Un sargento de la Policía Municipal de Guaynabo y un capitán retirado de la Policía estatal enfrentarán juicio por el fraude reportado en la primaria novoprogresista de Guaynabo.

El juez superior Alvin Rivera Rivera, del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón, determinó hoy, viernes, causa probable en vista preliminar para Miguel A. Díaz Vélez, quien tiene rango de sargento en la Policía Municipal, así como para el capitán retirado Ariel Soto Cruz.

 “Hay unos argumentos válidos de interpretación en derecho que pueden plantearlos a un tribunal de mayor jerarquía”, dijo el juez ante planteamientos de los abogados de defensa, Ana González Cabrera y Michael Corona Muñoz, quienes alegaron que no se constituyeron los elementos de los delitos imputados a sus clientes.

El juez falló en contra de Díaz Vélez y Soto Cruz en todos los cargos que enfrentaban: falsedad ideológica, apropiación ilegal de identidad, archivo de documentos o datos falsos y perjurio.

Se les imputó hacer una transferencia con una dirección falsa de la casa 9-1, en la urbanización Alturas de Torrimar.

La dueña de la residencia, Eilleen Purcell declaró en la vista preliminar que los imputados no estaban autorizados a utilizar su dirección.

Una investigación de El Nuevo Día reveló que decenas de electores hicieron transferencias con direcciones falsas con el objeto de votar en la primaria por el escaño de la Cámara del distrito de Guaynabo que se disputaban el incumbente, Ángel Pérez y el hoy representante, Antonio “Tony” Soto, candidato que impulsaba el alcalde, Héctor O’Neill.

“Estoy satisfecho porque el juez entendió la prueba que conecta a estos acusados con la comisión del delito”, reaccionó, por su parte, el fiscal Edmanuel Santiago Quiles, quien añadió que ya son 11 los acusados que van a juicio por los hechos.

“Respetamos la decisión. Aquí no debía haber causa pero el que manda es el juez”, dijo la licenciada González.

La lectura de acusación fue programada para el 21 noviembre y el juicio, el 16 de diciembre.

Los abogados le solicitaron al juez la grabación de la vista preliminar porque anticiparon que solicitarán la desestimación de los cargos en el juicio.

González alegó que en la vista preliminar no se probó el perjurio porque los imputados no fueron advertidos de que hacían la transferencia electoral bajo juramento.

Corona alegó también que los acusados no fueron identificados por ninguno de los testigos en sala. “La Fiscalía al utilizar una foto que se usa para fines electorales para que sea el juez el que identifique al acusado, el Ministerio Público convierte al juez en testigo de esta causa”, dijo el abogado.

Pero, el fiscal indicó que las fotografías del expediente electoral de los imputados constituyen “prueba indirecta y circunstancial que tiene igual validez”.

Dijo también que el número electoral “es esencial”. En cuanto a los elementos del perjurio, indicó que no se requiere una formalidad de juramento. “Eso murió hace tiempo”, sostuvo.

“No se puede utilizar el derecho al voto de forma ilegal. Aquí estamos imputando actos anteriores al día de la primaria. Estos son actos que están regulados por una ley, no es para hacer lo que quieran y estas personas acuden (a las Juntas de Inscripción Permanente) a decir mentiras”, sostuvo el fiscal.

Leen acusaciones

En la Sala 705, que preside el juez Julio de la Rosa, se le leyeron hoy, viernes, las acusaciones a los primeros nueve que se le halló causa para juicio.

De los nueve acusados, sólo uno dijo que su dirección actual es en Guaynabo. Los demás, dijeron que viven en Bayamón, Aibonito, San Juan, Toa Baja, Trujillo Alto, Vega Baja y Gurabo.

Otros cuatro imputados encaraban vista preliminar en horas de la mañana, en la sala del juez Rivera Rivera, pero los testigos de la Fiscalía no se presentaron.

El fiscal Santiago indicó que no tuvo tiempo de avisarles a los testigos porque los abogados de defensa acudieron ayer, jueves, al Tribunal de Apelaciones en otro intento por lograr la inhibición del juez Rivera Rivera, pero el foro intermedio no acogió el recurso.