El Albergue de Protección de Víctimas y Testigos del Departamento de Justicia será rehabilitado en los próximos meses para mejorar sus instalaciones, aumentar la población que pueden atender y proveer servicios actualmente inexistentes en esta dependencia, anunció hoy el designado secretario de Justicia, César Miranda.

 En una conferencia de prensa en la que además participaron representantes de 10 agencias del gobierno, Miranda resaltó que por muchos años el albergue estuvo desatendido como es debido.

"Nos habíamos olvidado que aquí viven personas, es una comunidad", dijo Miranda. “Por muchos años a este centro se le dio un enfoque exclusivamente de ley y orden”, añadió.

El esfuerzo interagencial surge en respuesta a una orden ejecutiva del gobernador Alejandro García Padilla del pasado 29 de noviembre "para el funcionamiento óptimo del albergue", incluyendo servicios de salud física y mental, educativos, y recreativos.

La instalación, en la que viven unas 93 personas incluyendo niños y ancianos –algunos con necesidades especiales–, sufre de gran deterioro físico, como habitaciones con puertas y ventanas rotas, inodoros inexistentes, acumulación de limo en el piso y escombros. Además, según se informó la verja está deteriorada y en sus alrededores se levantó un enorme pastizal que facilitaba que residentes abandonaran el albergue clandestinamente.

Tampoco hay servicios educativos preescolares, ni servicios de enfermería. Según el secretario de Educación, Rafael Román, los dos maestros que trabajaban allí no recibían material ni adiestramiento alguno, y no se ofrecían servicios a menores de educación especial.

La secretaria de Familia Idalia Colón explicó que lo primero que su agencia hizo al ser convocados a este esfuerzo multiagencial fue pedir un perfil de la población y se percató que había muchos niños en edad preescolar.

"Aquí hay niños testigos de situaciones de violencia", afirmó la secretaria de Familia.

Indicó además que cuentan con niños con condiciones específicas que requieren tratamiento sicológico o siquiátrico. Según Colón, ninguno de los servicios se estaba ofreciendo en la instalación.

El albergue es un mecanismo para promover la cooperación ciudadana a personas que puedan ayudar al esclarecimiento de crímenes por el temor que puede existir de que sean objetos de acciones ilegales por sospechosos o allegados a estos, según la orden ejecutiva OE-2013-78. "Además de la seguridad y protección que se ofrece en esta instalación, las víctimas y testigos alojados en el Albergue de Testigos tienen la necesidad de recibir múltiples servicios que ofrecen agencias y entidades del gobierno, tales como servicios médicos, psicológicos, psiquiátricos, apoyo psicosocial, educación, recreación y deportes, apoyo técnico, operacional y vestimenta, entre otros", reza la orden.

Por los pasados años, el Albergue de Protección de Víctimas y Testigos ha sido blanco de múltiples denuncias como falta de servicios, incidentes de violencia, deficiencias estructurales, alegaciones de acoso sexual de empleados hacia testigos y hasta casos de sarna.

Bajo el acuerdo actual, el Departamento de Educación traerá materiales, ofrecerá adiestramientos a los maestros y servicios a los niños de educación especial, además de asignar un maestro adicional, y orientar a desertores escolares; la Administración de Seguros de Salud preparará una oficina de servicios de enfermería y proveerá visitas dos veces en semana de un doctor.

Mientras, el Departamento de la Familia asignará una trabajadora social y proveerá equipo de centro de cuido al albergue y orientaciones de servicios a su población; el Departamento de Recreación y Deportes hará mejoras a las dos canchas del albergue y capacitará personal. Por su parte, la Guardia Nacional (GN) ayudará en la poda del pasto en los alrededores mediante 12 ingenieros del batallón 190 y voluntarios de la Guardia Estatal de la GN trabajarán de forma gratuita para rehabilitar las habitaciones abandonadas.

También participaron de la conferencia de prensa representantes de la Policía, Departamento de Vivienda, y del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR)

Conforme a la orden ejecutiva del gobernador, la Policía y el DCR deben aumentar la cantidad de oficiales asignados a la institución, quienes junto a agentes del NIE, son los encargados d proveer seguridad en esta instalación.

Otras dependencias que por virtud de la orden ejecutiva del gobernador deben dar apoyo al albergue son el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), la Auitoridad de Energía Eléctrica (AEE), el Departamento de Estado (DE), el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM), la Administración de Servicios de Salud mental y contra la Adicción (ASSMCA), y el Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP).

No se proveyeron detalles del costo de las mejoras, aunque se dijo que cada agencia aportará de su presupuesto vigente para hacer los trabajos. Miranda espera que los trabajos puedan terminarse en tres meses.

Según el designado secretario de Justicia, las mejoras proyectadas aumentarán la capacidad del albergue a unas 140 personas, lo que debe reducir a la mitad los gastos de transportación y alojamiento de testigos y víctimas en hoteles, incluso fuera del país, según se indicó. El presupuesto actual del albergue es $1,000,000 anuales.

Sin embargo, Brenda León, directora del Negociado de Investigaciones Especiales (NIE), dijo que siempre habrá situaciones que requieran trasladar víctimas o testigos fuera de Puerto Rico. Por alegadas razones de seguridad, la funcionaria no quiso comentar de cuántas personas actualmente están en hoteles o fuera del país, pero dijo que son "mucho menos" que las 93 actualmente en el albergue.