El senador Aníbal José Torres compareció hoy a declarar en la Oficina de Administración de Tribunales (OAT) para declarar en la investigación contra el juez Rafael Ramos Sáenz, y aseguró que no se le pidió revelar la fuente de la denuncia que hizo contra el juez, ni tampoco tuvo que invocar el privilegio legislativo para no responder a alguna pregunta.

El juez Ramos Sáenz está  involucrado en una controversia electoral en la que podrían haberse cometido violaciones de ley, y que fue revela en una conversación, tipo chat, que también involucra a otras personas, incluyendo funcionarios públicos.

“Fue todo muy bien. Me sentí muy cómodo. Ofrecí, básicamente la misma información que he ofrecido públicamente y al Departamento de Justicia”, dijo el senador a su salida de la entrevista en la OAT, aclarando que no se le preguntó la fuente del mensaje ni tampoco se le pidió si tenía el resto de los mensajes enviados por la aplicación “WhatsApp”.

“Estuve menos tiempo. Se nos pide confidencialidad en lo que hemos discutido. Ciertamente el ámbito de investigación aquí es distinto, es sobre la conducta del juez, pero no me pidieron ni la fuente ni tuve que invocar el privilegio de inmunidad”, detalló Torres.

Aclaró que fue entrevistado por “dos abogadas, que no recuerdo el nombre en este momento. Dos abogadas de la división legal”.

A la pregunta de cómo comparaba el proceso en la OAT con el de Justicia, el senador respondió que “entendiendo el ámbito, que es distinto en ambas investigaciones, pues muy bien. La deferencia de las fiscales en el Departamento de Justicia y las abogadas aquí, lo reconozco, me sentí muy cómodo, tanto en Justicia como aquí”.

“Les ofrecí toda la información que ofrecí al Departamento de Justicia. Les entregué todos los documentos que entregué al Departamento de Justicia, y los que hice públicos en la conferencia de prensa”, dijo Torres.

El senador dijo que le habían preguntado sobre el contenido de los documentos, pero no sobre la autenticidad de los mismos.

“Entiendo que ellos tendrán la manera de conseguir la validez de esa información. Pero no me hicieron esa pregunta (sobre la autenticidad)”, comentó.

Torres insistió en que tras las entrevistas esperaba que se investigara el asunto hasta sus últimas consecuencias.

“Mi expectativa es la misma que tengo desde el principio, la misma que debe tener el país. Que esto se lleve hasta las últimas consecuencias, por el buen nombre de la Judicatura y por el buen nombre de la Comisión Estatal de Elecciones”, afirmó.

Torreas al aclarar que no ha sido citado por la Oficina de Ética Gubernamental, que también lleva una investigación sobre asunto, sino solo por el DJ y la OAT. Detalló que en ninguna de las dos instancias declaró bajo juramento.

Por su parte, el portavoz de la OAT, Daniel Rodríguez, aclaró que esta investigación se enfoca en “las posibles violaciones a los cánones de ética judicial”, y no en otros asuntos.

Detalló que la investigación se inició luego que la Oficina de Asuntos Legales de la OAT recibiera el referido del director de Tribunales, el juez Sigfrido Steidel Figueroa.

“Si se identifica en el proceso de investigación alguna otra violación a leyes o al código penal, se refiere al foro correspondiente, que es de Departamento de Justicia”, explicó Rodríguez, aclarando que se había citado a declarar al senador Torres, “porque es una persona que es parte de la investigación, ya que podría aportar información relevante para la investigación”.

Agregó que también se citaría a otras personas como parte de la investigación, que “está en su primera etapa”.

Según explicó Rodríguez, una vez la Oficina de Asuntos Legales termine su investigación, hace un informe al director de tribunales, con alguna de dos posibles recomendaciones: o archivarlo por falta de prueba contundente, o referirlo a la Comisión de Disciplina Judicial del Tribunal Supremo. Ese organismo independiente, nombrado por el Tribunal Supremo, examina la prueba, cita a las partes. También el juez puede ir con su abogado y defenderse, algo que también puede hacer en otras etapas del proceso. Luego la Comisión hace un informe con sus conclusiones, y entonces el Tribunal Supremo acoge, rechaza o modifica las recomendaciones, y dispone las sanciones correspondientes.

“Puede ser una amonestación, sanción, hasta la separación del cargo de juez, o incluso de la profesión de la abogacía”, detalló Rodríguez sobre el posible castigo.