Iowa — Legisladores estatales está presionando para dificultar la publicación de videos grabados con cámaras corporales de la policía, lo que socava la promesa de que los dispositivos se conviertan en una herramienta que la población pueda usar para pedirle cuentas a la policía.

Legisladores de por lo menos 15 estados han presentado iniciativas de ley para que las grabaciones de video de interacciones de la policía con los ciudadanos estén exentas de las leyes estatales de registros públicos, o para limitar que se publiquen.

La meta expresa que buscan es preservar la privacidad de las personas a quienes se graba y ahorrar una cantidad de dinero y tiempo considerables que deben invertirse en solicitudes de información pública a medida que el uso de esa tecnología se hace más popular.

Los defensores de prácticas transparentes de gobierno y los derechos civiles están alarmados.

Departamentos de policía de todo el país ya gastan millones en comprar cámaras de video corporales. En el enfrentamiento más reciente entre el derecho de la población a tener información y la autoridad del gobierno, la responsabilidad de grabar interacciones controvertidas, retener copias y decidir qué se publica depende de las mismas fuerzas policiales.

En la ausencia de protecciones a los registros públicos, estas decisiones policiales pueden ser unilaterales e inapelables en muchos casos.

"Esto socava el propósito mismo de las cámaras", dijo Michelle Richardson, directora de políticas públicas de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) de la Florida.

"La gente se comporta mejor cuando las están grabando, lo mismo la policía que los sospechosos, porque se dan cuenta que otros los van a ver. Cuando se saca del entorno esa posible consecuencia, se socava el valor de supervisión", dijo.

Los partidarios dicen que es necesario proteger los derechos de privacidad de las víctimas de delitos y testigos y que la policía necesita limitar las amplias y costosas solicitudes de registros públicos que reciben. La publicación rutinaria de estos videos evitará que la gente pida asistencia y coopere con la policía, afirman.

"La seguridad pública es más importante que la transparencia", dijo el senador esta Greg Smith, republicano de Kansas. "No es que se trate de ocultar algo, es asegurar que no damos a conocer información que va a afectar a otras personas".

El Senado de Kansas aprobó el mes pasado en una votación de 40 a 0 no incluir las grabaciones en la ley estatal de registros abiertos. La policía sólo tendría que darlos a conocer a las personas a quienes se graba y sus representantes y pudiera cobrarles un cargo. La policía de Kansas tendría la autoridad de dar a conocer los videos a su discreción.

Sin embargo, incluso los partidarios de las restricciones a la privacidad concuerdan en que excepto en circunstancias extraordinarias o una orden judicial, la policía pudiera ejercer demasiada autoridad unilateral sobre qué video se publica.