Aflora el estado real de las finanzas públicas

11/16/2012 | 03:30 p.m.
“El panel admitió que el déficit era mucho mayor de $333 millones que se habían expresado anteriormente, pues no se habían incluido unos gastos operacionales”, afirmó la ingeniero Ingrid Vila. (teresa.canino@gfrmedia.com)  
Durante la primera vista pública de transición el titular de la JP reveló que la proyección de crecimiento económico para el año fiscal 2012 se redujo de 0.9% a 0.4%.

El estado real de las finanzas públicas comenzó a aflorar este viernes durante la primera vista pública del comité de transición, donde el presidente de la Junta de Planificación (JP), Rubén Flores, reveló que la proyección de crecimiento económico para el presente año fiscal será 0.5% menor a la que anunció en abril pasado, que fue de 1.1%.

 Elfuncionario indicó que, tras un análisis cuyo resultado no se reveló antes de las elecciones generales del 6 de noviembre, la proyección de crecimiento económico para el presente año fiscal se fijó en 0.6%.

Durante la primera vista pública de transición entre las administraciones del gobernador saliente Luis Fortuño, y del gobernador entrante Alejandro García Padilla, el titular de la JP también reveló que la proyección de crecimiento económico para el año fiscal 2012, que concluyó en junio pasado, también se redujo de 0.9% a 0.4% tras la revisión.

Durante su breve alocusión, que marcó la sesión mañanera de la vista de transición, Flores también admitió que hay problemas con la recopilación de información estadística y abogó por mayores recursos para el Instituto de Estadísticas, que sufrió grandes recortes durante la presente administración.

Según Flores, el Gobierno necesita una institución que se dedique a recopilar la data estadística, especialmente la relativa a los municipios autónomos.

 “El Instituto de Estadísticas puede ser fundamental en ese particular. Que ellos se intregren en ese particular. Nosotros tenemos una colaboración muy estrecha con su equipo pero eso falta porque en el ámbito del análisis económico, la JP, el banco, tienen economistas que tienen ese expertise pero ese middleman de información a nivel de municipios, y cómo eso se captura a nivel central, eso está fallando y necesitamos, para el interés del país, darle particular interés a esa área”, manifestó el funcionario.

“Ciertamente, se le deben dar más recursos al Instituto de Estadísticas y que claramente se establezca la función de ellos. Ellos tienen ese expertise en materia de la metodología estadística y puede ser un ente que capacite a los componentes del gobierno y del sector privado”, agregó.

 Pero el saliente secretario de Estado, Kenneth McClintock, defendió la información vertida en el proceso de transición.

“Esa información se hace exactamente con la misma metodología que se siempre se ha seguido en el pasado. Tanto en las estadísticas de la Junta de Planificación como en las estadísticas del Departamento del Trabajo, que son avaladas por el Bureau of Labor Statistics a nivel federal, o sea que no ha habido un cambio en metodología”, expresó McClintock al ser cuestionado sobre la veracidad de la información vertida a raíz de las expresiones del presidente de la JP.

“Tampoco ha habido un cambio en los profesionales que por muchos años son los que recopilan la información, y en ese sentido, es lo que es. Y como dije anteriormente, la data que se recopiló, en abril permitió a los economistas de la JP estimar un range de alternativas de negativo 0.2 a positivo 2.0, el estimado original de abril estaba en 0.9.

 Estimado ahora, con seis meses más de data disponible, es de 0.4 en el campo positivo”, agregó McClintock, quien copreside el comité de transición por parte del gobierno saliente.

En el encuentro público, que tuvo lugar en el salón Protocolar del Departamento de Estado en el Viejo San Juan, el secretario de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), José Pérez Riera, ofreció datos sobre el déficit gubernamental, que la actual administración estima que, al final del presente año fiscal, sería de $333 millones, pero sin incluir unas deudas prorrogadas.

“El panel admitió que el déficit era mucho mayor de $333 millones que se habían expresado anteriormente, pues no se habían incluido unos gastos operacionales”, afirmó la ingeniero Ingrid Vila, copresidenta del comité de transición por el gobierno entrante.

Y es que, como parte de la presentación general sobre la situación económica del Gobierno, el presidente del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), Juan Carlos Batlle, indicó que el déficit se redujo de $3,306 millones en 2009 a $600 millones en el año fiscal 2012, y estimó que esa cifra sería de $333 millones al final de este año fiscal, que culmina en junio próximo.

 Pero Batlle admitió que esos números fueron calculados con la reestructuración del servicio de la deuda por $771 millones, lo que tiene el efecto de volver a posponer su pago y de dejarlo fuera del cálculo del déficit.

El secretario de Hacienda, Jesús Méndez, explicó que esa reestructuración fue necesaria para poder cumplir con los compromisos no postergables del gobierno, como el pago de nómina.

“De los gastos que puedes controlar para arreglar o mitigar la situación del déficit, la nómina no puedo dejar de pagarla, los gastos operaciones tampoco. Donde único tengo espacio para mitigar el gasto en efectivo es reestructurar el servicio de deuda que puedo diferir. Es un compromiso que tengo, pero no lo estoy desembolsando este año”, explicó Méndez.

“No lo tuve que pagar, es un compromiso que tenía que logré diferir para un futuro. ¿Es una práctica que debemos ir mitigando y eliminando? De acuerdo. Pero no tengo para pagar los gastos que no puedo dejar de pagar pues tengo que trabajar con aquellos que el mercado me permite diferirlos en lo que vamos mejorando la situación fiscal”, agregó.

Asimismo, Batlle indicó que ha tenido conversaciones recientes con representantes de las agencias crediticias Standard & Poor’s, Moody’s y Fitch para explicarles sobre el proceso de transición. Indicó que el gobierno tiene una mejor clasificación crediticia de la que tenía en 2009.

En la sesión de la tarde, los funcionarios ofrecieron un cuadro más específico de la situación actual del Gobierno, que incluye el pago de más de $300 millones por concepto de demandas, más de 46,000 empleados menos que en 2008 y una deuda pública de $67.7 millones. Según Batlle, hasta junio pasado, de esos $67,707,943 en deuda pública, $21.5 corresponden al gobierno central, $15.9 a Cofina, $26.2 a las corporaciones públicas y $3.8 a los municipios.

Batlle también abordó de forma general la situación del Sistema de Retiro de Empleados del Gobierno que, como se ha reportado reiteradamente, podría quedar insolvente a partir del 2021.

El banquero gubernamental aprovechó para presentar las propuestas que comités, organizaciones y actuarios independientes han hecho para atender la situación. Esas propuestas incluyen incrementar las aportaciones patronal y de los empleados.

A partir del lunes próximo, comenzarán las vistas con agencias individuales y ese día le tocará el turno al Departamento de Hacienda. Se prevé que la vista comience a las 8:30 a.m. y se extienda hasta la tarde.