Mensaje del Gobernador

lunes, 9 de junio de 2008

Comité 24 sobre Descolonización

Nueva York

9 de junio 2008

Señor Presidente, Señores Embajadores, Representantes de las diferentes naciones del Mundo:

Reciban un saludo cordial y caluroso. Mi nombre es Aníbal Acevedo Vilá y comparezco ante ustedes como Gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, una nación caribeña de más de cuatro millones de habitantes con profunda raíz latinoamericana y vinculada políticamente a los Estados Unidos.

Comparezco en persona por segunda vez ante este Comité, siendo la vez anterior en 1997. A través de diferentes representantes he presentado mis posiciones ante este foro en los pasados años. Sin embargo, el momento histórico que vive Puerto Rico requiere mi presencia ante este foro nuevamente.

Sé que mi presencia aquí y mis palabras escritas y habladas serán dulce para la pelea pequeña partidista en la que la discusión política en Puerto Rico ha estado sumergida en los últimos años. Pero estoy aquí dispuesto a pagar ese precio por mi país. Lo hago porque aspiro a que ustedes me ayuden a elevar la discusión y a resolver tan importante asunto.

Con el aval de sus antecesores aquí en las Naciones Unidas, el pueblo puertorriqueño creó hace ya casi 60 años una relación única y especial con el pueblo de los Estados Unidos que se llama Estado Libre Asociado. En la década de 1950 dicha relación única – que requiere hoy más que nunca ser desarrollada y perfeccionada—fue un enorme paso de avance y progreso político para que ambos pueblos pudieran, democráticamente, legitimar y avalar sus términos.

Siempre he sostenido que el proceso de autodeterminación del Pueblo de Puerto Rico comenzó con la creación del ELA pero aun no ha concluido. Nuestra relación política con Estados Unidos, la cual apreciamos profundamente, no es, sin embargo, plenamente democrática. El Gobierno Federal, especialmente durante la administración Bush, ha continuado ejerciendo nuevos poderes políticos en Puerto Rico sin el consentimiento de los gobernados. Ese es un desbalance democrático que tiene que terminar lo antes posible.

De hecho, en 1953 la Asamblea General de las Naciones Unidas celebró el proceso que ponía fin a la clasificación de Puerto Rico como colonia y dijo entonces que “reconocía que el pueblo del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, al expresar su sentir de forma libre y democrática, ha alcanzado un nuevo status constitucional” y que “el Pueblo del Estado Libre Asociado de Puerto Rico ha sido investido con atributos de soberanía que claramente identifica el status de gobierno propio alcanzado por el pueblo de Puerto Rico como el de una entidad política autónoma”. Resolución 748 (VIII) de 27 de noviembre de 1953. Es en defensa del Pueblo de Puerto Rico que puso su fe Estado Libre Asociado y de la soberanía del pueblo puertorriqueño contenida en esa resolución que vengo aquí hoy. [ANEJO 1]

En aras de persuadir a los cuerpos de esta organización y a la propia Asamblea General a retirar a Puerto Rico de la lista de colonias, la delegación de Estados Unidos hizo varias expresiones de importancia, que de cara al futuro debemos recordar. La delegada Frances P. Bolton expresó -ante el llamado Cuarto Comité- que la Constitución del Estado Libre Asociado fue creada en la naturaleza de un pacto con Estados Unidos, el cual no podía ser enmendado o eliminado, unilateralmente. Por su parte, otro representante de Estados Unidos en este cuerpo, Mason Sears, expresó también que la relación establecida en 1952 entre ambos países fue establecida en la naturaleza de un pacto, que entendía era más sólida que un tratado.

Mucho se ha escrito, discutido y analizado para tratar de interpretar el alcance de lo que ocurrió en ese periodo de 1950 a 1953. Hoy, sin embargo, no vengo a repasar o re-analizar o re-discutir los pasados 55 años. Mi presencia aquí es con otro fin. Desde 1953 ha habido muchos adelantos políticos y democráticos en el mundo entero. Ha evolucionado la forma de gobernar y de los países vincularse para beneficio mutuo. Junto a esa evolución ha habido razón para explorar formas de incorporar cada día más al ciudadano en la toma de decisiones. Desafortunadamente, en esa evolución natural que ha ocurrido, Puerto Rico -precursor de vínculos comerciales y de común ciudadanía entre naciones diferentes- no ha avanzado en el desarrollo de su relación con los Estados Unidos.

