Ohio, EE.UU.-  Cuatro condenados a muerte han demandado a autoridades de Ohio por una nueva ley estatal que protege la identidad de las compañías que surten al estado de sustancias para las inyecciones letales.

Abogados de los reos alegan en una demanda presentada ayer que la ley infringe el derecho a la libre expresión al ocultar la identidad de aquellos a quienes quisieran dirigir sus mensajes sobre la pena de muerte. También alegan que restringe la información que los ayudaría a influir sobre el debate público en torno a la pena capital.

Las nuevas restricciones fueron aprobadas la semana pasada por la Legislatura y el gobernador John Kasich la firmó el viernes. Las normas entran en vigor en marzo.

Los partidarios de ocultar la identidad de las compañías dicen que es necesario para obtener las sustancias y proteger de acoso a los fabricantes. Dicen que la medida es necesaria para reanudar las ejecuciones, que se suspendieron debido a interrogantes por la ejecución en enero de Dennis McGuire, quien estuvo jadeando por falta de aire 26 minutos antes que lo declararan muerto.

La ley también protege la identidad de los que participan en las ejecuciones en Ohio. La anonimidad de las empresas, por un período de 20 años, está dirigida a las farmacias especializadas que mezclan las dosis de sustancias especiales.

Los reos Ronald Phillips, Raymond Tibbetts, Robert Van Hook y Grady Brinkley alegan en la demanda que la norma silenciará una parte del debate sobre las ejecuciones.

"Todos deben estar muy preocupados por esta ley que se ha aprobado para reducir artificialmente las críticas públicas al gobierno en uno de los asuntos más importantes: la pena de muerte", dijo Timothy Sweeney, abogado que representa a Phillips.

Phillips, de 41 años, fue condenado a muerte por la violación y asesinato de la hija de 3 años de su novia en Akron en 1993. Su ejecución está programada para el 11 de febrero.

Un fiscal ha dicho que esperaba demandas por la ley, lo que haría imposible que Phillips sea ejecutado como estaba previsto.

Los reos presentaron la demanda en el tribunal federal de Ohio contra el gobernador del estado, el procurador general estatal y el director de prisiones. La demanda no impugna la declaratoria de culpabilidad de los reos o el proceso de inyección letal de Ohio.