Una madre soltera que lucha contra el cáncer y una víctima de violencia intrafamiliar son algunos de los inmigrantes que cubren los requisitos para obtener una licencia de conductor en Arizona, pero se les ha negado ilegalmente la posibilidad de conducir un vehículo, afirmó un grupo de organizaciones activistas en una demanda federal.

Negar licencias de conducir a algunos inmigrantes que están ilegalmente en el país pero que recibieron protección de deportación es inconstitucional, de acuerdo con la demanda interpuesta el lunes por el Mexican American Legal Defense and Educational Fund, el National Immigration Law Center y el bufete jurídico Ortega.

Arizona es el único estado que niega licencias de conducir a algunos inmigrantes que se beneficiaron de los programas que les permiten trabajar en Estados Unidos y evitar la deportación por diversas razones, dijo Víctor Viramontes, abogado del fondo. Eso incluye víctimas de delitos que cooperan con la policía, aquellos que vienen a Estados Unidos por razones humanitarias y sobrevivientes de actos terroristas, entre otros.

Daniel Scarpinato, portavoz del gobernador Doug Ducey, dijo el martes que los abogados del estado estaban revisando la demanda y que no podía responder de inmediato preguntas específicas sobre tal política.

La demanda se entabló menos de dos años después de que un juez federal obligó al estado a expedir licencias de conductor a los jóvenes amparados por el programa conocido como DACA, el cual protege de la deportación y brinda un permiso de trabajo a quienes fueron traídos de manera ilegal cuando eran niños.

Ese fallo se dio tras una larga batalla legal que comenzó cuando la gobernadora Jan Brewer emitió una directriz que prohibía expedirles licencias. La mandataria estatal alegó que la decisión surgió por el deseo de reducir el riesgo de que las licencias fueran usadas para tener acceso a prestaciones públicas de modo inapropiado.

Entonces se prohibió la expedición de licencias para inmigrantes protegidos de la deportación por razones distintas a haber llegado cuando niños, luego de que una corte federal falló que la política estatal sobre beneficiarios del DACA era inconstitucional en parte porque excluía a un grupo de inmigrantes pero incluía a otro.

Cinco inmigrantes que viven en Arizona y que fueron protegidos de la deportación porque son víctimas de violencia intrafamiliar o son hijos de víctimas alegan que el estado debe darles licencias porque tienen autorización para estar en el país.

La demanda se entabló a nombre de una mujer que tiene cáncer y no siempre puede acudir a sus citas médicas porque no tiene licencia, pero los abogados dicen que miles de inmigrantes se ven afectados por la nueva política.

Otra mujer está a la espera de aprobación de una visa especial para víctimas de violencia intrafamiliar y entretanto está protegida de la deportación. Dice que no puede conseguir un mejor empleo porque no tiene licencia.

Viramontes dijo que el estado debería haber empezado a permitir que todos los protegidos de la deportación reciban licencias de conducir tras el fallo de la corte federal en lugar de permitir que unos sí y otros no.

"Debieron dejar de discriminar desde el momento en que esta política fue declarada inconstitucional, pero siguen haciéndolo", dijo Viramontes.