan de la actividad académica puedan ser compartidos de manera justa entre todos los constituyentes de la comunidad universitaria: estudiantes, no docentes, docentes y las comunidades a las que la UPR sirve.  Esto sería realmente cumplir con el Estándar VII de la MSCHE. Figuras innovadoras como el vicerrector estudiantil, la distribución más justa y equitativa en el número de sillas que ocupan estudiantes y no docentes en cuerpos decisionales, y la integración curricular de la participación cívica ciudadana parlamentaria como parte de la educación esencial de un estudiante universitario, fomentarían el cambio cultural hacia la trasparencia, la rendición de cuentas y la justicia procesal y distributiva de una nueva UPR.  Mientras todos estemos concentrados en lo errada de la política del cierre, si este nos ayuda a reflexionar sobre la apertura necesaria para la transformación real de la universidad, bienvenido sea.