"A 40 años de privación de libertad fueron sentenciados Segundo P. y Eduardo D., procesados por el asesinato de las jóvenes argentinas", informó el fiscal general, Galo Chiriboga, en su cuenta de Twitter.

El Tribunal de Garantías Penales de Santa Elena declaró como autor directo a Segundo P. y como coautor a Aurelio D. por el asesinato de las argentinas Marina Menegazzo (21 años) y María José Coni (22) quienes fueron reportadas como desaparecidas el 22 de febrero pasado y cuyos cuerpos fueron encontrados a finales de ese mes en Montañita, un balneario de la costa ecuatoriana.

"Seguimos firmes en la búsqueda de la justicia", añadió Chririboga y dijo que la Fiscalía presentó más de 200 pruebas sobre la responsabilidad de los dos acusados, incluidas pericias forenses, reconocimiento de evidencias, reconstrucción de hechos y 36 testimonios.

No obstante, el pasado 14 de julio la Fiscalía ecuatoriana señaló sus sospechas de que habrían otros involucrados en este caso, por lo que anunció la posibilidad de una nueva investigación.

"Tenemos evidencia para dos (acusados), pero tenemos también evidencia (de) que fueron muchos más los que estuvieron en eso", declaró entonces Chiriboga en una entrevista radial.

"Vamos a presentar todo lo que tenemos contra las personas que presumimos podrían estar involucradas, pero que en opinión de la Fiscalía no son los únicos", declaró y reiteró que seguramente el Ministerio Público abrirá otra investigación sobre estos hechos.

Durante la audiencia efectuada hoy en el Tribunal de Santa Elena, la fiscal del caso, María Coloma, expuso que, según las investigaciones, Coni falleció por una agresión con un objeto contundente en el cráneo.

Asimismo, Coloma, en su alegación, reproducida en parte en el portal web del diario público El Telégrafo, dijo que Menegazzo "fue torturada con nueve heridas, tres en la cabeza y seis en cara y cuello. Murió desangrándose".

La fiscal presentó además imágenes e indicios sobre los perfiles genéticos de las víctimas, los acusados y otras personas que no han sido aún identificadas.

Coloma pidió contra los acusados la máxima pena que permite la legislación ecuatoriana y que se considere, además, el concurso de varios delitos.