Comunicado de prensa de la fiscalía federal

Rosa Emilia Rodríguez, Fiscal Federal para el Distrito de Puerto Rico (Archivo)

martes, 19 de agosto de 2008
Actualizado hace 319 días (06:39 p.m. )
Primera Hora

A continuación publicamos el comunicado de prensa tal y como fue enviado a la redacción de Primera Hora por la Fiscalía Federal.

 

WASHINGTON y SAN JUAN – El gobernador de Puerto Rico, Aníbal Acevedo Vilá y una de sus asesoras de confianza, Luisa Inclán Bird, fueron acusados hoy por un gran jurado federal en San Juan, Puerto Rico, anunciaron hoy el Jefe Interino de la División Criminal del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, Matthew Friedrich, y la Fiscal Federal para el Distrito de Puerto Rico, Rosa Emilia Rodríguez-Vélez.  También fue acusado Miguel Nazario Franco, quien fue director del Departamento de Finanzas de la campaña para gobernador de Acevedo Vilá en el 2004.  Esta acusación fue precedida por el pliego acusatorio emitido el pasado 24 de marzo de 2008, en el cual fueron acusados Acevedo Vilá y otros doce allegados de delitos relacionados.

El pliego acusatorio de cinco cargos emitido en el día de hoy acusa a Acevedo Vilá, de 46 años, residente de San Juan, Puerto Rico; Inclán Bird, de 47 años, residente de  Guaynabo, Puerto Rico; y Nazario Franco, de 61 años, residente de San Juan, Puerto Rico, de cometer fraude electrónico para privar al pueblo de Puerto Rico de los servicios honestos de Acevedo Vilá y de conspiración para lavar el dinero producto de dicho fraude. Acevedo Vilá fue el Comisionado Residente de Puerto Rico en el Congreso de los Estados Unidos durante los años 2001 al 2005, y ha sido Gobernador de Puerto Rico desde el 2005. Inclán Bird, quien es abogada, fue asesora legal de Acevedo Vilá en la oficina del Comisionado Residente en San Juan y fue voluntaria en el departamento de finanzas de la campaña de Acevedo Vilá para gobernador en el 2004. Actualmente, Inclán Bird es asesora de Acevedo Vilá en La Fortaleza. Nazario Franco, quien es un comerciante en Puerto Rico, fue el director del departamento de finanzas de la campaña para gobernador de Acevedo Vilá en el 2004.

Los cinco cargos de la acusación alegan dos patrones de conducta delictiva. El primero, detallado en los cargos uno al cuatro, alega que los acusados privaron al pueblo de Puerto Rico de los servicios honestos de Acevedo Vilá como gobernador.  Específicamente, se alega que durante su campaña para gobernador, y continuando luego de su elección, Acevedo Vilá y otros allegados de su campaña, solicitaron y recibieron aproximadamente $250,000 de un hombre de negocios de Puerto Rico, identificado como “Colaborador 18,” para el beneficio de Acevedo Vilá y su campaña.  En adición a esto, la acusación alega que durante su término como gobernador, Acevedo Vilá realizó gestiones o actos oficiales para beneficiar los intereses económicos del Colaborador 18, y no divulgó la relación financiera que lo vinculaba con el Colaborador 18.

El quinto cargo de la acusación describe el segundo patrón de conducta delictiva, y alega  que los acusados conspiraron para hacer transacciones financieras con los fondos ilegales recibidos del Colaborador 18.  Estas transacciones fueron diseñadas para ocultar y encubrir la naturaleza y el origen del dinero, el cual fue el producto del fraude alegado en los cargos uno al cuatro. La acusación también alega que la compañía de publicidad utilizada por Acevedo Vilá para su campaña de gobernador, generó facturas falsas de aproximadamente $250,000, dirigidas a una de las corporaciones del Colaborador 18, por supuestos servicios rendidos a la corporación, cuando en realidad la compañía de publicidad no había realizado trabajo alguno para el Colaborador 18 ni sus corporaciones.  Estas facturas fueron originadas para ocultar el hecho de que los $250,000, pagados por una de las corporaciones del Colaborador 18, y utilizados para reducir deudas de la campaña de Acevedo Vilá, fueron el producto del fraude electrónico de servicios honestos cometido por los acusados.

De ser encontrados culpables de los cargos uno al cuatro, cada acusado se expone a una pena máxima de 20 años de cárcel y una multa de hasta $250,000.  De ser encontrados culpables del quinto cargo, cada acusado se expone a una pena máxima de 20 años de cárcel y una multa del doble del valor de la propiedad envuelta en la transacción ó de $500,000, la cuantía que sea mayor.

El procesamiento de este caso está a cargo de la Primera Fiscal Federal Auxiliar, María A. Domínguez, y el Fiscal Federal Auxiliar Ernesto López Soltero de la Fiscalía Federal, Distrito de Puerto Rico, y los fiscales Daniel A. Schwager, Ethan H. Levisohn y Peter M. Koski de la Unidad de Integridad Pública de la División Criminal del Departamento de Justicia de los Estados Unidos en Washington, D.C.  La Unidad de Integridad Pública es dirigida por William M. Welch, II.  El caso está siendo investigado por el Negociado Federal de Investigaciones y el Negociado de Rentas Internas federal, con la colaboración de la Oficina del Contralor de Puerto Rico.

El pliego acusatorio es una acusación formal de actos delictivos, y no constituye evidencia de los mismos.  El acusado se presume inocente hasta tanto sea convicto luego de el debido proceso de ley. La investigación sobre actos de corrupción y otros delitos relacionados continúa en el Distrito de Puerto Rico.

La fiscalía federal no celebrará una conferencia de prensa en deferencia a los derechos constitucionales de los acusados, quiénes ya enfrentan cargos en el caso Criminal Número 08-0036 (PJB).  En cumplimiento con los cánones de ética profesional y las reglas del Tribunal Federal, no se emitirán comentarios adicionales.