La Federación de Alcaldes, que agrupa a los ejecutivos municipales del Partido Nuevo Progresista, anticipó este lunes que de aprobarse un proyecto de enmiendas al Impuesto de Ventas y Uso (IVU) que podría radicar la administración de Alejandro García Padilla, tendrían que despedir empleados municipales, recortar servicios y cobrar por labores que hoy son gratuitas, como el recogido de desperdicios.

"Es una situación grave. En 20 años que llevo como alcalde no había presenciado una situación crítica, abusiva, arbitraria y que atente contra la autonomía municipal como la que tenemos hoy", dijo el alcalde de Guaynabo y presidente de la federación, Héctor O'Neill.

En conferencia de prensa, O'Neill aseguró que, aunque hace un mes comenzaron conversaciones con el gobierno sobre los cambios del IVU, hoy no habían recibido el proyecto final con enmiendas, pero que la información que tienen es que el gobierno transferirá los fondos del 1% que reciben los municipios al Banco Gubernamental de Fomento (BGF) para darle mayor solidez financiera y así contribuir a impedir una degradación de bonos.

Para el ejecutivo municipal, flanqueado por 22 de los 31 alcaldes de la Federación de Alcaldes y líderes legislativos del Partido Nuevo Progresista (PNP), esa transferencia de dinero del IVU al BGF coloca a los alcaldes a la merced de esa institución, y pone en riesgo el pago de nómina y prestación de servicios como el recogido de basura, cuido de escuelas públicas, mantenimiento de carreteras municipales y estatales, y transportación, dijo O'Neill.

"Si tenemos que depositar (en el BGF) el 1% quiere decir que nos van a saquear... lo que hace es quitarnos la oportunidad de dar servicios al pueblo", dijo O'Neill, quien no quiso hoy discutir la posibilidad de radicar una demanda en los tribunales contra esta medida. "Le estamos dando un cheque en blanco al gobernador y se está arriesgando a que despidamos empleados", añadió.

"Imagínese que el municipio va a buscar el dinero de su nómina y el banco le dice 'no, no tengo el dinero, venga el mes que viene'. ¿Qué va a pasar con esos empleados?", agregó el alcalde.

El alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera, dijo, por su parte, que ellos apoyarían al gobierno siempre y cuando el gobierno le permita depositar su dinero en la cuenta que los municipios escojan, se explique qué pasaría con sus bonos municipales y se den garantías de la partida del IVU que les corresponde.

"Nuestra preocupación es que nos obligue a los municipios a recortar servicios, despedir empleados o recortar horas", afirmó el alcalde de Bayamón.

Otros ejecutivos municipales entrevistados no precisaron cuántos empleados podrían tener que cesantear, pero no lo descartaron y aseguraron que la prestación de servicios a sus ciudadanos sí se afectará.

 O'Neill, por ejemplo, dijo que una opción sería que los alcaldes cobren por el recogido de la basura, tal y como lo plantea como opción la ley de autonomía municipal de 1991, pero que hoy día ningún alcalde lo cobra.

En el caso de Lares, podrían estar perdiendo $580,000 de su presupuesto de $13 millones, dijo su alcalde, Roberto Pagán Centeno.

"De ser así vamos a tener que reducir servicios", dijo Pagán Centeno.

La alcaldesa de Ponce, María "Mayita" Meléndez, explicó que ella perdería $4.8 millones de su presupuesto de $150 millones. "Tendremos que cobrar por el recogido de basura, suspender el servicio de transporte colectivo y se van a tener que afectar otros servicios", dijo Meléndez.

 "Esto es un atropello a la autonomía municipal", expresó.

Mientras, el alcalde de Toa Baja, Aníbal Vega Borges, subrayó que hay la disposición de colaborar con el gobierno central en medio de la crisis actual, pero de forma correcta.

"No hay objeción por parte de la federación de hacer las aportaciones necesarias, pero sobretodo velando por nuestros constituyentes", indicó Vega Borges.