El gobernador Alejandro García Padilla suscribió este jueves la extensión de los acuerdos de colaboración con las agencias de seguridad y orden del gobierno estadounidense en Puerto Rico, que incluye la ampliación a las zonas de Guayama y Fajardo.

El memorando recoge acuerdos entre la Policía de Puerto Rico, el Departamento de Justicia y el Procurador General de los Estados Unidos para procesar en la jurisdicción federal a imputados de ciertos delitos violentos relacionados con drogas y armas.

El Gobernador destacó que el nuevo acuerdo, además de agregar las dos regiones, añade otros dos fiscales del Departamento de Justicia a los llamados “strike forces” que agrupan efectivos locales y federales y otorga mayor discreción al Departamento de Justicia de Puerto Rico para reclamar la jurisdicción de los casos que así lo determine.

Participaron en la reunión que culminó en la firma de los acuerdos, además del Gobernador, el nominado secretario de Justicia, Luis Sánchez Betances; la fiscal federal Rosa Emilia Rodríguez; y jefes locales o representantes de numerosas agencias federales de seguridad.

García Padilla resaltó que en las dos regiones a los que se extenderá ahora el acuerdo los asesinatos aumentaron notablemente durante el pasado año. En el caso de la región de Guayama, indicó, el aumento fue de un 39%, mientras en la región de Fajardo el alza fue de un 48%.

Los delitos en los que las agencias federales tendrán jurisdicción primaria son la transportación de drogas a través de los puertos de entrada a la Isla por aire o mar, o la conexión con traficantes de drogas internacionales.

También se incluyen los robos de autos a mano armada (carjacking), particularmente cuando se produzca una muerte, un secuestro, uso de armas automáticas o donde las víctimas sean menores de edad.

Otros delitos que incluidos en el acuerdo son los tiroteos de carro a carro, la explotación de menores y ofensores sexuales en los que se violen secciones específicas del Código Penal federal.

El Gobernador expresó que estas estrategias se utilizaran en conjunto con un enfoque salubrista para el drogo-dependiente.

“Estas estrategias, de la mano de acciones centradas en el tratamiento salubrista al drogo-dependiente, aumentar las oportunidades educativas de nuestros jóvenes y de la creación de empleos que den el empujón que necesita nuestra economía, serán determinantes para devolverle a la gente la esperanza de una vida sana dirigida al bien social”, afirmó el mandatario.

De no haberse firmado la extensión de estos acuerdos, los mismos habrían vencido el pasado 31 de diciembre, observó la fiscal federal Rosa Emilia Rodríguez.