“Es un mentiroso”.

Para la representante novoprogresista Albita Rivera, el alcalde Héctor O’Neill miente cuando dice que no sabía nada acerca de lo que sucedió en la primaria del distrito representativo número 6, fraude del cuál ella dice que él es el autor intelectual.

“Yo entiendo que sí… Yo estoy convencida de eso. No desde ahora, (él) lo venía planificando desde hace tiempo”, dijo la líder estadista, quien afirmó que el alcalde de Guaynabo “fue por todas”, porque sabía que su candidato, Antonio Soto, no ganaba si no tomaba “medidas”.

O’Neill declaró el miércoles ante el comité ad hoc de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) que él no tenía información sobre el supuesto complot que se habría urdido para favorecer a Antonio Soto en la primaria contra Ángel Pérez. “Él tiene que haber sabido lo que iba a pasar. Él mismo estuvo llevando gente a inscribirse ese día”, dijo la legisladora, indignada también porque el día de la primaria un elector “fue al tribunal a ponerle una denuncia a O’Neill y no se la aceptaron”.

“Eso, eso es lo más peligroso de todo esto: que la justicia no actúe de la misma manera con todo el mundo”, sostuvo Rivera, molesta también porque entiende que ni Luis Fortuño, presidente del Partido Nuevo Progresista (PNP), ni Alejandro García Padilla, presidente del Partido Popular Democrático (PPD), han actuado correctamente en torno a las irregularidades cometidas en las elecciones de marzo.

Por su parte, el secretario de Justicia, Guillermo Somoza Colombani, dijo ayer que el Departamento no ha actuado todavía en el lío de Guaynabo para “evitar duplicidad de esfuerzos” con la CEE. “No queremos entorpecer ni obstaculizar”, dijo, aunque sentenció que Justicia, una vez culmine la pesquisa de la CEE, actuará “no importa quién sea, venga de donde venga y el padrino que tenga”.

El Secretario subrayó que Justicia ha estado pendiente de la pesquisa de la Comisión, que a solicitud del comité ad hoc se envió a la fiscal Yolanda Ramos para que sirva de enlace entre la agencia y el organismo.

Ramos orienta, según dijo, en temas como el de la inmunidad, la ley y la jurisprudencia aplicable al tema electoral.

El “enlace” en este caso es importante para evitar consecuencias ulteriores sobre la propia pesquisa y los encausamientos que pueda llevar a cabo Justicia sobre el caso.

En cuanto a la querella juramentada que Antonio Soto le presentó a Ángel Pérez el viernes pasado, el Secretario dijo que el martes ya ésta estaba en la División de Integridad Pública, que tiene 90 días para realizar una investigación preliminar, prorrogables a otros 90.