CEIBA. El anuncio de que a partir de la próxima semana iniciará la llamada “Ruta Corta” que ofrecerá la Autoridad de Transporte Marítimo (ATM) desde Ceiba hacia las islas municipio de Vieques y Culebra ha creado más ronchas que buen augurio, pues los alcaldes de la zona alegan que el Gobierno les dio de codo en el desarrollo de la iniciativa.

Mientras el gobernador Ricardo Rosselló notificaba que a partir del miércoles, 10 de octubre, se inaugurará la nueva ruta de viajes, los alcaldes de Culebra, Ceiba y Vieques se enteraban “indignados” de las buenas nuevas a través de los medios de comunicación, pues ninguno fue invitado a la conferencia de prensa realizada en las nuevas instalaciones que serán operadas desde un muelle de la antigua base naval Roosevelt Roads en Ceiba.

Un emocionado Rosselló ayer ofreció detalles del proyecto que en un principio contará con cuatro lanchas privadas que fueron arrendadas por 12 meses, a un costo de $15 millones provenientes de fondos estatales que fueron aprobados por la Junta de Supervisión Fiscal. 

Por lo pronto, según el director de ATM, Juan Maldonado, las tarifas de viaje (que fluctúan entre $2.25 y $2.50) seguirán inalteradas, mientras la Junta de Directores de la agencia determina el nuevo precio que pagarán los turistas. 

El aumento, se recalcó en varias instancias, no aplicará a los residentes de los dos islas municipio.

Asimismo, Rosselló recordó que para diciembre se debe estar adjudicando el contrato para dar paso a una Alianza Público Privada (APP), que permitirá a una empresa no gubernamental la responsabilidad de la operación, administración, mejoras y financiación de los servicios marítimos, no sólo en el área Este, sino también en los transportes entre San Juan y Cataño. 

Actualmente, hay cinco empresas seleccionadas: Balearia Caribbean, HMS Ferries, Priority Roro Services, Puerto Rico Fast Ferries y Seastreak.

Al momento, ATM cuenta con nueve embarcaciones, pero solamente dos se encuentran operando, pues las demás están pasando por un proceso de mantenimiento, según requerimientos de las autoridades federales.

“El desarrollo económico y social es parte importante de nuestra agenda para establecer un nuevo Puerto Rico. Hoy cumplimos un importante compromiso de desarrollo económico para la región este de la isla y de justicia social para los residentes de Vieques y Culebra”, expresó Rosselló haciendo hincapié en que todas las acciones se han impulsado en diálogo abierto con líderes comunitarios y propiciando un esfuerzo de colaboración con los municipios.

En cambio, ese comprometedor plan de desarrollo económico del Gobierno para el área Este, aparentemente, no se consultó con los jefes de ayuntamiento de la zona, quienes recibieron como un balde de agua fría el anuncio de la Ruta Corta y de otras iniciativas de impacto que se desarrollarán en el área durante el próximo año.

“Es una falta de respeto a los residentes de Vieques, Culebra y Ceiba, porque no nos invitaron para dicha actividad… debimos tener la información de la mano del señor Gobernador y eso no ocurrió. Es indignante… ni siquiera nos han hecho parte del proyecto, aun cuando dicen que es para beneficio de las islas municipio”, expresó a Primera Hora el alcalde de Culebra, William Iván Solís.

En el caso de los culebrenses, dijo, hay cierto escepticismo a favorecer la Ruta Corta, pues sus compueblanos experimentarán un viaje más largo al acostumbrado a realizar desde el terminal de Fajardo.

“Estamos hablando de entre 25 a 45 minutos más… eso trastoca toda la rutina de nuestra gente”, expresó Solís.

“Además, eso comienza la semana que viene y no nos han explicado cómo el gobierno estatal identificaría a los residentes bonafides de Culebra”, agregó quien le solicitó vía carta a Rosselló una “reunión urgente”, pero hasta ayer no había respondido a la misiva.

Solís, del Partido Popular Democrático, dijo que habló por teléfono con el alcalde de Ceiba, Ángelo Cruz Ramos, quien le confirmó que tampoco fue invitado a la rueda de prensa.

Primera Hora llamó y texteó a Cruz Ramos en varias ocasiones y no respondió; igual ocurrió con el alcalde de Vieques, Víctor Emeric.

De hecho, el viernes pasado Cruz Ramos denunció públicamente una supuesta “persecución” de su propio Partido Nuevo Progresista (PNP), pues le ha reclamado en infructuosas ocasiones a Rosselló que lo haga partícipe de los proyectos de desarrollo económico en la antigua base naval Roosevelt Roads, donde tenía interés de crear una marina deportiva en unas instalaciones que el municipio tenía arrendadas por $5,000 mensuales.

En el programa “Jugando Pelota Dura” (Univisión), el alcalde de Ceiba aseguró que esa fue una solicitud que le hizo a Rosselló cuando lo apoyó en la campaña a la gobernación en el 2016. 

En cambio, meses después de la toma de posesión del mandatario, Cruz Ramos recibió una carta de desahucio por parte del Tribunal y la visita de una abogada que le hacía reclamos referentes a los terrenos arrendados.

“Y ahí yo le mandé unos mensajes de texto y él (Rosselló) me llama. Me dice: ‘alcalde, estoy ofendido con lo que usted me escribió’. Y yo le dije: ‘yo también estoy ofendido porque no has cumplido tu promesa’. Entonces él me dijo: ‘si vamos a seguir con este tema te puedes ir pa’l caraj…’”, explicó en el programa el alcalde de Ceiba. Añadió que se sintió “ofendido” por el improperio.

Rosselló reaccionó ayer a la controversia cuando fue cuestionado por la prensa para saber si, en efecto, había proferido una palabra soez al alcalde.

“Si el alcalde acostumbra a decir lo que está hablando con distintas personas por vía telefónica eso es asunto de él... no me voy a envolver en un asunto como este. Estoy aquí para construir. Estoy para demostrar con acción que se está trabajando como nunca para los ciudadanos de Ceiba. Así que comparen las palabras con los resultados y las acciones”, respondió. 

Antes de dar una explicación, el Gobernador le pidió al director ejecutivo de la Autoridad para el Redesarrollo de Roosevelt Roads, Ian Carlo Serna, señalar las circunstancias que llevaron al tribunal a pedir desahucio del gobierno municipal de las instalaciones en las cuales se proyectaba crear una marina deportiva.

Según Carlo Serna, el gobierno municipal incumplió con el contrato de arrendamiento al no pagar las mensualidades, aun cuando se trató de establecer un plan de pago. 

El asunto se resolvió por el tribunal, donde se determinó que la alcaldía debía entregar las instalaciones en disputa.