A Fortaleza proyecto que restituye facultades del Colegio de Abogados

Por Gerardo Cordero / gerardo.cordero@gfrmedia.com 03/24/2013 |05:29 p.m.
Además, otro de los proyectos (el proyecto del Senado 357) establece que los expedientes de los letrados pertenecen al CAPR, mientras un abogado esté colegiado. (Archivo)  
Al presente, esa facultad ha sido desempeñada por el Comisionado de Seguros.

Tres proyectos de ley para restituirle al Colegio de Abogados de Puerto Rico (CAPR) facultades que le fueron eliminadas durante el pasado cuatrienio serán referidos para la firma del gobernador Alejandro García Padilla, después que las medidas fueron aprobadas por Cámara y Senado.

Una de las medidas aprobada por el Senado el pasado jueves en la noche, el proyecto del Senado 358, enmienda la Ley Notarial para restituir al CAPR la facultad de expedir fianzas notariales y administrar el Fondo de Fianza Notarial.

Además, otro de los proyectos (el proyecto del Senado 357) establece que los expedientes de los letrados pertenecen al CAPR, mientras un abogado esté colegiado.

Ajustes adicionales a la Ley Notarial para que se otorgue a esa organización el importe del producto de la venta del arancel del Impuesto Notarial, que por ley vienen obligados a cancelar en los documentos o instrumentos públicos autorizados para fines diversos, también queda ahora pendiente de la firma del gobernador. Esa enmienda, incluida en el proyecto del Senado 359, fue la tercera medida aprobada por el Senado el jueves, tarde en la noche.

El Artículo 7 de la Ley Notarial de Puerto Rico establece que ninguna persona puede ejercer la práctica de la notaría sin tener vigente una fianza que responda por el buen desempeño de las funciones de su cargo y de los daños y perjuicios que por acción u omisión cause en el ejercicio de su ministerio. 

La Ley 158 de 2011, eliminó la facultad concedida al CAPR para expedir fianzas notariales, pero lo legislado en Cámara y Senado le otorgaría nuevamente ese poder a la organización que supone la administración del Fondo de Fianza Notarial.

Al presente, esa facultad ha sido desempeñada por el Comisionado de Seguros.

La Ley 158 "creó un evidente conflicto de intereses al autorizar a la entidad reguladora a participar de la misma actividad económica que sus regulados", precisó una de las justificaciones de la actual acción legislativa que cambia las disposiciones del Artículo 79, entre otras modificaciones.

El nuevo ajuste a la Ley Notarial propiciaría que el CAPR reciba nuevamente fondos para programas de servicios a la comunidad, como de asistencia legal gratuita a indigentes o programas de educación legal para los letrados.

Previo a la aprobación de la Ley 158 de 2011, con los ingresos que el Colegio recibía producto de los ingresos provenientes del sello notarial, asignó de manera consecuente recursos económicos a Pro-Bono, Inc., al Instituto de Educación Práctica, al Instituto del Notariado Puertorriqueño, al Instituto de Investigaciones Jurídicas y a diferentes comisiones para ayudarles a cumplir con sus objetivos programáticos.

“Con estas medidas le devolvemos al Colegio funciones y fondos que le fueron retirados el pasado cuatrienio, en un acto de justicia”, dijo el presidente del Senado, Eduardo Bhatia, en un comunicado de prensa tras aprobarse las medidas.

  Contra las aseguradoras

Los proyectos sobre el CAPR fueron aprobados en la misma sesión del Senado en la que se aprobó un proyecto de ley para prohibir a las aseguradoras de servicios de salud coartar hospitalizaciones que son producto de una recomendación médica.

La prohibición, contenida en el Proyecto del Senado 217, sometido por el novoprogresista Ángel Martínez y suscrito por Ramón Luis Nieves, del Partido Popular Democrático (PPD), fue aprobada con los reparos del presidente senatorial Eduardo Bhatia.

Durante el debate de la medida, Bhatia expresó que aunque en principio favorece frenar la "barbaridad" de que se pueda negar una hospitalización justificada por un médico, preferiría incluir esa medida como parte de una reforma de salud que frene el protagonismo de las aseguradoras privadas para garantizar mejores servicios para los pobres.

La senadora independentista María de Lourdes Santiago, por su parte, auguró que ese proyecto será frenado por la Cámara y por la rama ejecutiva, así como por "los buitres de las aseguradoras", aunque tiene el fin noble de evitar "el atropello y la marginación de un derecho humano" de servicios de salud y que tiene que ver con atenciones "que definen que la gente viva o muera".

Santiago destacó, además que resulta "asqueante" que empleados de aseguradoras privadas "sin cualificaciones" intervienen en los hospitales para agilizar la salida o el alta de hospitalizados debido al reprochable "negocio de la salud" que impera en la Isla.

A reestructurar  juntas

En la sesión del Senado, los legisladores también aprobaron un proyecto para reestructurar y reorganizar el cuerpo rector de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA). El Proyecto del Senado 323 modifica, además, el término de los nombramientos en la junta directiva de esa corporación pública.

 También resolvieron enmendar la Ley de de Telecomunicaciones, para aumentar el número de miembros asociados de la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones a través del Proyecto del Senado 217,

La minoría novoprogresista repudió las medidas para modificar juntas directivas de corporaciones públicas y ante los reproches el vicepresidente del Senado, José Luis Dalmau, dijo, entre otros planteamientos que en el caso de la AAA, la medida "mejorará el funcionamiento de la Junta según dictan las casas acreditadoras" y subrayó que la acción es necesaria "si queremos que el crédito (del país) mejore".

Dalmau minimizó críticas del PNP en el sentido de que la legislación sobre las juntas supone acomodar nuevos miembros que respondan al PPD al cuestionar que "si así fuera, ¿sería malo?". De inmediato, sentenció que en el pasado cuatrienio, hicieron nombramientos en esos organismos teniendo en cuenta el elemento la ideología política.

Agregó que en las medidas, se frena el capricho para sacar a los miembros, al incluir, entre otras disposiciones razones para "justa causa" como incompetencia, depravación moral, abuso de autoridad o comisión de delitos u abandono de deberes. Concluyó que se trata de legislar para "lograr la profesionalización de las Juntas".