En lugar de visualizar el logro del Estado Libre Asociado como un primer paso en un proceso continuo de autodeterminación, sectores poderosos del gobierno de Estados Unidos dejaron de mostrar interés en satisfacer los anhelos democráticos de Puerto Rico de una forma efectiva y respetuosa. Al congelarse un proceso de crecimiento político que debió ser continuo luego del gran logro que representó el ELA en 1952, ha aumentado la insatisfacción política en todos los sectores ideológicos de la Isla. Es por eso que apoyo que Puerto Rico convoque una Asamblea Constitucional de Status para profundizar y acelerar el proceso de autodeterminación ya comenzado.

En los últimos años, el Pueblo de Puerto Rico ha sido testigo de la manera en que el gobierno de Estados Unidos ha incumplido su palabra empeñada con nosotros y con la comunidad internacional. La más reciente, y que motiva mi presencia hoy ante ustedes, ocurrió el año pasado, bajo la administración del Presidente George W. Bush.

Como hemos denunciado en años anteriores antes este Comité, la Rama Ejecutiva federal convocó a un grupo interagencial de funcionarios estadounidenses, sin ninguna participación de Puerto Rico, para hacer recomendaciones en torno al futuro de las relaciones con Puerto Rico. Ese grupo produjo un informe en diciembre de 2005 lleno de imprecisiones, falsedades y conclusiones ofensivas a la dignidad de Pueblo de Puerto Rico. En ese informe, básicamente, se niega todo lo dicho ante esta organización en 1953. Para negar posibilidades a la opción de desarrollo del Estado Libre Asociado, el informe concluye que Puerto Rico sólo tiene disponibles como opción, la integración como estado de la Unión o la independencia y pretende revivir las campañas de miedo e intimidación de que los puertorriqueños pueden perder la ciudadanía americana que han disfrutado desde 1917.

Una de las expresiones más indignas que contiene dicho informe es que Estados Unidos, alegadamente, puede ceder Puerto Rico a otro país, como si fuéramos un pedazo de mercancía, pretendiendo negar de esa forma lo que somos, una nación de cuatro millones de habitantes que vivimos en la Isla y otros cuatro millones que viven fuera, con nuestra propia cultura, historia e identidad.

El 25 de abril del año pasado, Kevin Marshall, co-presidente del grupo interagencial de la Casa Blanca sobre el status de Puerto Rico, le informó a la Comisión de Recursos de Cámara de Representantes de Estados Unidos que el contenido y las conclusiones del informe interagencial eran la posición oficial del Gobierno de los Estados Unidos. [ANEJO 2]

Mi gobierno ha expresado pública y privadamente al gobierno de Estados Unidos nuestro total desacuerdo con este informe. Este informe no sólo reniega de los compromisos contraídos en el pasado por los Estados Unidos con la comunidad internacional y con Puerto Rico, sino que más importante aún, está escrito para negar toda posibilidad futura al desarrollo del Estado Libre Asociado, obligando de esta forma al pueblo de Puerto Rico a optar por la opción del territorio incorporado o la estadidad federada, alternativas que nunca han disfrutado del apoyo mayoritario de nuestro pueblo.

Tan reciente como el 19 de noviembre de 2007, le escribí a la Secretaria de Estado Condolezza Rice solicitando que ejerciera sus buenos oficios para que se enmendara lo expresado en ese Informe de 2005, conociendo que tal documento sería revisado en diciembre de 2007. [ANEJO 3] La Secretaria Rice no contestó la carta. La carta fue contestada por una funcionaria de su Departamento, sin atender con profundidad las serias contradicciones en las que estaban incurriendo y afirmando que “the matter of Puerto Rico`s status is essentially one of domestic policy”. [ANEJO 4] El Informe de progreso de diciembre de 2007 se reafirmó totalmente en las conclusiones ofensivas de 2005.

Al así actuar, el Gobierno de los Estados Unidos hace caso omiso a prestigiosos constitucionalistas y expertos en derecho internacional que han concluido que a la altura del Siglo 21 nada en la Constitución de los Estados Unidos, ni en el derecho internacional, prohíbe que haya una evolución por mutuo acuerdo de una relación territorial previa a una relación de dignidad, en asociación, en la que la soberanía recae en el ciudadano, como parte del pueblo y sólo el ciudadano puede revocarla.

