Pendiente la fecha del juicio.

El juicio contra el gobernador Aníbal Acevedo Vilá y otros 12 acusados de cargos relacionados con el financiamiento de sus campañas quedó ayer sin fecha, aunque el juez federal Paul J. Barbadoro abogó por un juicio rápido y estableció su preferencia por el mes de junio.

El juez visitante, con sede en el estado de New Hampshire, advirtió a las partes que no quiere retrasos innecesarios.

Hizo saber que tiene conocimiento de “la intensa publicidad” que ha recibido el caso en los medios, por lo que una de las prioridades en el calendario de trabajo será la preparación de un cuestionario para los potenciales jurados, cuyo borrador deberán someter las partes en dos semanas.

Pliego acusatorio (pdf en español)

• Lee el pliego acusatorio (versión interactiva)

Ayer, en la primera reunión de estado de situación, el juez le hizo saber al batallón de abogados que entiende en el caso y al Ministerio Público, encabezado por la fiscal María Domínguez, que desea celebrar un juicio rápido, preferiblemente en junio.

Lo primero que preguntó a la fiscal Domínguez fue sobre el estatus del descubrimiento de prueba, y qué tiempo estimaba que tomaría presentarla en el juicio.

La fiscal dijo que la evidencia consiste de 70 mil páginas, que incluyen prueba testimonial y unos 100 testigos. Dijo que incluye reportes bancarios, estados financieros y planillas de contribución sobre ingresos.

“Me tomará de dos a tres meses presentar la prueba”, estimó.

Barbadoro: pronto y breve

El juez comentó que el estimado es más alto de lo que él calculaba.

“Yo no he tenido casos tan largos y he tenido casos complejos”, apuntó.

A renglón seguido, le dijo a Domínguez y a la defensa que pedía la cooperación de todos.

A la fiscal le señaló que está seguro que mucha de la evidencia se puede estipular, al igual que se puede eliminar a los testigos que no están en disputa.

“Tienen que trabajar arduo, porque yo no anticipo más de dos meses de juicio”, advirtió Barbadoro.

El primer abogado de defensa en hablar fue Thomas Green en representación del Gobernador, quien insistió en que, aunque desean un juicio rápido, necesitan tiempo para evaluar la prueba y preparar la defensa.

De igual modo, Francisco Rebollo abogado del dentista de Filadelfia Cándido Negrón, cuestionó si las consideraciones para un juicio en junio se relacionaban con la campaña electoral y reclamó que también necesita tiempo.

Ambos abogados argumentaron que el Gobierno tuvo tres años para investigar.

Barbadoro indicó que aparte de junio, otra fecha de juicio puede ser septiembre y octubre, a lo que no se inclina, porque sería “contraproducente el seleccionar un jurado en medio de la campaña electoral”.

Sobre este asunto, delegó en Green la coordinación de una conferencia telefónica entre las partes para censar las preferencias.

“Si no es en junio, tendría que ser en enero o febrero de 2009”, mantuvo.

Barbadoro reiteró que la publicidad en el caso será intensa y que es un reto escoger el jurado.

“Creo que si el Gobernador va a ser candidato, se debe hacer el juicio antes de la campaña”, acotó Barbadoro.

Preguntó específicamente a la fiscal Domínguez si habría una segunda acusación enmendada en este caso.

“Yo sé que el Gobierno tiene la mala costumbre de presentar los superseding (pliegos enmendados) en medio de los juicios”, dijo.

La fiscal contestó: “Es de conocimiento público que la investigación continúa. Si hubiese un superseding, sería en dos o tres meses. Si el juicio fuera en junio, no podría presentarlo. Se haría un juicio aparte”, dijo.

Por último, Barbadoro expresó que no es amigo de imponer mordaza, que nunca lo ha hecho, por lo que instruyó a las partes a atenerse a la regla del Tribunal de Distrito de Puerto Rico que prohíbe discutir los casos en la prensa.