Cinco alcaldes electos por el Partido Popular Democrático (PPD) rechazaron hoy, miércoles, el proyecto de reforma contributiva que presentó el Ejecutivo a la Asamblea Legislativa y denunciaron como un atentado a la autonomía municipal las disposiciones que prohíben a los municipios establecer cargos adicionales al Impuesto de Valor Añadido (IVA) que impondría el Estado y que les quita de sus manos el cobro del mismo.

A los alcaldes Carmen Yulin Cruz (San Juan), William Miranda Torres (Caguas) y José Aponte Dalmau (Carolina), que ya se habían expresado públicamente en contra del proyecto, se unieron hoy en un panel ante la Comisión de Hacienda y Finanzas Públicas del Senado, los alcaldes Ramón Hernández (Juana Díaz) y Carlos Delgado Altieri (Isabela).

En un salón repleto de público los cinco alcaldes hicieron expresiones por separado. Los primeros tres llevaron ponencias escritas y los otros dos hablaron brevemente para expresar su posición.

La primera en hablar fue la alcaldesa de San Juan, quién inició su exposición con una cita del fundador del PPD, Luis Muñoz Marín, en la que reclama respeto para las ideas contrarias.

Afirmó luego que “mientras más estudios evalúo y más información recibo, más segura estoy de que el IVA es bueno para el gobierno y malo para la gente”.

Dicha aseveración, agregó, “la hago con la plena convicción de un hecho irrefutable: cero y siete son menor a 16”.

Cruz criticó que todavía no se ha explicado de dónde proviene la necesidad de imponer un impuesto de 16% y la cifra de $1,200 millones adicionales que se ha dicho que recaudará el gobierno.

Insistió, por otra parte, en su reclamo de que aún con la reducción de las contribuciones sobre ingreso los ciudadanos pagarán más impuestos y utilizó como evidencia el que se proponga un reembolso para algunos sectores de la sociedad. “Si el costo de vida no fuera a aumentar el gobierno no estaría devolviendo $400 millones a la gente”.

Afirmó además que no es correcta la premisa de que más dinero en el bolsillo es igual a más dinero para gastar “pues implica que a la gente le va a sobrar el dinero”.

Sobre el impacto de la propuesta sobre las arcas municipales indicó que la misma “quita de las manos de los municipios la recaudación del impuesto, restringiendo así las finanzas municipales”.

Entre las propuestas que mencionó para atender la situación fiscal del país incluyó el mantener el sistema del IVU como está, ampliando su fiscalización” y afirmó que “el IVU no ha fracasado, ha fracasado Hacienda”.

Mencionó, además, generar acuerdos con los municipios para aumentar la captación, imponer un “tollgate tax” para las corporaciones que hacen negocios en Puerto Rico y repatrian sus ingresos, y renegociar la deuda.

A esto último dedicó más tiempo y señaló que “ciertamente esta es una situación compleja y difícil de enfrentar, pero es nuestra realidad y hay que enfrentarla. Esta deuda es impagable”, declaró.

En términos similares se expresó el alcalde de Carolina, que señaló que “indudablemente el IVA de 16% sacudirá aún más el ya mancillado bolsillo de los puertorriqueños” y que la actividad de muchos negocios se verá afectada por el impuesto.

Agregó que “por si fuera poco los municipios verán también trastocadas sus finanzas, pues la imposición del IVA rebotará pesadamente en nuestros municipios porque no tenemos los recursos suficientes para ayudar a contrarrestar el impacto negativo que tendrá en las personas más pobres”.

A pesar de que reconoció que el modelo elaborado por la empresa que asesoró al gobierno (KPMG), no es lo mismo que contiene el proyecto de Reforma, concluyó que “del mismo se desprende que ninguna de las categorías de ingresos de hogares de Puerto Rico resultará beneficiada con la implantación de la Reforma”.

Ese modelo original de KPMG partía de que el IVA aplicaría a los todos los alimentos y a todos los medicamentos, y servicios de salud, y tenía como únicas exenciones los servicios financieros, la renta o hipoteca residencial, agua, electricidad, gasolina y los servicios hoteleros. Partía además que las exenciones para el pago de contribuciones eran de $35,000 y $70,000 para solteros y casados respectivamente.

Las propuestas de Aponte Dalmau para atender la crisis fueron mantener el IVU con una tasa que no sea mayor de 9%; mantener el IVU municipal del 1%; mantener la contribución sobre ingresos sin alterar las tasas contributivas o su aportación actual al fisco; un “moderado impuesto” a las ganancias de las empresas incentivadas y al ingreso bruto de “firmas de gran volumen de ventas”, al igual que la reestructuración de la deuda y de las prioridades del gasto público.

El alcalde de Caguas recordó, por su parte, que su padre, William Miranda Marín, fue el primero en establecer un impuesto municipal al consumo y señaló que al presente esos recaudos alcanzan los $17.4 millones anuales.

“En el caso municipal, el Proyecto de Ley elimina el IVU Municipal e impide proyectos similares que puedan crear los municipios para allegar recursos. Estos argumentos, entre otros, atentan directamente con la autonomía municipal”.

Adelantó que proseguirá su lucha por alcanzar mayores niveles de autonomía e independencia fiscal del Gobierno Central incluyendo la continuidad del cobro del 1% del IVU municipal.

Criticó, mientras tanto, que se intente implantar un IVA en tan poco tiempo y afirmó que allí donde ha sido exitoso este impuesto se ha implantado gradualmente y ha tomado tiempo.

“Definitivamente un IVA de 16% en este momento no es la solución. Tampoco lo es atacar y minar la autonomía municipal impidiéndonos cobrar el IVU Municipal”.

Entre sus recomendaciones incluyó también la reestructuración de la deuda y agregó la necesidad de derogar las leyes de cabotaje o establecer unas negociaciones para una tarifa reducida por un periodo de cinco años.

Los alcaldes apoyaron la propuesta que hizo la pasada semana la Federación de Alcaldes para que se les otorgue a los municipios la responsabilidad de recoger tanto el IVU Municipal como el Estatal.

El presidente del Senado, Eduardo Bhatia, agradeció la participación de los alcaldes y le pidió que recomienden dónde deben hacerse los recortes que proponen en el gasto gubernamental.

Sobre las ponencias que presentaron, el presidente cameral expresó que no hubo sorpresa.

“Sin sorpresas, ellos habían articulado antes la posición asumida”, dijo.