El secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), Carlos Contreras, rechazó la propuesta que le hicieron los afiliados a la Asociación de Alcaldes para que los trabajos de mejoramiento de las pésimas condiciones en las que están las carreteras estatales se lleven a cabo mediante un convenio con los municipios.

Así lo dio a conocer ayer el presidente los alcaldes asociados, Rolando Ortiz, y un grupo de sus colegas que salieron frustrados de una reunión que sostuvieron con Contreras, quien declinó la oferta de la matrícula alegando falta de recursos en la agencia.

“Reiteramos la mejor disposición de los municipios para reparar los hoyos, desyerbar y limpiar las carreteras... pero el secretario dice que no es posible. En primer lugar dijo que no tenía recursos y, posteriormente, dijo que iba a contratar compañías privadas para esos fines”, explicó Ortiz, también alcalde de Cayey.

Alcaldes como el de Juana Díaz, Ramón Hernández, le propuso a Contreras establecer el convenio con los $652 millones que el Gobierno ha insistido que utilizará para reestructurar las carreteras estatales mediante una distribución que comprende 180 expresos, 820 vías primarias, 1,700 secundarias y 5,400 terciarias.

“El señor secretario puede disponer $200 millones de esa cantidad que recibió mediante un convenio con todos los alcaldes y así adelantar la obra del país... es tan sencillo como establecer las especificaciones del contrato y nosotros trabajamos las subastas”, manifestó Hernández al establecer que bajo otras administraciones se ha logrado el convenio y ha funcionado “efectivamente”.

Mientras, el alcalde de Corozal, Sergio Torres, mostró preocupación pues, el plan ideado por DTOP, activa los procesos de rehabilitación en su municipio para fechas aisladas, algunas incluso, para marzo de 2019.

“Tenemos la situación del expreso 142, que comprende Toa Alta, Dorado y Corozal, donde urge poner vallas de seguridad y luces porque constantemente hay accidentes... la semana pasada, precisamente, hubo dos”, aseveró al agregar que las carreteras estatales del centro hacia el sur de su pueblo están “en total abandono”.

En Vega Baja, la historia es similar, según el alcalde Marcos Cruz, quien tiene la siguiente interrogante para el Gobierno: “Y, las carreteras, ¿pa' cuándo?”.

En el caso del pueblo norteño, dijo, confrontan problemas de maleza en carreteras, falta de vallas de seguridad en diversas vías y la avería de semáforos.

De hecho, fue Cruz quien respondió a preguntas de la prensa sobre si opinaba que la decisión de DTOP podría responder a algún tipo de desconfianza por parte del Gobierno con los ayuntamientos. 

“Si la política pública del Gobierno actual cambió en términos de la confianza de los municipios, ¡qué mal les va! Los 78 alcaldes estamos haciendo el mismo reclamo. No se trata si unos son rojos, unos azules, unos federados y otros asociados... si actuamos rápido resolvemos la situación. Sino los trenes delanteros de los autos y la seguridad vial de los ciudadanos se va a seguir afectando”, dijo Cruz.

En ese mismo pensamiento, el alcalde de Juana Díaz recordó que si la desconfianza es la justificación para no aprobar el convenio, “el Gobierno, entonces, no aprendió la lección con el huracán María”.

De otra parte, el líder de los alcaldes del Partido Popular Democrático tuvo una reunión con consultores del Tesoro federal, quienes trabajan en el tema de los impuestos a la propiedad, que son recolectados aquí mediante el Centro de Recaudación de Impuestos Municipales.

“Ellos están en la Isla analizando distintas opciones y nuestra posición es que un dólar en manos de los municipios rinde más que en manos de la burocracia del Gobierno central. Esa es una realidad que compartimos alcaldes de ambos partidos. Aquí no partidismo, es eficiencia en los servicios”, explicó Ortiz.

Otro de los temas expuestos en la reunión y que va a la médula de los ayuntamientos, es la retirada de $350 millones del Gobierno central a los municipios.