Es decir, en 1953 Estados Unidos le representó a las Naciones Unidos la existencia de un Estado Libre Asociado que había sido investido con atributos de soberanía, lo que claramente identifica dicho status como una entidad autónoma. Ahora, para consumo interno, la administración Bush da un salto al pasado hasta el extremo de atribuir naturaleza colonial al Estado Libre Asociado y decir que puede hasta ceder o vender a Puerto Rico a otro país sin que los puertorriqueños tengamos nada que decir.

Pero la dificultad es mayor. El Gobierno de Estados Unidos se ha negado consistentemente a aceptar las peticiones dirigidas a ampliar los ámbitos de autonomía del Estado Libre Asociado. Las representaciones de Estados Unidos a la ONU de que atendería las peticiones subsiguientes de reformas políticas han caído en oídos sordos.

Ante este cuadro, hoy me corresponde a nombre del Pueblo de Puerto Rico presentar, formalmente, ante este Comité lo que respetuosamente le adelanté a la Secretaria Rice: “Si la administración Bush se ha de sostener en las conclusiones del informe del comité interangencial de 2005, Estados Unidos ha perpetuado un ´fraude monumental´ al pueblo de Puerto Rico, al pueblo de los Estados Unidos y a la comunidad internacional. Si el informe de 2005 articula la nueva posición oficial de los Estados Unidos, el tiempo ha llegado para que el Departamento de Estado de los Estados Unidos, formalmente, le notifique a las Naciones Unidas de su nueva posición y asuma las consecuencias legales internacionales. Usted, simplemente, no puede tener una interpretación legal y constitucional de la relación Estados Unidos-Puerto Rico para propósitos domésticos y una diferente para la comunidad internacional”.

Estoy aquí para defender el Estado Libre Asociado y el compromiso de su desarrollo que se le hizo al Pueblo de Puerto Rico y a la comunidad internacional. Lo hago con todas las fuerzas de mi espíritu y con el convencimiento de mi deber inquebrantable de hacer lo que entiendo es lo correcto por Puerto Rico. Vengo a defender nuestro derecho a desarrollar el Estado Libre Asociado fundamentado en la soberanía de nuestro pueblo, como ampliación a lo que se reconoció por los Estados Unidos y la comunidad internacional al hablar de “atributos de soberanía” en 1953.

Por la dignidad del Pueblo de Puerto Rico, como Gobernador de todos los puertorriqueños, no puedo apoyar la posición contradictoria del actual gobierno de los Estados Unidos. Mucho menos aceptar sus premisas, que imposibilitarían el desarrollo futuro de nuestra presente relación y pretenden llevar al pueblo de Puerto Rico, basado en premisas equivocadas, al camino del territorio incorporado o la estadidad federada. Este organismo y el pueblo de Puerto Rico tienen el derecho a una posición clara y consistente del gobierno de los Estados Unidos.

Vengo también en representación de miles de puertorriqueños que tienen todo el derecho democrático a aspirar a la independencia o la estadidad en procesos verdaderamente justos y balanceados. A ellos también los gobiernos de Estados Unidos les han fallado, especialmente, durante la administración Bush, que le ha cerrado las puertas al negarse a propiciar un proceso justo y balanceado, aceptable para todos los sectores políticos en Puerto Rico y garantizar un compromiso firme de considerar con seriedad las peticiones que surgen de Puerto Rico. El Congreso de Estado Unidos se ha negado siquiera a considerar la estadidad como opción por razones culturales, económicas y políticas y ha eliminado esa opción de todo proyecto de status reciente. En círculos congresionales en Estados Unidos la estadidad es la "píldora venenosa" que hace que el Congreso se niegue consistentemente a tratar con seriedad el tema de Puerto Rico.

Reconozco que la presente administración del Presidente Bush ha sido torpe y mantenido agendas partidistas en el manejo de este tema, como lo ha sido con otros asuntos internacionales. El informe de 2005 no representa el sentir total del pueblo norteamericano ni de sus líderes. A manera de ejemplo, quiero citar al entonces Congresista republicano de Missisipi, Roger Wicker (hoy Senador), que el 23 de febrero de 2006 me dijo en una carta: [ANEJO 5]

“I strongly disagree with these findings and urge they be rejected… It is difficult to understand how the Task Force reached its conclusion, given the history of this issue… The report is a transparent attempt to force Puerto Ricans toward an option they have rejected time and again and to stack the deck in favor of statehood”.

