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Por Nilsa Pietri Castellón

Hablemos claro

Lo que "vale" es la acción

04/06/2013
No hay que sentirse tan complacido por la aprobación de la reforma del Retiro, pero tampoco deberíamos estar tan ofendidos con las acciones que acaba de concretar el nuevo gobierno.

No hay que sentirse tan complacido por la aprobación de la reforma del Retiro, pero tampoco deberíamos estar tan ofendidos con las acciones que acaba de concretar el nuevo gobierno, convencido de que lo que hizo es la única manera viable de salvar tanto el sistema de jubilaciones como el crédito de Puerto Rico.

No sé si, a estas alturas, debemos tener muchas esperanzas en la salvación del crédito, a menos que el gobernador Alejandro García Padilla se enoje lo suficiente con las casas evaluadoras como para hacer algo más que mandarlas retóricamente a paseo, como hizo con el "me vale" del otro día.

En lo que sí debería invertir García Padilla es en restablecer la confianza del pueblo, principalmente de los empleados del gobierno que son los directamente afectados por la reforma de los sistemas de retiro, en su gestión pública.

Es cierto que nadie se siente en disposición de escuchar razones cuando se trastea con su dinerito, sobre todo si lleva años asido a la esperanza de que, eventualmente, podrá quedarse en casita y recibir religiosamente cada mes un cheque cuyo monto ha ido calculando a través de los años.

No es justo, definitivamente, sobre todo porque la justicia tiene que ser igual para todos para ser justicia. Pero, no crean los empleados gubernamentales que mis simpatías están todas con ellos, porque la reforma que acaba de aprobar el gobierno para garantizarles sus pensiones nos va a costar a todos, aunque seamos empleados del sector privado y coticemos en planes privados no dependientes del Estado.

Con el 'ay, bendito' politiquero que siempre, inevitablemente, les entra a los legisladores, la reforma que se aprobó parece que terminó quedándose corta por unos $300 millones en los recaudos que se van a necesitar para cuadrar la insuficiencia de los sistemas de retiro y evitar que incurran en déficit.

¿Y de dónde saldrán esos $300 millones? ¿De los bolsillos de los empleados públicos solamente? Por supuesto que no. Tendremos que pagarlos todos. Bueno, todos los ciudadanos que pagamos responsablemente nuestras contribuciones por encima de la mesa sin recibir prebendas del gobierno y sin maniobras subterráneas.

Ahora, pasado el trago amargo (¿no suena como la medicina amarga de Luis Fortuño?) de la aprobación de la reforma, García Padilla tendrá que demostrarle al País que la nueva ley ataca de verdad el problema, que va a su raiz, y que no se trata de más parches como los que llevábamos sufriendo cuatrienio tras cuatrienio, sea cual fuere el partido en el poder, para remendar el sistema.

Las agencias evaluadoras están contentas con la legislación, pero ya hemos visto lo que se ha venido repitiendo en todas partes, que una vez se les complace, quieren más. Su insaciabilidad es tal que no paran hasta tumbar gobiernos que, por la precaria situación de la economía, no pueden sostenerse ante tales presiones.

Para restablecer la confianza del pueblo, que debería ser más importante que la de las casas evaluadoras del crédito, García Padilla tendrá que regirse por la ética, el decoro y la justicia en su relación con los ciudadanos. Tendrá que hacer funcionar la reforma de Retiro, pero también tendrá que lidiar de frente con el gobierno permanente que dejó instalado Fortuño en el Tribunal Supremo, en la Universidad de Puerto Rico, en la Autoridad de Energía Eléctrica, en el Instituto de Cultura Puertorriqueña y en las agencias del Ejecutivo.

Para ello va a necesitar la colaboración de la Legislatura, que tiene que predicar con el ejemplo de la austeridad y de la verdad, una cualidad tan frágil que muchos políticos suelen manejarla como si fueran malabaristas.

Pero la responsabilidad primordial, vicaria, será del propio Alejandro García Padilla, que va a tener que reelerse su catálogo de promesas de campaña a ver si puede cumplir alguna.