Un nuevo acuerdo colaborativo entre las ramas Judicial y Ejecutiva agilizará el trámite para recibir las pensiones alimentarias a través de la Administración para el Sustento de Menores (Asume).

El administrador de Asume, Alfonso Ramos; el secretario de la Familia, Félix Matos, y la directora de la Oficina de Administración de los Tribunales (OAT), Sonia I. Vélez, firmaron un acuerdo ayer que les facilitará a las personas que acuden al tribunal obtener los servicios de Asume mediante la colaboración del personal de esa dependencia y del Tribunal de Primera Instancia.

Ramos explicó que habrá personal de la agencia en las 13 regiones judiciales con acceso al sistema computarizado de Asume y preparado para asistir a los ciudadanos con controversias de alimentos, como la emisión de órdenes de retención de ingresos, la adjudicación de pagos hechos directamente entre las partes o en el tribunal, mantener la información actualizada en el expediente y el acceso a la información.

En adelante, quienes necesiten el servicio de Asume podrán obtenerlo en el tribunal y no tendrán que ir a una oficina. El acuerdo debería facilitar el proceso administrativo para solicitar pensiones alimentarias tanto para menores como para viejos, que se hace mediante el Programa de Sustento para Personas de Edad Avanzada (Prospera) de Asume.

“Este acuerdo trae una transformación profunda en los casos de menores y de personas de edad avanzada... porque es el área en el que los participantes presentaban más problemas o dudas”, dijo Ramos.

Aclaró que esto no significa que habrá una local de Asume en cada tribunal para atender al público, sino que habrá personal listo para trabajar con las personas que acuden al tribunal para resolver sus situaciones. Precisó que Asume tiene 250,200 casos activos de pensiones alimentarias para menores y el 80% de las órdenes de alimentos fueron establecidas originalmente en el tribunal.

Aunque para algunos se “caiga de la mata” que haya personal de Asume en los tribunales atendiendo las controversias de alimentos y con acceso a los expedientes, Ramos precisó que a veces “lo que suena lógico es complejo desde el punto de vista jurídico”.

“La realidad jurídica en Puerto Rico es que hay dos foros (administrativo y judicial), ambos con jurisdicción. Hoy (ayer) estamos uniendo la intención de que los servicios de ambos sean de excelencia”, dijo Ramos.

“Nosotros no legislamos. Los legisladores han entendido que hay dos foros, ha habido esta unión de voluntades, de aunar esfuerzos, para simplificar”, agregó Vélez.

Indicó que en los tribunales cada vez hay más casos relacionados con personas de edad avanzada.

Ramos indicó que Prospera tiene 908 casos activos de personas de 60 años o más -relacionados con pensión u otros servicios de cuidado- y el 73% se resuelve con la mediación.