Quisiera destacar, también, las expresiones del Senador y candidato a Presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, quien en carta que me enviará el 12 de febrero de 2008 expresó clara e inequívocamente: [ANEJO 6]

“Rechazo la aseveración hecha en los informes sometidos por un grupo de trabajo de la Casa Blanca, el 22 de diciembre de 2005 y el 21 de diciembre de 2007, indicando que la soberanía sobre Puerto Rico se podría transferir unilateralmente por los Estados Unidos a un país extranjero, y que la ciudadanía americana de los puertorriqueños no está garantizada constitucionalmente.”

Estas expresiones del candidato Obama son una señal de esperanza de que los Estados Unidos pudieran abandonar la política errada del Presidente Bush sobre Puerto Rico.

A esta política pública equivocada del Presidente Bush tenemos que sumar otras acciones de los Estados Unidos que merecen ser consideradas por este Comité:

· Desde que se creó el Estado Libre Asociado en 1952, se han ignorado nuestros reclamos de mejoras y modificaciones a nuestra relación, aún cuando estás han sido avaladas democráticamente por la mayoría de los puertorriqueños, específicamente en los plebiscitos de 1967 y 1993;

· El poder del gobierno estadounidense ha crecido de manera desmedida desde la década de 1950. Por tanto, el espacio autonómico alcanzado por Puerto Rico en 1952 se ha achicado en lugar de ampliarse;

· Ejemplo de lo anterior es la insistencia de la administración Bush de aplicar la pena de muerte en Puerto Rico a pesar de estar prohibida en nuestra Constitución y la intervención de organismos federales en asuntos puramente locales como regular el precio de la leche fresca, algo que por más de 50 años había hecho el Gobierno de Puerto Rico.

· También bajo la administración Bush, el Negociado Federal de Investigaciones (FBI) y el Departamento de Justicia de Estados Unidos han impedido que el gobierno de Puerto Rico investigue la muerte altamente sospechosa del independentista Filiberto Ojeda Ríos y de una agresión a periodistas puertorriqueños en medio de una intervención del FBI.

Nosotros en Puerto Rico vamos a actuar. El partido que dirijo, presentará legislación en enero de 2009 para convocar a una Asamblea Constitucional de Status que represente la voluntad de todos los sectores políticos de Puerto Rico. En esa asamblea, los delegados del partido que represento abogaremos por un Estado Libre Asociado en el que quede clara la soberanía del pueblo de Puerto Rico y el vínculo indisoluble de la ciudadanía de los Estados Unidos como elemento de asociación política con los Estados Unidos. Abogaremos, simultáneamente, ante el Congreso y ante el nuevo Presidente de los Estados Unidos para que reconozcan y participen activamente de estos procesos para viabilizar el derecho a la autodeterminación de nuestro pueblo.

Permítanme, en este momento, unas breves reflexiones sobre el concepto de soberanía y su evolución en las relaciones internacionales contemporáneas. Al presente, se reconoce la soberanía como “el más alto poder dentro del estado”.[1] La transición que ha sufrido el concepto es ilustrativa del largo proceso de lucha ciudadana por lograr un mundo más democrático y participativo. Hoy es una aspiración de todos los pueblos del mundo: el sentirse entre iguales en una comunidad de naciones que se esfuerzan juntas por un desarrollo político, económico y social justo e interdependiente.

Vale la pena repasar, muy brevemente, de dónde surge esta aspiración universal de soberanía. Originalmente la soberanía o poder absoluto recaía únicamente en el monarca que, en esta etapa inicial, era la representación misma del estado. En la Edad Media, con los primeros intentos de creación de un orden jurídico, le correspondería a Jean Bodín, a fines del siglo XVI, utilizar este concepto, por vez primera, para justificar el poder absoluto del Rey de Francia (Guerrero Aguirre, 2000).

Hobbes, en el Leviatán, defendería la existencia de un estado no conformado por un monarca dominante, sino por la unidad de voluntades de los propios ciudadanos. Esa es una aportación fundamental al entendimiento contemporáneo de la soberanía por cuanto establece los cimientos de lo que hoy conocemos como soberanía popular. El poder del pueblo para determinar la conducción de su agenda pública queda así definido. Jean-Jacques Rousseau, por su parte, insistiría en que esa voluntad del estado moderno se dirija a la búsqueda del bien común que emana de la voluntad general. (Guerrero Aguirre, 2000)

Todavía hoy, en un mundo cada vez más interdependiente, en que los países utilizan sus poderes soberanos y autonómicos para crear esfuerzos de cooperación en un plano de igualdad y fraternidad, hay quienes quieren seguir recurriendo al lenguaje de un mundo colonial ya superado en que unas naciones compran y venden a otras como si fueran objeto de consumo.

