La controversia entre populares y penepés por el voto de los encamados no comenzó con el chat electoral que le costó la suspensión al juez Rafael Ramos Sáenz, sino que se remonta a las elecciones de 2012, con una decisión de otro juez en Río Grande, reveló el senador Aníbal José Torres.

Se trata del juez Jorge Díaz Reverón, quien actuando entonces como presidente de la comisión local de Río Grande, de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), dio paso a que 104 electores que no estaban postrados en cama se pudieran acoger al sistema de voto ausente, narró Torres.

Sin embargo, en el mismo 2012 la decisión de Díaz Reverón, quien es esposo de la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez y actualmente preside una sala criminal en el Tribunal de Caguas, fue revocada por el entonces presidente de la CEE, Héctor Conty. 

El juez Conty resolvió, en una resolución con fecha del 10 de octubre de 2012, que no procedía el voto a domicilio de esas 104 personas porque no se trataba de personas encamadas, sino que residían en hogares de cuido prolongado.

“El inicio del issue de los encamados surge en 2012. En aquel momento yo era candidato al Senado e hicimos una conferencia de prensa denunciando un patrón de fraude en el Municipio de Río Grande. Denunciamos que alrededor de 104 votos de personas que el PNP había identificado como solicitantes para voto encamado no cumplían con los requisitos”, sostuvo Torres.

Según el senador, la entonces comisionada popular en Río Grande, Mary Joan Ramos, mediante declaraciones juradas y entrevistas “pudo demostrar que la gran mayoría de esos encamados no habían solicitado dicho voto y peor aún, que a algunos de ellos, se les falsificó las firmas al hacer la solicitud”.

Explicó que el juez Díaz Reverón, quien presidía la comisión de Río Grande, falló en contra del planteamiento de la comisionada popular y al no haber unanimidad de los comisionados locales el asunto llegó ante el juez Conty.

“Esa decisión la apelamos a la CEE y el entonces presidente Conty revocó la determinación de Díaz Reverón”, indicó Torres. Añadió el senador, que el PNP no recurrió “y quedó final y firme la decisión de Conty”.

También, reza en reportajes de la época, que el entonces comisionado electoral del Movimiento Unión Soberanista (MUS), Julio Fontanet, denunció que el juez Díaz Reverón aprobó las solicitudes de voto encamado en Río Grande solo con el insumo del Partido Nuevo Progresista (PNP) y pese a la objeción previa de los comisionados locales de al menos tres de los partidos políticos de minoría.

El reparo de los partidos de minoría fue expresado durante las visitas que hicieron los representantes de las colectividades a un puñado de hogares de ancianos en este pueblo y, según expresó Fontanet entonces, la mayoría de los visitados tenían la capacidad de ir a un colegio de votación en las elecciones generales del 6 de noviembre de 2012.

Luego en 2016, Torres dijo que el entonces representante popular Charlie Hernández llevó otro caso de encamados de varios municipios. “Ese caso llegó al Supremo y se ganó”, sostuvo.

Torres indicó que “aunque hay personas que piensan que el voto de los encamados no cambia el resultado de una elección, para gobernador tal vez no y comisionado residente, pero en los distritos donde hay escaños que se ganan por 70 y 100 votos, esos votos son decisivos y en alcaldías también”.

En el chateo de grupo en WhatsApp que denunció Torres hace unas semanas, el ahora suspendido juez Ramos Sáenz consultó una resolución que emitió sobre el voto de los encamados en Moca con miembros del equipo de campaña del hoy gobernador Ricardo Rosselló.

El chat electoral autodenominado #TeamPR-3-coffee break, fue creado por la Secretaria Asociada de la Gobernación, Itza García, y en la conversación están la jefa de la Administración para el Sustento de Menores, Waleska Maldonado y el procurador general, Luis Román Negrón. 

La secretaria de Justicia respondió en declaraciones escritas, alegando que se trata de un ataque a su familia y que esa acción judicial de su esposo hace 6 años no tiene nada que ver con el asunto del chat que es investigado por su agencia.

“A través de los años, he aprendido que cuando no pueden atacarte profesionalmente, te atacan, atacando a tu familia. Estoy acostumbrada a eso. En cuanto al ataque vicioso a la reputación e integridad de mi esposo, no es más que eso, un ataque. La decisión que tomó el juez en septiembre de 2012, seis años atrás, no tiene nada que ver con los hechos que el Departamento de Justicia está investigando. Es lamentable que hagan ataques innecesarios que demuestran un acto de desesperación, sin sentido y con el solo propósito de tratar de intimidarme o desconcentrarme, y no lo van a lograr. Cuando asumí el cargo, sabía a lo que me exponía, pero nada ni nadie me distraerá de mi responsabilidad”, dijo la secretaria de Justicia.