Aunque no tiene certeza de su impacto económico, la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) rechazó este martes un proyecto de ley que obligaría a esa corporación pública a aplicar la tarifa residencial en lugar de la comercial en las áreas comunes de las urbanizaciones.

Elizabeth Rivera, gerente de la Oficina del Directorado de Servicio al Cliente de la AEE, advirtió que esa entidad gubernamental no toleraría un nuevo subsidio, crédito o una reducción tarifaria debido al precario estado de sus finanzas.

"La concesión de nuevos créditos, subsidios o tarifas con cargos reducidos agravaría la situación financiera de nuestra empresa, y no es una alternativa viable... No estamos económicamente preparados para absorber ninguna tarifa reducida, crédito o subsidio", indicó Rivera en vistas públicas de la Comisión cameral de Asuntos del Consumidor y Prácticas Antimonopolísticas, presidida incidentalmente por el representante Manuel Natal.

La pieza extendería a las urbanizaciones un beneficio que gozan desde el 2008 los residentes en condominios sujeto al régimen de propiedad horizontal, quienes pagan la tarifa residencial -la más reducida- en áreas comunes como los pasillos, escaleras, entre otras estructuras que promuevan el uso residencial del inmueble.

Según Rivera, en el año fiscal 2011-2012, conceder esa tarifa le costó a la AEE cerca de $1.4 millones, que están incluidos en los $89 millones que se estima costaron en su totalidad los créditos y subsidios que otorgó la corporación pública ese año.

"Extenderles la concesión de la tarifa residencial a sus áreas comunes (de las urbanizaciones) mediante la aprobación de este proyecto aumentará aún más el impacto económico que representan los créditos y subsidios", insistió.

Explicó que es imposible conocer en estos momentos el número de urbanizaciones que se beneficiarían y lo que supondría para la AEE aprobar la baja en la tarifa de las áreas comunes, pues algunas cuentas no están registradas a nombre del complejo de viviendas, sino que aparecen identificadas por el nombre del desarrollador, las compañías de administración o el presidente de la junta de residentes.

La funcionaria de la AEE advirtió, además, que el cambio de la tarifa de comercial a residencial no reduciría necesariamente la factura de los residentes de ciertas urbanizaciones porque eso dependerá del tipo de distribución del voltaje, si es primario o secundario.

Rivera también alertó que algunas urbanizaciones poseen áreas recreativas y deportivas, como piscinas, canchas de tenis, campos de golf y centros de recepciones que consumen gandes cantidades de electricidad, y que incluso, se utilizan para alquilarlos a terceros que no viven en el lugar.

"El uso de estas facilidades no es libre de costo, por lo que podría catalogarse como una actividad comercial. Además, estas áreas no son para uso doméstico, y este es uno de los requisitos que se establece en la aplicación de la tarifa de Servicio Residencial General", subrayó.

Recordó que, según el informe de la firma Ernst & Young, que detalla los estados financieros de la AEE para el año fiscal 2012, el déficit operacional de la entidad pública rondó los $342.6 millones.

"Si la Legislatura pudiera identificar algunos fondos viables que nos puedan dar, nosotros con mucho gusto pudiéramos dar este cambio de tarifa", señaló. 

Recientemente, las finanzas de la AEE sufrieron un golpe considerable al aprobarse el 1 de julio la ley que ordena a esa corporación a concederle una tarifa preferencial a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados.

Por su parte, la Oficina del Procurador del Ciudadano apoyó la pieza por entender que quienes viven en urbanizaciones deben gozar de los mismos derechos y beneficios que quienes habitan en condominios.

"De no aprobarse la presente medida, esta comisión debe auscultar y evaluar las razones por las cuales solo se le brinda el beneficio de tarifa residencial a aquellas áreas comunes en propiedades regidas bajo el régimen de propiedad horizontal", enfatizó la procuradora del Ciudadano, Iris Miriam Ruiz, por voz del licenciado Rolando Meléndez, director asociado de la División Legal de esa agencia.