Puerto Rico no es más que el resto del mundo, pero tampoco es menos. Las aspiraciones de los puertorriqueños y puertorriqueñas son las mismas que en otras partes de nuestra comunidad global: democracia, transparencia en la conducción de los asuntos públicos y gobiernos que pongan su mayor empeño en darle contenido real al amplio catálogo de mandatos y ambiciones que refleja la Declaración Universal de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas.

Como ha dicho el decano de la Escuela de Derecho de la Universidad de Georgetown, Dean T. Alexander Aleinikoff, en su libro Semblances of Sovereignty: The Constitution, the State and American Citizenship, al analizar las aspiraciones del pueblo de Puerto Rico de desarrollar el ELA fundamentado en su soberanía:

“If both Congress and the people of Puerto Rico seek to establish a new relationship that recognizes space within the American constitutional system for ´autonomous´ entities, it ill behooves either the executive branch or the judiciary to set such efforts aside in the name of nineteenth-century conceptions of sovereignty”.

Y añade, refiriéndose al caso de Puerto Rico:

“The relationship must evolve in the manner it was initiated in the 1950s – with the mutual consent of both parties. Finally, the Constitution should not be read – out of fear and loathing of new understandings of sovereignty – to prevent promising power-sharing arrangements that provides a space for political and cultural autonomy”. [Páginas 92-93]

En el contexto de Puerto Rico en el ejercicio de la soberanía el pueblo podría: fortalecer y perfeccionar sus actuales vínculos de asociación política; separarse y optar por la independencia; o integrarse a través de la estadidad federada.

Yo no soy estadista, ni independentista. Soy autonomista, que es la alternativa que históricamente han respaldado la mayoría de los puertorriqueños. Vengo aquí a defender nuestro derecho a crecer bajo el Estado Libre Asociado construyendo sobre esa soberanía de la que se nos habló en 1953 para lograr mayor desarrollo económico y social para Puerto Rico. Se nos ha reconocido nuestra autonomía para proteger nuestra identidad cultural y estamos muy satisfechos de nuestra soberanía deportiva que le permitirá a Puerto Rico desplegar los colores de su bandera monoestrellada en las Olimpiadas de Beijing, China. Se ha reconocido nuestro poder de establecer nuestro propio sistema fiscal. Queremos usar nuestra soberanía, por ejemplo, para liberarnos de la Ley de Cabotaje, que encarece los productos que importamos de Estados Unidos, para lograr acuerdos que nos permitan crear empleos, proteger nuestros productos agrícolas, ampliar nuestra presencia en el mundo, reducir nuestra dependencia económica de los Estados Unidos y hacer de Puerto Rico una nación vibrante que honre la ciudadanía americana que nos vincula y ponga en alto nuestro espíritu de pueblo digno. Para mejorar las condiciones económicas y la vida de nuestra gente, para eso es la soberanía.

Pero como Gobernador de todos los puertorriqueños vengo aquí también a reclamar el derecho de los estadistas e independentistas puertorriqueños a luchar por su ideal y a reclamar un proceso de verdadera autodeterminación. Por eso es que favorezco la convocatoria de una Asamblea Constitucional de Status que incluya representación, obtenida mediante el voto libre y secreto de los ciudadanos de Puerto Rico de todos los sectores ideológicos de Puerto Rico.

Por ello, en este momento histórico y ante las acciones del Gobierno de los Estados Unidos bajo la administración Bush, recurrimos a la comunidad internacional a pedirles su apoyo y solidaridad frente a los intentos de negarle a Puerto Rico lo que ya es universalmente aceptado: que no puede haber arreglo político alguno entre dos naciones, en este mundo globalizado y crecientemente interdependiente, que no esté fundamentado en valores de soberanía popular y democracia.

Ante este historial y las acciones más recientes del gobierno de los Estados Unidos hoy vengo a solicitar, a nombre del pueblo de Puerto Rico, que se eleve nuevamente el asunto de la relación política entre Puerto Rico y los Estados Unidos a la Asamblea General y que se le dé la más alta atención en esta comunidad internacional con el fin de atender unas interrogantes legítimas, de abrir nuevos caminos y lograr ofrecer al pueblo de Puerto Rico los parámetros dignos, lógicos y democráticos que nuestra relación con los Estados Unidos exige en el Siglo 21.

