Los sistemas de televisión colocados en las agencias públicas podrían difundir pronto solo programación de la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública (WIPR) si se convierte en ley un proyecto aprobado por la Cámara de Representantes.

La medida del representante Charlie Hernández fue ratificada el martes por el pleno en votación partidista con 28 votos a favor y 21 en contra, y este miércoles el legislador popular insistió en que su interés es buscar "que el gobierno capitalice sobre sus propios recursos".

"Mi deseo es fortalecer la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública, que el público tenga mayor acceso a ella, y que en su hogar decidan qué ver", dijo Hernández a este medio al afirmar que el Gobierno le ha dado la espalda a la estación pública.

El estricto requerimiento que aplicaría a las tres ramas de gobierno busca promover la programación de WIPR, y prohibir que se emita material con contenido comercial en los televisores de las entidades públicas que ofrecen servicios a los ciudadanos.

"Es vital que se incremente la presencia gubernamental dentro de la programación televisiva pública y que el ciudadano entienda que mediante esa vía el Gobierno habrá de comunicarle información de interés", reza la exposición de motivos de la medida.

 "Nos preocupa, particularmente, la utilización de facilidades públicas para difundir información privada y comercial sin compensación pública o sin que haya mediado autorización de ley", añade.

Según el proyecto de ley, utilizar los televisores desplegados en las agencias del Gobierno podría violentar el Artículo VI, Sección 9, de la Constitución del Estado Libre Asociado, que establece que “solo se dispondrá de las propiedades y fondos públicos para fines públicos y para el sostenimiento y funcionamiento de las instituciones del estado, y en todo caso por autoridad de ley”.

 "Las oficinas públicas no están para anunciar detergentes ni pasta de dientes. Ese no es el lugar de las oficinas del Gobierno... El Gobierno de Puerto Rico tiene que aprender a usar sus propios recursos", aseveró el portavoz de la delegación del PPD en la Cámara.

La directriz no aplicaría en aquellos casos en que los aparatos en las entidades públicas emitan anuncios gubernamentales o de interés público, o difundan programas educativos o culturales, o material no comercial.

Cualquier funcionario que violente la legislación, se expondría a sanciones administrativas según estipuladas en los respectivos reglamentos de las agencias.

Tras su aprobación, el proyecto de Hernández fue criticado enérgicamente por miembros de la minoría del Partido Nuevo Progresista como Ángel "Gary" Rodríguez, quien afirmó que la pieza otorga demasiados poderes al estado y se presta para propósitos político partidistas.

“Tener control de toda la programación de un canal de televisión en las agencias y dependencias de Gobierno brinda a esta y cualquier otra administración un poder que no debería tener. Que toda oficina gubernamental tenga que sincronizar los televisores en salas de espera al canal seis exclusivamente le brinda al estado una audiencia cautiva con la cual bombardear de material político partidista", afirmó Rodríguez en un comunicado.

“Esta administración lo que quiere es controlar las ondas televisivas y lo que los puertorriqueños ven en la televisión", añadió el legislador por Toa Alta y Bayamón.

Rodríguez es autor de otra medida que busca restringir lo que se difunde en los televisores de las dependencias públicas para que emitan estrictamente programación local.