El superintendente de la Policía, Héctor Pesquera, advirtió sobre la necesidad de aprobar una asignación de $20 millones para encaminar las reformas requeridas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos en su demanda contra la Uniformada.

El juez federal Gustavo Gelpí ha otorgado varias prórrogas para ratificar el acuerdo. La más reciente fue hasta el 30 de mayo, a petición de ambas partes, para continuar con las negociaciones relacionadas con el presupuesto para las reformas.

"Ambas partes están trabajando con los números del presupuesto para presentárselo al juez y tomar las determinaciones. Pero no es que haya un problema de ninguna índole", dijo Pesquera.

"El Gobierno tiene que aportarlo y tiene que garantizarle al Departamento de Justicia, a través del árbitro, que es el juez Gelpí, que está comprometido con llevar a cabo los acuerdos", afirmó Pesquera. "No veo cómo no se pueden asignar. Todo es posible, pero entonces quien tome la determinación va a tener que sentarse frente al juez federal a decirle por qué no (lo aprobó)", insistió.

Durante las vistas del Senado sobre el presupuesto de la Policía, trascendió que hay un proyecto de ley pendiente en la Comisión de Hacienda que asignaría los $20 millones para comenzar a encaminar las reformas que establecen los acuerdos.

"La asignación de los $20 millones viene a consecuencia de lo que se estima que va a costar el acuerdo dentro del primer año", sostuvo Pesquera, tras una conferencia de prensa ayer, lunes, en Bayamón.

"Como la Policía está tan atrás, dentro de todo lo que hay que hacer para llegar a cumplir con los acuerdos, se necesita una base para empezar a funcionar", agregó.

 Pesquera explicó que la agencia va a necesitar "una cantidad sustancial de dinero para invertirla en equipo, particularmente en equipo de informática, equipo para la base de datos, para entonces empezar poco a poco a levantar la información que va a estar sujeta al cumplimiento con el acuerdo".

En la demanda, sometida el año pasado, el DoJ acusaba a la Policía de un patrón de violaciones de derechos civiles. Desde entonces, las partes han estado negociando un acuerdo de reforma en la Policía, partiendo de cientos de recomendaciones que hizo la agencia federal.