Tres proyectos legislativos dirigidos a enmendar la Ley Orgánica de la Administración para el Sustento de Menores (Asume) fueron rechazados este miércoles por dicha agencia y por la Oficina de Administración de Tribunales (OAT) y evaluados con múltiples reservas por el Colegio de Profesionales del Trabajo Social.

Uno de los proyectos propone transferir Asume del Departamento de la Familia a la OAT, otro busca regular la inclusión de los ingresos no recurrentes en el cómputo de la pensión alimentaria, así como la responsabilidad por el pago de los gastos legales en las disputas sobre este tema, y el tercero procura regular el momento en que aplican los ajustes en dicha pensión cuando de determina que el padre o madre no custodio tiene al o los menores más del 20% del tiempo.

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La primera propuesta enfrentó la oposición de Asume y la OAT, que en ponencias separadas ante la Comisión de Derechos Civiles, Participación Ciudadana y Economía Social del Senado, coincidieron que la misma es contraria al ordenamiento jurídico del país ya que propone realizar una fusión de una agencia de la Rama Ejecutiva a una Oficina de la Rama Judicial “sin considerar que las determinaciones administrativas de la Asume son revisadas por la Rama Judicial”, según lo expuso la Administradora de esa agencia, Rosabelle Padín Batista.

“El proyecto de Ley bajo estudio no toma en cuenta las particulares características y necesidades de las funciones que constitucionalmente les fueron confiadas al Poder Judicial”, expresó por su parte la administradora de los Tribunales, Isabel Llompart, al comentar la medida.

Concluyó esta que “la aprobación de la medida legislativa menoscabaría la independencia y el funcionamiento de la Rama Judicial, militaría contra el fino balance de poderes en nuestro sistema de gobierno y lesionaría seriamente la autonomía presupuestaria y la salud fiscal de la Rama Judicial”.

El Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico también expresó sus reservas sobre la medida, mientras que la organización “Crianza compartida Ya”, endosó la misma con enmiendas, al igual que lo hizo la entidad “Crianza Compartida”, que ofreció un “apoyo condicionado”.

Sobre el proyecto que trata sobre los ingresos no recurrentes, Asume y OAT también levantaron objeciones a lo propuesto.

“Es decir, por el solo hecho de la frecuencia o regularidad con la cual se reciban, se persigue excluir del cómputo de la pensión, ingresos de las partes”, afirmó la administradora de Asume al expresar su oposición a dicha propuesta.

Indicó que el recién aprobado Reglamento 8529 de la agencia, el cual entró en vigor el pasado noviembre, toma en consideración la frecuencia con la cual las partes reciben sus ingresos y la diferencia entre aquellos que son recurrentes y los que no lo son y establece las normas en cuanto a la forma en que serán considerados y computados.

“Eliminar la cuantía de ingreso no recurrente de la persona no custodia del ingreso que será considerado al determinar la pensión podría tener el efecto de privar a los y las menores del disfrute de un estilo de vida cónsono con el de la persona no custodia”, señaló mientras tanto la administradora de OAT.

En favor de la propuesta se expresó “Crianza Compartida” que señaló, en ponencia firmada por su presidente Hiram Angueira, que el proyecto “representa una leve mejoría a la terrible situación en que se encuentran sumidos los padres no custodios y sus hijos e hijas en Puerto Rico”.

Este proyecto también propone cambios en la forma de determinar a quién le corresponde el pago de los honorarios de abogados en disputa por custodia o pensión alimentaria.

Igualmente esta propuesta fue rechazada por Asume y OAT, pero endosada por “Crianza Compartida” que expresó que, “se debe eliminar de la Ley (vigente) que el que los padres no custodios tengan que pagar los honorarios de abogados de la parte custodia”.

El tercer proyecto en evaluación, el P del S 1248 propone que en aquellos casos donde se determine la custodia compartida de un menor entre sus progenitores, no se podrá ajustar la pensión alimentaria por tiempo de visita que exceda el 20% antes de la celebración de una vista judicial de seguimiento, posterior a la determinación de custodia, en la que el juzgador se cerciore que se cumplen con los acuerdos.

Dispone además que, una vez corroborado el cumplimiento, en un término no menor de seis meses de podrá referir al oficial examinador de pensiones o a Asume, para el ajuste correspondiente a la pensión.

Asume también objetó esta propuesta y recordó que el mencionado reglamento 8529 ya reconoce la figura del ajuste a la pensión alimentaria básica en los casos en los que la persona no custodia pase el 20% o más del tiempo con el menor y dispone el mecanismo para atender estas situaciones.

La misma fue objetada además por la OAT y por el Colegio que sostuvo que “sería totalmente injusto, ya que la responsabilidad de ambos padres está presente desde dicha determinación”.

También la rechazaron las organizaciones Crianza Compartida Ya! y Crianza Compartida. Esta última expresó que “este proyecto es una pieza legislativa discriminatoria”.