El juez federal Pedro A. Delgado ordenó a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) que presente una moción en la que explique por qué no debe emitir una orden para que no se tomen medidas contra la exvicepresidenta de dicha corporación pública, Ivonne Falcón Nieves, como solicitó la defensa de la acusada.

Falcón Nieves, quien fue arrestada en diciembre pasado, figura en el grupo acusado por corrupción gubernamental en el caso por esquemas ilegales en los que se implica al recaudador de fondos del Partido Popular Democrático (PPD), Anaudi Hernández Pérez.

La acusada informó a la corte que la AAA le notificó el 5 de marzo pasado que se tomaría acción disciplinaria en su contra y le concedió 15 días para contestar y solicitar una vista. De lo contrario, procederán a suspenderla, según indicó. A través de su abogado Godwin Aldarondo Girald, Falcón Nieves pidió que el proceso administrativo en su contra se detenga hasta que termine el caso criminal en su contra.

En la moción solicitada por Delgado, la AAA también debe expresarse sobre la petición de Falcón Nieves para que el presidente de la corporación, Alberto Lázaro, no se pronuncie públicamente sobre el caso. 

La defensa de Falcón Nieves también solicita que, como la Fiscalía federal ya anunció que Lázaro podría ser testigo en el caso, se le prohíba hacer declaraciones públicas, específicamente referentes a su clienta. 

El abogado recordó que hay una orden de mordaza en el caso que entiende le debe aplicar al presidente de la corporación pública.

El juez le dio a la AAA hasta el miércoles para contestar.

El principal acusado, Hernández Pérez, se declaró culpable en febrero pasado por 14 cargos a cambio de un acuerdo de una sentencia recomendada de entre cinco años y ocho meses a siete años y tres meses de prisión.

Hernández Pérez, identificado como amigo del gobernador Alejandro García Padilla, fue acusado junto a otras nueve personas por conspirar para cometer esquemas de fraude con un valor aproximado de $2 millones contra la Administración de Desarrollo Laboral (ADL), la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) y la Cámara de Representantes.

En sala, su abogado Osvaldo Carlo, así como los fiscales Timothy Henwood y José Capó Iriarte informaron que llegaron a un acuerdo para que se declarara culpable por 14 cargos en su contra relacionados a conspiración para cometer fraude a programas federales por soborno, conspiración para privar a Puerto Rico de los servicios honestos de funcionarios por medio de fraude electrónico y extorsión, a cambio de una sentencia sugerida de entre 70 y 87 meses de prisión. La misma incluye la confiscación de la mansión del hoy convicto en Aguadilla, valorada en aproximadamente $4 millones y también podría conllevar una restitución monetaria. Capó Iriarte resumió los tres esquemas de fraude en los cuales participó y fungió como líder Hernández Pérez. Recordó que, según la pesquisa, el primer esquema fue con Sally López Martínez, a quien recomendó para que administrara ADL al hermano del Gobernador, Luis Gerardo "Jerry" García Padilla, ambos amigos cercanos suyos. Esto con el fin de conseguir contratos con compañías que creó, muchas de ellas luego de las elecciones del 2012. Mantenía la relación haciéndole a López Martínez costosos regalos que anotaba en un registro. El segundo esquema se produjo con las coacusadas Sonia Barreto Colón y Falcón Nieves, directora de Oficina de Compras y Logística de la AAA y exvicepresidenta de dicha corporación pública, respectivamente, con el fin de obtener contratos. Esto fue a cambio de regalos, pagos de deudas y cenas. El tercer esquema se detectó en la Cámara de Representantes, donde se alega que hubo un proceso de subasta "corrupto" en el que la compañía de Hernández Pérez, 3CommGlobal, obtuvo un contrato para instalar y dar mantenimiento al cuadro telefónico que nunca funcionó adecuadamente. El resto de las compañías de Hernández Pérez son: Links Group, LLC; Kendall Consulting Group, Inc.; JM Profesional & Training Group, Inc.; Waffler Avenue, LLC; y EKO Technologies LLC. Para probar el caso más allá de duda razonable, de ir a juicio, Capó Iriarte indicó que hubiesen presentado "múltiples testigos", correos electrónicos, cuentas bancarias, documentos y otros que probaban que los esquemas ocurrieron entre 2012 y diciembre de 2015, poco antes de ser arrestado. Fuentes entienden que el acuerdo conlleva que el acusado coopere con las autoridades, tal como hizo anteriormente cuando fue testigo en el juicio contra el exjuez Manuel Acevedo Hernández, y en el caso del contable Lutgardo Acevedo por sobornar al entonces magistrado del Tribunal de Primera Instancia de Aguadilla para que lo absolviera en un caso de homicidio negligente.