El punto de partida tiene que ser siempre, siempre, siempre, que el pueblo de Puerto Rico es soberano sobre su futuro y que sólo mediante el consentimiento legítimo, libre y democrático del pueblo puede lograrse perfeccionar cualquier relación futura con los Estados Unidos. En el ejercicio de esa soberanía, soberanía que ustedes muy bien saben no es sinónimo de independencia, sino que lo que significa es el poder de un pueblo para tomar las decisiones últimas sobre su futuro, el Pueblo de Puerto Rico podría optar por el desarrollo del Estado Libre Asociado, la estadidad federada o la independencia. A ese derecho nunca se renuncia.

Como el oficial electo de más alto rango en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, hago dos solicitudes a este augusto cuerpo:

Primero, solicito que este Comité Especial utilizando los poderes conferidos en su creación o mediante cualquier otro vehículo disponible y apropiado dentro de las Naciones Unidas haga un requerimiento formal al Gobierno de los Estados Unidos para que explique las crasas inconsistencias entre sus posturas en la década de los 50 y sus posturas actuales en torno al Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Específicamente, los Estados Unidos tienen la obligación de aclarar el alcance de la Resolución de las Naciones Unidas 748 VIII de 1953 y de su memorando oficial en aquella ocasión que esencialmente reconocía y celebraba el proceso de ratificación de la Constitución de Puerto Rico y afirmaba que con dichas acciones -todas en acuerdo con los Estados Unidos- desaparecían todos los vestigios coloniales mediante la creación de un nuevo régimen constitucional cónsono con las leyes. La pregunta fundamental es por qué los Estados Unidos han concluido una posición contraria 55 años más tarde sin fundamento legal alguno.

Segundo, solicito respetuosamente que luego de tres décadas de resoluciones de este Comité, se solicite por ustedes formalmente que la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas incluya en su agenda el caso de Puerto Rico para que este cuerpo colabore, participe y avale el diseño de un proceso genuino de libre determinación enmarcado en los principios del derecho internacional.

En conclusión, Señor presidente y naciones miembros de este Comité Especial:

El pueblo de Puerto Rico lleva años listo para crecer en su relación política con los Estados Unidos, fundamentado en nuestra soberanía y en el vínculo de la ciudadanía americana. Lograr un crecimiento, desarrollo y perfeccionamiento de esa relación que sea cónsono con el derecho natural y soberano del Pueblo de Puerto Rico a escoger libremente su futuro, y cónsono además con los pronunciamientos de este Comité Especial, con el derecho internacional y con las leyes y la Constitución de los Estados Unidos de América es obligación prioritaria e inmediata. Los valores y principios democráticos que atesoramos en Puerto Rico me exigen que solicite la intervención directa de las Naciones Unidas para lograr romper lo que aparenta ser la renuencia del presente gobierno de los Estados Unidos a atender de forma seria este asunto. Repito, o el gobierno de los Estados Unidos engaña al pueblo de Puerto Rico y al mundo en este momento en su reciente informe de la Casa Blanca o nos engañó a todos en 1953. Cualquiera que fuera el caso, es menester que la Asamblea General exija una explicación con carácter de urgencia.

A estas alturas de la historia política de Puerto Rico, la necesidad de una asamblea de status, ya sea para ampliar la autonomía o para considerar otras opciones democráticas del Pueblo en el ejercicio de su soberanía, es un paso indispensable. Lo haremos convencidos de que es la única forma de alcanzar los nuevos poderes políticos que necesita Puerto Rico en un mundo globalizado y de nuevos y creativos arreglos regionales tanto en América como en Europa y Asia y en buena parte del planeta. Lo haremos para acelerar nuestro desarrollo económico y terminar la agenda inconclusa de eliminar la pobreza y la marginación social. Ya no hay vuelta atrás. El proceso de autodeterminación que comenzó en 1952 tiene que concluir sobre bases plenamente democráticas. Ese es un compromiso de honor que los puertorriqueños hemos heredado de pasadas generaciones y que no vamos a descansar hasta alcanzar.

En Puerto Rico estamos listos para este paso de avance y confiamos en que las Naciones Unidas se unirán al reclamo justo de crecimiento y desarrollo del Estado Libre Asociado basado en la soberanía asociada con los Estados Unidos.

Muchas gracias.