Asesorados legalmente por el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá, integrantes de la delegación popular de la Cámara de Representantes demandaron ayer a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).

Los afiliados al Partido Popular Democrático (PPD) plantean en el pleito legal que la JSF violenta los principios de separación de poderes y que sus integrantes fueron nombrados de forma inconstitucional.

Los detalles de la demanda, incoada a nombre de 15 de los 16 representantes de minoría -a excepción del legislador Jesús Manuel Ortiz- fue divulgada en una conferencia de prensa por el portavoz cameral del PPD, Rafael “Tatito” Hernández.

Durante la conferencia de prensa no se explicó el por qué Ortiz estuvo excluido. 

Entre los planteamientos del grupo - asesorados pro bono para el pleito por Acevedo Vilá y los licenciados en leyes Jorge Martínez Luciano y Emil Rodríguez Escudero-, se hace hincapié en que la JSF ha asumido un papel de gobernación, legislación y de política pública sin ser un cuerpo electo democráticamente.

Hernández explicó que la demanda busca probar que a la JSF se le han dado poderes legislativos y ejecutivos sobre la Isla, violando el derecho de todo ciudadano estadounidense a tener un sistema republicano de gobierno con garantías de separación depoderes.

"Ese es un derecho fundamental que se tiene que garantizar... y los poderes que se le dan a la Junta subvierten ese derecho”, expresó el legislador cameral del PPD.

De otra parte, la demanda trae nuevamente la controversia de que los integrantes de la JSF fueron nombrados de forma inconstitucional pues no fueron nominados por el presidente estadounidense y confirmados por el Senado de los Estados Unidos.

La jueza federal Laura Taylor Swain mantuvo la semana pasada la constitucionalidad de la Ley Promesa, al determinar que el poder del Congreso sobre los territorios les permitió constituir sin cumplir con la cláusula de nombramientos de la Constitución de EE.UU.

El representante Luis Vega Ramos comentó que la denuncia también enfoca argumentos en demostrar la coacción “perpetrada” por la JSF al tratar de manipular a los legisladores advirtiéndoles que rechazarían el presupuesto aprobado y validado en la Asamblea Legislativa - el mismo que el gobernador Ricardo Rosselló firmó de manera “simbólica”- si no se derogaba la Ley 80 contra el despido injustificado.

“Fuimos sujetos del chantaje, de la coacción que la Junta de Control Fiscal ha querido perpetrar sobre el pueblo de Puerto Rico amenazando con aprobar un presupuesto injusto y que le quita derechos a nuestros ciudadanos”, opinó Vega Ramos. 

Los representantes populares insisten que las acciones de la JSF son distantes al propósito de la Ley Promesa, la cual pretende estabilizar las finanzas de Puerto Rico, el cual enfrenta una quiebra a causa de una deuda pública de más de $70,000 millones.

El grupo anticipa que la demanda llegará al Tribunal Supremo de los Estados Unidos y que, lo más probable, se consolide con las que sometieron los legisladores del Partido Nuevo Progresista (PNP) y el Gobernador.

“La decisión (final del tribunal) va a ser positiva , ya sea para delimitar o sea para aclarar lo que todos sufrimos en Puerto Rico y para aclarar de una vez por todas el problema de la relación entre Puerto Rico y los Estados Unidos”, sostuvo Hernández.