A casi cinco meses de la aprobación de la “Ley de Apoyo a la Microempresa, al Pequeño y Mediano Comerciante”, las agencias encargadas de implementarla todavía desconocen sus disposiciones, lo que ha dificultado que se cumplan los objetivos de ese estatuto.

Así lo confirmaron este miércoles el presidente de la Cámara de Representantes, Jaime Perelló, y el director de la Compañía de Comercio y Exportación (CCE), Francisco Chévere, al anunciar una campaña conjunta para orientar sobre el contenido de la ley, que ofrece diversos incentivos a las Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes), como la concesión de un trámite expedito para la obtención de permisos.

La Ley 62-2014, firmada el 11 de junio para promover el desarrollo de las Pymes, dispone entre otras cosas que la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPE) y los municipios autónomos con facultad para ello podrán conceder permisos de carácter condicional para actividades que no supongan un riesgo para la salud, el ambiente y la seguridad.

“La ley está en vigor. Se supone que los permisos, en 24 horas, ya se estén dando. Ya se han dado unos cuantos, pero el Pyme está peleando mucho para que se lo den. Todavía no están entendiendo las agencias”, reconoció el líder cameral durante el lanzamiento de la campaña “Fuerza PyME”.

La información fue confirmada por Frank Medina, propietario de la cadena de tiendas Vita Natura, quien comentó a este medio que recientemente hizo los trámites para abrir un nuevo local en Mayagüez, y tuvo que señalarle a los empleados encargados de la permisología que la nueva ley dispone que el permiso temporero debe gestionarse en un día laborable.

Medina forma parte de la “Junta de Apoyo para las Microempresas, los Pequeños y Medianos Comerciantes de Puerto Rico”, creada también por virtud de la misma ley como el organismo encargado de velar por el fiel cumplimiento de sus disposiciones. Esa entidad también deberá fiscalizar cómo se manejan otras leyes en beneficio de las Pymes.

Los miembros de la junta, que integra a representantes del Gobierno y el sector privado, se reunieron por primera vez la semana pasada, y todavía trabajan en el reglamento que guiará la implantación de la Ley 62.

Chévere, presidente de la junta, indicó que durante el primer encuentro se aprobó una resolución que instruía a las entidades gubernamentales a cumplir con la legislación, y advertía sobre las consecuencias de no hacerlo.

“La primera resolución que pasó la junta... fue precisamente establecer la directriz y al interpretación de la Ley 62 de que, tanto la OGPE como los municipios autónomos que conceden permisos, tienen que cumplir con la letra, el espíritu de las disposiciones del permiso condicionado de 24 horas. Si no, la JP tiene prerrogativas de, inclusive, municipio autónomo que no cumpla, pudiera estar recibiendo algún tipo de penalidad o quitársele el estatus para poder dar los permisos”, dijo el titular de la CCE.

La Cámara y la CCE firmaron un acuerdo colaborativo para desarrollar la campaña “Fuerza PyME”, que incluirá pautas en diversos medios de comunicación en las que se promoverán estos comercios como alternativa para los consumidores, y se les informará a los empresarios de este sector sobre los beneficios, derechos y obligaciones que incluye la nueva ley.

Además, se suscribió un acuerdo con fines similares con los gremios empresariales, incubadoras de negocios y organizaciones sin fines de lucro que representan o sirven a ese segmento de la economía para unir fuerzas y desarrollar proyectos conjuntos que permitan fomentar el sector.

Entre las entidades participantes, figuran Iniciativa Tecnológica del Norte (Intenor), Iniciativa Tecnológica Centro Oriental (Inteco), Desarrollo Integral del Sur (Disur), Iniciativa Tecnológica del Noreste (Intene), el Corredor Tecnoeconómico de Puerto Rico y los Centros Sor Isolina Ferré.

Como parte de la iniciativa, el 5 de noviembre se efectuará la “Primera Expo de Fuerza PymE” en las instalaciones de Intenor, en Barceloneta, donde los asistentes podrán recibir talleres y conferencias para establecer o ampliar sus negocios.

Perelló indicó que la campaña tendrá un costo de $500,000, que fueron consignados mediante una asignación especial a la CCE en el presupuesto vigente.