Un programa del Pentágono que distribuye equipo militar excedente a las agencias del orden en Estados Unidos permite que incluso los policías que han sido censurados por el Departamento de Justicia debido a  violaciones a los derechos civiles soliciten y reciban armamento letal.

Esa falta de comunicación entre dos dependencias federales se suma a los cuestionamientos al programa, que fue puesto bajo revisión después de la respuesta de la policía militarizada a los manifestantes en Ferguson, Misuri.

El Pentágono, que provee el equipo militar excedente de manera gratuita, dijo que se examinará su colaboración con el Departamento de Justicia mientras el gobierno federal revisa cómo evitar que el armamento de alto poder llegue a manos poco confiables.

El Departamento de Justicia ha iniciado investigaciones de derechos civiles sobre las prácticas de unos 20 departamentos de policía en los últimos cinco años, siendo el de Ferguson el más reciente.

Las pesquisas terminan a veces en acuerdos negociados que exigen reformas, pero el hecho de ser tachado como problemático por Washington no le impide a un departamento de policía participar en el programa de armamento.

"Dado el hecho de que están bajo un acuerdo, tendría sentido que el Departamento de Defensa y el de Justicia se coordinaran en tales solicitudes, pero no es así en la actualidad", dijo Jim Bueermann, quien dirige la organización sin ánimo de lucro Police Foundation.

Durante una comparecencia en el Senado este mes, Alan Estevez, un funcionario del Departamento de Defensa que supervisa el programa, reconoció que se carecía de consultas con el Departamento de Justicia y que eso se sometería a revisión. Bajo interrogatorio, reconoció que el Pentágono no toma en cuenta las investigaciones federales sobre derechos civiles al momento de enviar las armas, pero que ello podría cambiar.

"Necesitamos hacer un mejor trabajo aquí", declaró.

Por ejemplo, el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) recibió del programa del Pentágono varios embarques, por un total de 1.680 fusiles de asalto M16, aun cuando el departamento estaba bajo vigilancia de un supervisor federal y había sido acusado de incurrir en prácticas deficientes, de acuerdo con documentos del gobierno.

El LAPD forjó un acuerdo con el Departamento de Justicia en 2001 después que investigadores lo acusaron de recurrir a un uso excesivo de la fuerza, detenciones ilegales y cateos injustificados.

El programa del Pentágono fue autorizado por el Congreso en 1990 para ayudar en la lucha contra las drogas, y el combate al terrorismo ha sido el objetivo más reciente.

El Departamento de Defensa ve el programa, que ha entregado más de 5.100 millones de dólares en propiedad militar desde que comenzó, como una manera de deshacerse del equipo que ya no necesita.

Las agencias del orden dicen que el equipo militar puede salvar vidas y mantiene a los agentes seguros en situaciones peligrosas, como impases con sospechosos fuertemente armados.

Algunos dicen que los acuerdos de supervisión con las autoridades federales no deben pesar en la facultad de un departamento de policía para recibir equipo táctico, en especial porque las revisiones federales podrían no estar relacionadas con el uso de armas.

Sin embargo, para Peter Bibring, abogado de la Unión Americana de Libertades Civiles para el sur de California, no debería llegarse a ese punto.

"Un brazo del gobierno federal restringe a los departamento con base en un historial de violaciones constitucionales, y el otro brazo le abastece armas pesadas. Es absurdo", dijo.