La Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Puerto Rico aprobó una resolución en la que expresa su “más enérgica protesta” a unas declaraciones hechas por el gobernador Alejandro García Padilla en las que tilda a los abogados, médicos e ingenieros como evasores contributivos y, de paso, rechaza la imposición del Impuesto al Valor Añadido (IVA).

“La Resolución Número 12 que la Junta del Colegio acaba de emitir responde a las expresiones realizadas por el Gobernador cuando anunció su reforma contributiva, la cual establece la imposición de un impuesto al valor añadido sobre bienes y servicios. En dicho mensaje el Gobernador realizó unas manifestaciones lamentables y desatinadas, generalizando a los y las profesionales de la abogacía, medicina e ingeniería, sobre la forma y manera que estos cumplen su obligación contributiva, estigmatizando dichas profesiones como unas donde entre sus integrantes abunda la evasión de impuestos”, informó este jueves el presidente del Colegio, Mark A. Bimbela, en comunicado de prensa.

Específicamente, el gobernador mencionó a los abogados y a otras profesiones como ejemplos de evasores contributivos en el mensaje que dio para presentar su propuesta para transformar el sistema contributivo.

García Padilla mencionó que “solamente unas 12,000 personas, menos del 1%, informan ingresos de más de $150,000 al año. Bajo el sistema actual, los profesionales reportan, en promedio, un ingreso neto de $16,500, incluyendo médicos, abogados e ingenieros. Es decir, que nuestro sistema permite que, en promedio, algunos profesionales reporten a Hacienda menos que los maestros, enfermeras y policías. Eso contrasta con los carros y casas de lujo que vemos en nuestras calles. En otros extremos, hay empresas que no pagan el IVU por la pintura de sus facilidades, diciendo que es parte de la materia prima de su gestión”.

Por estas expresiones, el licenciado Bimbela exigió a García Padilla una disculpa pública para los abogados, al tiempo que demandó a la Asamblea Legislativa que al momento de evaluar la reforma contributiva tome en consideración que la profesión de la abogacía en Puerto Rico es la única en el país que se le exige dar de sus servicios gratuitamente a personas indigentes, aun cuando esto es una responsabilidad que le compete al Estado.

“El Estado ha perdido de perspectiva la enorme aportación que hace la abogacía y las demás profesiones señaladas en beneficio de nuestro país. Es innegable la calidad de la abogacía de Puerto Rico y el compromiso social que todos nuestros colegiados y colegiadas tienen con el país. Nuestros colegiados y colegiadas, además de cumplir sus obligaciones contributivas, asumen todos los días su responsabilidad social, representando gratuitamente a  familiares, amigos, miembros de la comunidad civil, instituciones sin fines de lucro; asumiendo la representación de casos pro bono del Colegio de Abogados y Abogadas de manera voluntaria, sincera y comprometida, así como otros múltiples casos meritorios en beneficio de nuestra Patria”, enfatizó Bimbela.

En relación al IVA, la Resolución establece que la imposición es una “medida tributaria regresiva no progresiva, crearía una sociedad más pobre y desigual, ocasionando entre otros problemas un incremento en la falta de acceso a la justicia en Puerto Rico, que ya de por sí es preocupante,  especialmente en áreas del acceso a la justicia del pueblo trabajador.  Dice además que el Gobierno no ha tomado en consideración las múltiples ramificaciones, sociales y profesionales, que la imposición del IVA ocasionaría como tampoco de qué manera el IVA afectará en las distintas prácticas del Derecho y su repercusión en aquellos casos que el Estado es el proponente”.

La Junta de Gobierno del Colegio de Abogados también aprovechó para denunciar que el proceso de discusión impulsado por el Gobierno para el cambio contributivo carece de la transparencia necesaria que permita la confianza del pueblo con la propuesta y su propósito.

Expresaron que “nuestras expresiones en forma alguna condonan la evasión de las responsabilidades contributivas de estos sectores profesionales. Si existen casos aislados donde la evasión se ha detectado, el Estado tiene a su alcance los mecanismos para procesar dichos evasores.”