Ante este panorama, y la cruda realidad de que hay decenas de instituciones educativas públicas que han quedado en total abandono y en una situación poco atendida por el ente gubernamental, el gobernador Ricardo Rosselló se comprometió a atender el asunto acelerando acuerdos con entidades que operarán nuevos proyectos en planteles en desuso.

Así lo anunció el primer ejecutivo en una conferencia de prensa en la que presentó los primeros 10 acuerdos de esta índole. Explicó que los proyectos –algunos liderados por municipios y otros por  organizaciones sin fines de lucro- promoverán el desarrollo comunitario y económico de la Isla.

“Hoy cumplimos otro compromiso del Plan para Puerto Rico y aseguramos la transformación de estas estructuras en talleres de obra social, esto antes de que puedan representar un riesgo o convertirse en estorbos públicos”, dijo Rosselló al agregar que los acuerdos se establecieron por un periodo de un año y como alquileres a un precio nominal de $1.

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Explicó que la selección de arrendadores se llevó a cabo tras un “riguroso” proceso de evaluación que hizo el Subcomité Interagencial que se creó tras la firma de la Orden Ejecutiva 2017-32, el cual propulsaba el traspaso de planteles escolares en desuso a municipios y otras entidades comunitarias.

Entre los acuerdos se encuentra uno con la Alianza de Autismo de Puerto Rico, que utilizará el edificio donde estaba la Escuela José Colombani Rosario de San Juan para desarrollar el proyecto Misión Empresarismo y Trabajo con Adolescentes y Adultos con Autismo (METAA). Mientras, los municipios de Camuy y Maricao establecerán centros de servicios integrados en las estructuras que operaban las escuelas Pablo Ávila González y la Rafael Janer, respectivamente. 

Mientras, el principal asesor legal del gobernador, Alfonso Orona, dijo que hay unas 175 propuestas bajo evaluación y que las mismas se han recibido a través del correo electrónico dinfraestructura@fortaleza.pr.gov.

De hecho, invitó a las entidades interesadas a presentar sus propuestas.

Ni Rosselló ni Orona pudieron precisar el total de planteles en desuso que hay en Puerto Rico y que hay agencias en el proceso de recopilar la data pero que, prácticamente, se ha hecho cuesta arriba “por la falta de documentación” que nunca proveyeron otras administraciones.

“Aspiramos a que podamos convertir una situación negativa en una positiva”, sostuvo Rosselló quien dijo que, actualmente, hay legislación pendiente para facilitar el uso y traspaso de estorbos públicos a los municipios, incluyendo los planteles abandonados.