Un juez de Arkansas suspendió el viernes las ejecuciones de ocho reos, propinándole un golpe a los esfuerzos del estado para empezar a aplicar la pena capital por primera vez en una década.

El fallo del juez Wendell Griffen del circuito del condado Pulaski llegó en un caso en el que los reos están desafiando una nueva ley de Arkansas que le permite al estado retener cualquier información que pudiera identificar públicamente a los fabricantes o vendedores de sus fármacos de ejecución.

Un abogado de los reos argumentó que la nueva ley de discreción los ponía en riesgo de padecer sufrimiento anticonstitucional durante sus ejecuciones porque la seguridad y efectividad de los fármacos no podían ser verificadas. Dijo también que el estado había acordado previamente revelarle a los presos la información sobre los fármacos antes de que fueran ejecutados.