Un funcionario del gobierno de Donald Trump dice que unos 500 de los más de 2,000 niños separados de sus familias en la frontera han regresado con éstas desde mayo. 

El funcionario dijo el jueves que esos niños fueron separados de sus padres como parte de la política de “cero tolerancia” en la que se enjuicia penalmente a cualquier persona sorprendida cruzando la frontera estadounidense ilegalmente. El funcionario carece de autorización para dar la cifra y habló con The Associated Press a condición de guardar el anonimato. 

Muchos de los niños fueron devueltos a sus familias unos días después de haber sido separados de ellas, afirmó el funcionario, quien señaló que no está seguro de cuántos de los niños que fueron devueltos a sus familias siguen detenidos con ellas, o cuántos ya no están en el país. 

El funcionario dijo que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas y el Departamento de Salud y Servicios Humanos trabajan para establecer un proceso centralizado de reunificación en el Centro de Detención Port Isabel cerca de Los Fresnos, Texas. 

El gobierno federal lidiaba el jueves con las consecuencias de la decisión del presidente de dejar de separar a las familias en la frontera, sin contar con un plan claro para reunir con sus padres a los más de 2,300 niños ya separados de ellos, y con la inacción del Congreso para aprobar una reforma migratoria. 

En un día lleno de confusión y reportes contradictorios, el gobierno comenzó a elaborar planes para albergar hasta 20,000 migrantes en bases militares. Sin embargo, las autoridades dieron versiones contradictorias sobre si esas instalaciones serían únicamente para menores o para familias enteras. 

Al mismo tiempo, el Departamento de Justicia acudió a la corte para intentar revocar un acuerdo concretado hace décadas que limita a 20 días la cantidad de tiempo que los niños migrantes pueden estar detenidos con sus familias. 

Mientras tanto, alcaldes demócratas y líderes religiosos viajaron a la frontera sur para incrementar la presión sobre las duras políticas migratorias de la Casa Blanca. 

Y en la ciudad fronteriza de McAllen, en Texas, los fiscales federales no presentaron cargos contra 17 inmigrantes. Un fiscal federal dijo que “no se buscó un enjuiciamiento” tras la orden ejecutiva de Trump que puso fin a la práctica de separar a las familias. 

No estaba claro si ello significaba que el gobierno de Trump está abandonando su política de “cero tolerancia”, la cual exige que todos los adultos que sean detenidos por ingresar al país de manera ilegal sean procesados judicialmente. 

El presidente no respondió a la pregunta de manera directa pero no mostró ningún indicio de haber relajado su postura. 

“Tenemos que ser muy, muy fuertes en la frontera. Si no lo somos, ustedes estarán inundados de personas y realmente no tendrán un país”, indicó el mandatario. 

La confusión e incertidumbre se derivan del abrupto final el miércoles de una política de la Casa Blanca que separó a más de 2.300 niños de sus padres en las últimas semanas. La práctica provocó indignación en muchas partes del mundo, con imágenes y grabaciones de niños llorando que acapararon los noticiarios. 

Las autoridades del Departamento de Defensa y del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS por sus siglas en inglés) dijeron que el Pentágono aceptó habilitar espacio en sus bases militares para albergar hasta 20.000 niños migrantes que sean detenidos tras haber cruzado la frontera sur de Estados Unidos sin compañía de un adulto. 

No está claro qué bases se usarán. Pero el HHS ha evaluado las instalaciones de cuatro bases militares: el Fuerte Bliss y las de la Fuerza Aérea Goodfellow y Dyess, en Texas, además de la base de la Fuerza Aérea de Little Rock, en Arkansas. 

Por otra parte, los alcaldes de unas 20 ciudades estadounidenses se reunieron en un centro de detención para niños migrantes en la ciudad fronteriza de El Paso, Texas. Los alcaldes acusaron a Trump de no abordar una crisis que él mismo provocó. 

“Esta es una crisis humanitaria”, aseveró Jenny Durkan, alcaldesa de Seattle.