El director de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) Juan Alicea Flores tendrá que sentarse a declarar en el banquillo de los testigos en algún momento del mes de julio, como parte del juicio en que se le imputa a la corporación pública no darle el equipo adecuado a un grupo de exempleados que estuvo expuesto a asbesto.

Mientras, Viridiana Vázquez, jefa de la División de Litigios de la AEE confirmó en el Centro Judicial de San Juan que -tal y como adelantara Primera Hora- el bufete Aldarondo y López Bras ya no estará a cargo de representar al gobierno en el pleito.

“No se tiene el dinero para poder pagar a los abogados”, dijo la mujer a boca de jarro en la sala 805 del Centro Judicial de San Juan cuando el comisionado especial que atiende esta etapa del caso, Shalim Chaar Padín, la llamó para explicar la situación.

Chaar Padín aceptó la renuncia legal del bufete Aldarondo y López Bras pero denegó otorgar a la AEE 60 días para contratar nuevos abogados. Entonces fue que Vázquez indicó que se atendería con los abogados internos de la corporación pública por falta de presupuesto.

Y es que el contrato más reciente del bufete Aldarondo y López Bras con la AEE era de $400,000 por un año, que luego se extendió por $200,000 por seis meses adicionales, aunque se canceló antes de la fecha límite.

Los exempleados, de los cuales ya han muerto cuatro y hay uno grave por complicaciones respiratorias, piden que se les compense por los años en que estuvieron expuestos al asbesto sin saberlos, por la alegada negligencia de la AEE en protegerlos del material, y porque no los enviaron a tiempo al Fondo del Seguro del Estado.

Chaar Padín pidió a la AEE que agilizara el proceso judicial porque la tardanza en resolver el caso, que se radicó en el 2005 y aún no se ha visto en sus méritos, tiende a hacer pensar que la balanza se debe inclinar a favor de los demandantes.

“Tenemos que terminar este caso”, declaró Chaar Padín.

“Sería impropio solicitar una paralización”, reconoció por su parte la jefa de la División de Litigios de la AEE, quien a preguntas de este diario dijo no saber cuál será la política pública de la corporación, si van a negociar o si ya le informaron a los bonistas sobre el pleito.

Por su parte Claudio Aliff, del bufete privado defendió en sala la gestión de la firma y negó que hayan dilatado el proceso o que no hayan querido negociar de buena fe.

“Debemos aclarar que la Autoridad de Energía Eléctrica ha examinado las ofertas (de la parte demandante) pero ante lo evidentemente astronómicas no hemos contestado… la Autoridad (también) ha hecho un ejercicio legítimo y profundo de examinar a cada demandante… lejos de arrastrar los pies, hemos sido ágil considerando que son 54 demandantes”, indicó Aliff.

Fuera de sala el licenciado dijo que la oferta de los exempleados afectados para transar el caso fue de $68 millones.

Los exempleados, todos con los pulmones afectados, alegan que la AEE no les informó que estaban removiendo material que contenía asbesto, ni les dio mascarillas ni uniformes apropiados para trabajar con el material que desde el 1975 se sabe que provoca cáncer.

En sala se indicó que las fibras de asbesto son tan y tan delgaditas que pueden tardar hasta seis horas desde que se desprenden de una pared hasta que caen al suelo por el efecto de la fuerza de gravedad. Por eso las mascarillas contra el polvo no son adecuadas para usarse en lugares donde hay partículas, ya que las traspasan, y sin embargo, dicen los exempleados que en ocasiones esas eran las que les daban.

En total la parte afectada anunció que presentará 11 testigos cuando arranque el juicio, incluyendo a Alicea Flores, así como un patólogo, un neumólogo y varios líderes sindicales. Ello, sin contar los demandantes y algunos de sus familiares.

El juicio está pautado para los días 2, 3, 9 y 12 de julio.