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Por Irene Garzón Fernández

De primera mano

Extrañas alianzas... A restituir las alternativas a la cárcel... Al pan, pan...

09/24/2013
José Luis Rivera Guerra, PPD, Partido Popular de PR

Lealtades en conflicto

La revelación insólita de que el ex presidente del Partido Popular Democrático y ex portavoz cameral popular Héctor Ferrer representa en una demanda a la ex legisladora penepé Liza Fernández, ahora jueza superior, ha causado consternación entre correligionarios del ex legislador.

Ferrer, que tuvo que renunciar a su escaño y a una candidatura electiva en el 2012 por un conflicto familiar del que luego resultó exonerado, figura como abogado de Fernández en una demanda civil entablada contra ella por un matrimonio que le imputa haberlos difamado por radio en el 2008.

El cuatrienio pasado, Fernández presidió la Comisión de Ética cameral hasta que saltó al Senado a mediados de 2012. Como presidenta de la comisión cameral, fustigó a populares sobre los que pesaron querellas, como fue el caso del entonces representante Luis Farinacci, mientras tiraba toallazos a correligionarios como el también ex representante José Luis Rivera Guerra.

Fernández fue nominada a la judicatura en diciembre pasado, mientras seguía siendo senadora, por el gobernador saliente Luis Fortuño, después de ser derrotada en su aspiración a un escaño senatorial por San Juan. Lo que resulta incongruente con respecto a Ferrer es que sea abogado de Fernández después de haber presidido el PPD y ser su portavoz en la Cámara, precisamente durante los procesos éticos contra sus correligionarios.

Además, resulta chocante que mientras defiende a Fernández en los tribunales, mantenga contratos por servicios legales con la alcaldía de San Juan, que tiene su propia división legal. El registro de contratos del Contralor refleja que en el primer semestre de este año Ferrer tuvo un contrato por $35,000 y este semestre, que culmina el 31 de diciembre, mantiene otro por $48,000. Ferrer tiene también contratos con otros municipios.

Asignatura pendiente

El pedido de la senadora independentista María de Lourdes Santiago para que la mayoría popular retome los trabajos de revisión del Código Civil trae también a la atención que debe atemperarse el Código Penal vigente con disposiciones del anterior, adoptado en 2004.

La administración de Luis Fortuño eliminó las disposiciones rehabilitadoras del código de 2004 y restituyó penas tan altas que no hay forma de que una persona tenga oportunidad de rehabilitarse. El código actual eliminó las alternativas a la reclusión en los delitos de severidad intermedia, como pueden ser la apropiación ilegal y el escalamiento.

La paja en el hombro

El ex secretario de Hacienda Juan Agosto Alicea se molestó porque recientemente aludimos a su desempeño en esta y otras posiciones que tuvo en el gobierno. Para defenderse, cita una serie de elogios a su persona que incluyó en su libro “Crisis: Al borde de la quiebra”, del que el lector puede concluir que el ex funcionario previó el desastre económico actual, aunque sostiene que no tiene la culpa de nada.

De hecho, Agosto Alicea dice que los jefes de agencia no son responsables de la deuda pública, pero no dice que el secretario de Hacienda es el que la paga. En sus disposiciones generales, la Constitución dice que este funcionario “podrá ser requerido para que destine los recursos disponibles incluyendo sobrantes al pago de los intereses sobre la deuda pública y la amortización de la misma en cualquier caso al cual fuere aplicable... mediante demanda incoada por cualquier tenedor de bonos o pagarés emitidos en evidencia de la misma”.

“Off the record”

El burlador burlado

El ex secretario de Justicia Guillermo Somoza Colombani parece que dejó más cuentas pendientes que las que le atribuyó a su antecesor, Antonio Sagardía. El actual titular de Justicia, Luis Sánchez Betances, investigará  su rol en el engavetamiento de la declaración jurada de un confidente contra un abogado.