Trámite cumplido.

El gobernador Aníbal Acevedo Vilá acudió ayer al Tribunal Federal, como lo acordó el jueves con la fiscalía, y se declaró inocente de los 19 cargos de corrupción que le formuló un Gran Jurado.

La magistrada del distrito de Maine Margaret Kravchuk dejó en libertad sin fianza al Gobernador, a quien no se le solicitó entregar su pasaporte.

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Se le eximió también de tener que reportarse en persona a la Oficina de Antelación a Juicio, en el Edificio Federal, como suele requerírseles a los acusados.

En vez, deberá llamar por teléfono una vez al mes a su oficial de probatoria.

La comparecencia de Acevedo Vilá al Tribunal Federal se llevó a cabo en medio de un operativo de seguridad riguroso y exhaustivo.

Decenas de agentes, alguaciles y guardias de seguridad fueron destacados en cada esquina y cada rincón, dentro y fuera del tribunal.

El FBI creó un perímetro con vallas para mantener a la prensa a distancia del Primer Ejecutivo. Adentro, se controló el paso al punto de que los periodistas no pudieron entrar a las vistas iniciales de otros acusados en el caso.

Las autoridades mantuvieron las medidas de seguridad hasta que el Gobernador abandonó el edificio.

Expectantes también adentro

Fuera del tribunal se escuchaban las consignas de los centenares de manifestantes populares que protestaban en apoyo a su líder. Adentro, empleados y funcionarios federales, de todos los niveles, formaban corrillos y comentaban con gran expectación la anunciada entrega de Acevedo Vilá.

“Parece que están mirando un meteorito”, comentó un empleado de la cafetería, entre risas, refiriéndose a que todas las miradas se dirigían hacia los portones de entrada del Edificio Federal.

Se pudo anticipar la llegada del Gobernador por la presencia en el tribunal de su secretaria de prensa Juanita Colombani.

Acevedo Vilá arribó a su cita a las 8:55 de la mañana, en su guagua oficial, acompañado por su ayudante Luz Miriam Delgado y sus abogados Thomas Green y Harry Anduze.

“Buenos días”, dijo al bajar de la Nissan Armada negra de cristales oscuros. Antes de entrar a terreno federal, se había bajado brevemente para saludar a la ex senadora Victoria Muñoz Mendoza, quien lo abrazó en gesto solidario.

En la entrada lo aguardaban el subdirector del Negociado de Investigaciones Especiales (FBI), José Figueroa Sancha, y el portavoz, Harry Rodríguez, quienes lo escoltaron a los cuarteles de la agencia, donde se ficha a los acusados.

Cuando caminaba por el estrecho pasillo formado por las vallas de seguridad, el Gobernador lucía tenso.

Ya en el FBI se llevaron a cabo los trámites de rigor en estos casos, que incluyen la toma de huellas digitales y de fotografía.

Un funcionario de la Oficina de Antelación a Juicio se trasladó hasta el FBI, en el quinto piso, “en deferencia al Gobernador”, para completar las entrevistas y “el papeleo”.

No fue hasta las 10:50 de la mañana que finalmente se celebró la audiencia, presidida por la magistrada Kravchuk, designada por el Tribunal del Circuito de Apelaciones.

Frente a la magistrada

Acevedo Vilá entró a sala sin dirigir la mirada a lado alguno y se acomodó en el asiento de los acusados, flanqueado por sus representantes legales.

De inmediato, se colocó la mano izquierda en su barbilla y sonrió levemente.

Green indicó a la magistrada que su representado se declaraba “no culpable de todos los cargos”.

La magistrada solicitó al Gobernador que se acercara, por lo que éste se puso de pie, colocándose junto a Green.

“Es mi obligación explicarle sus derechos. Su abogado informó que usted conoce y entiende los cargos contenidos en la acusación”, expresó la magistrada.

“I do”, contestó en inglés el Gobernador.

Kravchuk procedió a enumerar los 19 cargos que se le imputan y las sentencias estatutarias que enfrentaría de ser encontrado culpable, que serían hasta de 20 años.

El cargo uno, en el que se le imputa conspiración para violar la ley de la Comisión Electoral Federal, conlleva cinco años de prisión, y los cargos dos y tres, por prestar declaraciones falsas a la Comisión, conllevan otros cinco.

Por los 11 cargos sometidos de fraude electrónico, podría enfrentar 20 años de prisión.

“¿Tiene alguna pregunta?”, le inquirió la magistrada al concluir la lectura.

“Ninguna”, ripostó Acevedo Vilá.

Al Gobernador se le retuvo un tiempo adicional para llenar los papeles de la fianza, en los que estampó su rúbrica.

A su salida del tribunal, tras concluir y supuestamente llenar toda la documentación requerida, el Gobernador se dirigió brevemente a las decenas de periodistas que lo aguardaban.

“Voy a dar esta lucha por Puerto Rico como he dado todas mis luchas. Que sepa el pueblo de Puerto Rico: Mi esposa y mis hijos nos sentimos fortalecidos para dar la batalla”, les dijo.

Justo cuando ya había abordado el coche oficial, junto a sus abogados y su ayudante, un funcionario de la Oficina de Probatoria llegó corriendo y gritando: “No se puede ir. Todavía le falta firmar un papel”.

El portavoz del FBI lo miró perplejo. “Ah, no. Eso se lo dices tú”, le indicó.

Anduze se bajó del vehículo y fue a hablar con el funcionario para ver si era necesario que el Gobernador tuviera que regresar a la Oficina de Probatoria, en el sexto piso.

Green se unió a Anduze, pero no hubo forma.

“Pienso que no es correcto. Es un error. Él (Acevedo Vilá) los firmó todos”, comentó.

De hecho, se escuchó a Anduze comentarle a Acevedo Vilá: “A ellos se les olvidó que había que firmar unos papeles”.

El trío volvió a Probation, realizó la gestión que faltaba y nuevamente el Gobernador salió de la corte, se montó en su vehículo, que abandonó segundos después para unirse a pie a los cientos de correligionarios que lo reclamaban desde los portones de la calle. Los manifestantes, arremolinados, hacían caso omiso de las instrucciones de los guardias de seguridad para que se retiraran del portón.

No fue hasta que él salió con una amplia sonrisa en su rostro que se retiraron, abriéndole paso, para que caminara junto a ellos.