Nueva York - El gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, rechazó hoy que se tomen medidas de austeridad que perjudiquen a la población y pidió el mantenimiento de todas las ayudas federales, durante su presentación ante la Junta de Supervisión del plan a 10 años para la economía de la isla.

García Padilla compareció en Nueva York ante los miembros de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), una entidad que creó la Ley Promesa aprobada por el Congreso en Washington para decidir sobre la política fiscal y la deuda de Puerto Rico, en la segunda reunión de ese grupo compuesto de 7 miembros a los que expuso un plan a 10 años para la economía local.

El jefe del Ejecutivo entregó un plan fiscal -documento técnico de más de 50 páginas- a la junta que incluye siete puntos que deben ser la base para asegurar que se implementan medidas de austeridad que a la vez no perjudiquen el crecimiento de la economía.

"El coste de la crisis no deben pagarlo los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico", dijo García Padilla ante los miembros de la JSF, la entidad que durante los próximos años se superpondrá al Ejecutivo local, que deberá dar cuenta de todas las medidas fiscales y financieras que toma ante sus siete componentes, nombrado por el presidente de Estados Unidos, Barack Obama.

García Padilla resaltó que a pesar de que el Ejecutivo y los acreedores se pongan de acuerdo para la reestructuración de la deuda, seguirá siendo necesario el apoyo del Gobierno federal para evitar lo que catalogó puede ser una crisis humanitaria ante la falta de fondos para pagar a los acreedores de la deuda y prestar a la vez servicios básicos a la población.

Dijo además que es necesaria la igualdad con el resto de los territorios de Estados Unidos en los fondos federales de Medicaid para personas con bajos ingresos.

El plan se basa en siete puntos que tratan de asegurar que las políticas de austeridad no perjudican la inversión, necesaria para mantener el crecimiento económico.

El objetivo es mantener la disciplina presupuestaria y la transparencia de las cuentas públicas, pero a la vez incentivar el crecimiento económico, para lo que se pide que sigan fluyendo fondos federales desde Washington.

El plan urge a que la JSF negocie con los acreedores, que gracias a la Ley Promesa temporalmente no recibirán por parte del Gobierno de la isla los pagos correspondientes a los vencimientos de deuda.

El plan advierte que a finales de 2017 termina la llegada de los 1,200 millones de dólares que cada año se destinan a la isla a través de fondos por Medicaid, lo que crea incertidumbre.

García Padilla dijo a la JSF que el plan que hoy les presentó muestras proyecciones que apuntan que si se perdieran las actuales ayudas federales para salud la deuda de Puerto Rico en el plazo de 10 años puede ascender a los 59,000 millones de dólares.

García Padilla presentó el plan a solo 25 días de las elecciones generales del próximo 8 de noviembre, a las que no se presentará.

Al igual que en la primera reunión de la JSF del pasado día 29 de septiembre, también en Nueva York, manifestantes protestaron a las afueras del edificio donde se celebró la reunión por entender que esa junta se superpone sobre el Gobierno de la isla caribeña, elegido democráticamente.

La ley Promesa fue aprobada ante la imposibilidad de que Puerto Rico de afrontar los vencimientos inmediatos de una deuda superior a los 60,000 millones de dólares.

Esa norma establece el aplazamiento durante meses del pago a los acreedores, aunque a cambio instaura una Junta de Supervisión Fiscal que se sobrepone al Gobierno local.