La decisión de que la nueva figura de “residencias compartidas” se incluya en la sección de Contratos del propuesto Código Civil, en lugar de estar en el tomo de Familia, es para evitar falsas expectativas y para consignar claramente que no se pretende redefinir los conceptos de familia y matrimonio, coincidieron ayer el senador Jorge de Castro Font y el arzobispo Roberto González Nieves.

Pero la propuesta, una iniciativa de González Nieves como máximo representante de la Iglesia Católica en la Isla, confrontó ayer fuertes críticas del activista por los derechos homosexuales Pedro Julio Serrano, quien la clasificó como “migajas” y una burla a la meta de tener igualdad verdadera.

Una de las principales objeciones de Serrano, precisamente, se debe a que el término figure en el libro de Contratos y no en el de Familia.

“Esto son migajas que se están presentando. Sacarnos del libro de Familia y ponernos como mero objeto de contratación atenta contra la idiosincrasia puertorriqueña que ha reconocido que las parejas del mismo sexo estamos formando familias”, esbozó Serrano, presidente de Puerto Rico para Todos.

De acuerdo con el activista, el último Censo indicó que, de todas las parejas del mismo sexo en la Isla, 40% está criando niños menores de 18 años.

Sin embargo, Serrano aceptó que la propuesta de González Nieves —avalada por De Castro Font— es el efecto lógico de la realidad puertorriqueña cotidiana y “ha obligado a legisladores y religiosos a reconocer que tienen que otorgarnos los mismos derechos”.

González Nieves planteó que si el concepto propuesto “entra en el libro de Familia, se le da una definición de familia, y queremos evitar redefinir el matrimonio y la familia. Si entra en el tomo de Contratos, en cambio, es un pacto entre personas y no es un pacto familiar ni matrimonial”.

De Castro Font informó que la minucia sobre cómo procederían las herencias en las residencias compartidas se discutirá en la Comisión senatorial de lo Jurídico que él preside, ya que considera finalizada la Comisión Conjunta Permanente para la Revisión del Código Civil tras “despedir” a su directora ejecutiva en medio de diatribas sobre su desempeño.