“Insto a los comités pertinentes del Congreso y a los inspectores generales de las agencias (del gobierno) a que realicen de inmediato una investigación exhaustiva de este asunto. Debemos asegurarnos de que los fondos asignados para la recuperación y reconstrucción de Puerto Rico y otras áreas afectadas por los huracanes recientes se gasten de forma inteligente y eficaz, sin perder el despilfarro, el fraude y el abuso”, indicó el número dos de la minoría en la Cámara baja federal, Steny Hoyer (Maryland).

El portavoz adjunto de los demócratas de la Cámara baja hizo sus expresiones en una declaración escrita que emitió el viernes en la noche después de participar en una misión del Congreso que fue a Puerto Rico a observar los daños causados por el huracán María.

En declaraciones al periódico The Wall Street Journal, el director ejecutivo de la AEE, Ricardo Ramos - quien ha sobrevivido en su puesto el ciclón de críticas al gobierno de Puerto Rico por éste contrato-, sostuvo que el lenguaje que impulsa prohibir auditorías federal y estatal sobre los costos del contrato fue “un error”.

“No hay otra explicación para eso que no sea un '¡ups!'. Hubo mucha presión para firmar el contrato de inmediato, no de Whitefish sino de mí parte”, sostuvo Ramos.

El contrato con Whitefish – una pequeña empresa de dos empleados que está ubicada en el pueblo de Whitefish, Montana, del cual es oriundo el secretario del Interior, Ryan Zinke-, ha levantado preocupación en Washington, entre otras cosas, por la poca experiencia de la empresa, su costo y sus conexiones políticas.

Esta semana, la portavoz demócrata en la Cámara baja, Nancy Pelosi, consideró también que el contrato - que aceleró la presión desde el Congreso a la Junta de Supervisión Fiscal a cargo de las finanzas del gobierno de Puerto Rico para imponerle un síndico a la AEE -, “parece capitalismo para los amigos, pero también incompetencia”.

La congresista demócrata Nydia Velázquez (Nueva York) afirmó que al FEMA advertir que nunca aprobó el contrato – contrario a lo que dice el acuerdo-,  “ha hecho claro que nunca debió haber sido firmado” y debe ser anulado.

“A pesar de reclamar lo contrario, en blanco y negro en el contrato, FEMA ha declarado pública e inequívocamente que nunca aprobó el contrato. Además, la agencia sugiere que potencialmente no podría liberar fondos para pagar el trabajo que se realiza”, dijo Velázquez, al señalar que “los contribuyentes necesitan saber que sus dólares se gastan sabiamente y, lo que es más importante, la restauración de energía en Puerto Rico debe ocurrir rápidamente”.

FEMA indicó el viernes que cualquier lenguaje en el contrato de Whitefish que diga que dio su aval al contrato es “impreciso”. Sin embargo, el contrato enmendado de Whitefish, en su inciso 68, indica textualmente que la AEE “representa y garantiza que FEMA ha revisado y aprobado este contrato y ha confirmado que este contrato es aceptable en cualquier forma para cualificar para fondos de FEMA o cualquier otra agencia del gobierno de Estados Unidos”.

“La AEE debe pasar a firmar acuerdos de ayuda mutua con otras autoridades de poder para restaurar rápidamente la energía. Si la AEE requiere autoridad adicional para tomar esos pasos, debe dejar eso en claro inmediatamente”, sostuvo la congresista Velázquez en una declaración.

El contrato ha generado ya peticiones de investigación al FBI, el Congreso, la Oficina de Contraloría General (GAO), y los inspectores generales de los departamentos de Seguridad Interna e Interior.

El gobernador Ricardo Rosselló solicitó una auditoría a su director de Presupuesto, que le devolvió la petición con una recomendación de que el tema sea revisado por la Oficina del Contralor.

Rosselló, quien ya había pedido la intervención también del Inspector General del Departamento de Seguridad Interna, envió una solicitud de auditoría el viernes a la contralora Yesmín Valdivieso, como ya había hecho el presidente del Senado de Puerto Rico, Thomas Rivera Schatz.

“Nuestro comité, al igual que otros grupos, vamos a investigar y sabremos lo que hay detrás del contrato de Whitefish. No sé lo suficiente ahora mismo para llegar a una conclusión en contra o a favor, pero esa es la idea, conocer los detalles y cómo ocurrió”, indicó en San Juan, por su parte, el presidente del Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes, el republicano Rob Bishop.

Bishop solicitó al director ejecutivo de la AEE que le entregue a más tardar el viernes próximo todos los documentos relacionados al contrato.

“La AEE debe pasar a firmar acuerdos de ayuda mutua con otras empresas eléctricas (en EE.UU.) para restaurar rápidamente la energía. Si la AEE requiere autoridad adicional para tomar esos pasos, debe dejar eso en claro inmediatamente”, sostuvo la congresista Velázquez.

La congresista Velázquez considera que después de la imposición de Noel Zamot como nuevo jefe de Transformación de la AEE, puesto desde el cual asumirá la dirección de esa corporación pública, es evidente que la junta deberá ser el filtro para la recepción de asistencia federal destinada a la reconstrucción de Puerto Rico.

Esta semana, además, la comisionada residente en Washington, Jenniffer González,  insistió en que el gobierno de Puerto Rico debe ser transparente ante su preocupación de que estas denuncias pongan “una lupa en la utilización de los fondos federales”.

El temor de los que impulsan una importante asignación de fondos para Puerto Rico en una próxima resolución de emergencia, es que el Congreso imponga ahora limitaciones en el uso de las asignaciones como consecuencia de la controversia sobre Whitefish.

Al distanciarse del contrato, el secretario del Interior reconoció el viernes que Whitefish le llamó en torno a ese acuerdo con la AEE, pero aseguró que no tomó acción.

En el Congreso ha generado controversia no solo que Whitefish tiene su oficina en el mismo pueblo de Montana del cual es oriundo el secretario  Zinke,  sino que conoce al presidente de la empresa, Andrew Techmanski.  Uno de los hijos de Zinke trabajó un verano en la empresa de Techmanski.

Uno de los socios de Whitefish, Joe Colonnetta, ha sido un importante donante del presidente Donald Trump y del exgobernador de Texas y ahora secretario de Energía, Rick Perry.