Como no puede pagar los 228 dólares que debe por multas de tránsito, la licencia de conducir de Seti Johnson podría ser suspendida, lo que significa que no podrá manejar al empleo que espera obtener pronto. Para Sharee Smoot la cantidad que le impide conducir es de 648 dólares. 

Los abogados de ambos dicen que la práctica de Carolina del Norte de revocar las licencias de conducir de las personas que no pueden pagar sus infracciones y los gastos de la corte es inconstitucional debido a que viola los derechos al debido proceso y a la protección igualitaria estipulada en la 14ta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, de acuerdo con una demanda federal interpuesta el miércoles. 

 “El sistema de suspensión castiga desproporcionadamente a los residentes pobres, lo que viola la ley federal, quitándoles los medios de sustento y empujándolos aún más hacia la pobreza”, se lee en la moción para un interdicto preliminar. 

La demanda fue interpuesta por la Unión Americana de Libertades Civiles, por la Southern Poverty Law Center _una organización sin fines de lucro_ y por la Southern Coalition for Social Justice. 

Torre Jessup, comisionado de la División de Vehículos Motorizados del estado, está nombrado como el acusado. 

La ley de Carolina del Norte estipula que las licencias de conductor se revocarán por incumplimiento de pago de una multa de tránsito 40 días después de una sentencia judicial. Los grupos demandaron debido a que la ley no requiere de una audiencia para asegurarse de que el conductor pueda pagar la multa y los costos judiciales. 

Los comunicados de Smoot y Johnson describen un ciclo de multas e intentos de ponerse al corriente con sus deudas, mientras tratan de conservar sus empleos y mantener a sus familias. 

El año pasado, Johnson dijo que pagó más de 700 dólares en multas, costos judiciales y cargos por pago tardío de infracciones. Su licencia de conducir fue restablecida, pero se retrasó en los pagos de su renta y tuvo que mudarse con su madre. 

Smoot escribió que ganaba nueve dólares por hora en su empleo y fue sentenciada a pagar 308 dólares por manejar mientras su licencia estaba suspendida en 2016. Le cobraron una cargo de 50 dólares por no realizar el pago dentro de los 40 días. 

En 2017, recibió otra multa por manejar mientras su licencia estaba suspendida y le ordenaron pagar 235 dólares. Esa cantidad aumentó a 285 por un cargo de pago tardío y se emitió una orden de arresto para ella por no pagar las infracciones y le cobraron cinco dólares como cargo por el arresto. 

Su automóvil fue embargado y perdió su empleo debido a que no podía llegar a éste.