Al garete los grilletes

Por Istra Pacheco 03/21/2017 |08:30 a.m.
El asesinato de Crucita indignó a la población y a funcionarios involucrados, pero ninguno actuó con premura para arreglar la falla. (Archivo)  
A nueve meses de que un mal monitoreo le costara la vida a una mujer, el gobierno deja situación en el limbo.

En junio del año pasado, Crucita González Méndez murió a manos de su exesposo. La empresa que monitoreaba el grillete electrónico del hombre tuvo una falla y nunca detectó el peligro.

Previo al asesinato, el sistema llevaba un mes dando problemas sin que nadie lo arreglara. Hoy, nueve meses después, la misma empresa, Track Group, sigue brindando el servicio.

Mientras, la subasta que provocaría un cambio en el suplidor del servicio  fue cancelada.

El nuevo secretario de Corrección y Rehabilitación, Eric Rolón, anuló el proceso de subasta mediante una orden administrativa (DCR-2017 -02). En ese mismo documento declaró un estado de emergencia tan solo para elegir una compañía que ofrezca el servicio de monitoreo. La decisión del secretario se emitió cinco días después de ser confirmado por el Senado.

El funcionario explicó en entrevista con Primera Hora que al llegar a la agencia se dio cuenta de que la subasta llevaba seis meses en un limbo.

El asesinato de Crucita indignó a la población y a funcionarios involucrados, pero ninguno actuó con premura para arreglar la falla.

¿Quién tuvo la culpa del retraso?

Según Rolón, todo apunta a la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM).

El secretario dijo que para hacer la adjudicación  de la subasta, la OPM se había comprometido a someter un informe de recomendación producto de unas pruebas técnicas que  realizarían.

“Ese informe nunca iba a estar disponible, porque la persona que se iba a encargar por parte de la OPM, al momento de nosotros asumir el gobierno, ya no iba a estar en la agencia porque iba a figurar en el staff de confianza de la procuradora actual”, declaró.

Primera Hora le preguntó si no había más nadie en la OPM que pudiera continuar el trabajo.

“Lo que pasa es que ‘más nadie’ significaba atrasar más el proceso, porque iban a tener que hacer unas pruebas adicionales”.

¿La OPM sí hizo pruebas iniciales o no?

A mi entender, la persona había comenzando, pero es información que no controlo, me dejo llevar por la información que se me brinda.

¿Y la información es que esa persona no había terminado su recomendación? ¿Hizo algo la persona?

A mi entender había hecho las pruebas, pero el informe final no se había rendido.

Primera Hora se comunicó con Mariana Cobián, oficial de prensa de Wanda Vázquez Garced, exprocuradora de las Mujeres y hoy secretaria de Justicia, para que reaccionara a las declaraciones del secretario de Corrección y Rehabilitación. Al cierre de esta edición no había contestado.

Y es que horas después de que el exesposo de Crucita la acuchillara mortalmente el año pasado, Vázquez Garced dijo a los medios que era “inaceptable que sigan sucediendo tragedias como esta por falta de protección y medidas adecuadas”.

La hoy secretaria de Justicia dijo, además, en ese momento que si esa falla no hubiese existido, Crucita estaría viva.

También se pidió a Dennise Pérez, oficial de prensa de la actual Procuradora, Ileana Aymat, datos sobre el cargo y el nombre de la persona que tenía tenía asignado entregar el informe. Al cierre de esta edición, tampoco había provisto esa información.

Rolón dijo que tampoco puede hacer una nueva subasta inmediata, porque tiene que esperar que el Principal Oficial de Informática del Gobierno le diga qué lineamientos establecer a la hora de contratar una empresa que brinde el servicio de monitoreo de grilletes.

Pero, eso incumple con su propia orden administrativa que ordena al Programa de Servicios con Antelación al Juicio que haga pruebas técnicas y otorga un plazo de tres días para eso.

El mismo término le otorga a la Secretaría Auxiliar de Administración y Gerencia para una recomendación final.

Al cierre de esta edición no estuvo claro si esas órdenes se cumplieron y nunca se enmendó el documento para relevar a esas oficinas de esos deberes.

“Recuerde que yo, como secretario, no puedo seleccionar una compañía si no tengo una recomendación confiable. La recomendación no la hago yo, la hace un equipo de trabajo”, indicó Rolón.

El Principal Oficial de Informática del Gobierno (CIO, por sus siglas en inglés), Luis Arocho, firmó un memorando de entendimiento con el secretario de Corrección y Rehabilitación el 1 de marzo para recomendar,  basado en su “pericia técnica”, lo que mejor se adapte a las necesidades y que procure el máximo control de seguridad de las víctimas y la seguridad pública en general.

¿Cuánto tiempo le tomará a esa oficina darle su recomendación?

No me gusta hablar por otras oficinas, pero creo que a más tardar a finales de marzo puedo contar con esa recomendación.

El plan del secretario del DCR es que una vez el CIO recomiende, se haga un contrato provisional de seis meses  para el monitoreo de grilletes.

“En ese tiempo (se va a convocar) una subasta con todas las garras para, entonces, garantizar que por los próximos dos, tres años vamos a tener la mejor compañía con el mejor servicio disponible”, indicó.

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