Luego de intensas batallas y de una década sin contar con un documento que los cobijara, ayer se oficializó un convenio colectivo para más de 28,000 docentes del Departamento de Educación (DE).

Para un sector del magisterio el documento representa la garantía de que se respetarán los derechos de los maestros, mientras que para otro sector se trata de un retroceso y pérdida de importantes conquistas laborales.  

La ceremonia de firma oficial contó con un elemento de nostalgia: fue en la escuela Federico Asenjo, de Barrio Obrero, el mismo lugar en el que  se firmó el primer convenio colectivo que tuvieron los maestros del sistema público en el    2002.

El secretario de Educación Rafael Román se mostró confiado en que el acuerdo redundará en una mejor educación pública en el país.

  “Hoy damos un paso importante en el respeto a la expresión democrática de la clase magisterial puertorriqueña. Por más de una década, nuestros docentes mantuvieron sus reclamos de contar con un convenio colectivo. Hoy tenemos la oportunidad de iniciar un nuevo capítulo en la construcción de las relaciones laborales entre el DE y nuestros docentes”, indicó el titular de la agencia.

Román señaló que el proceso de negociación del convenio colectivo, que inició el 22 de junio y finalizó en la madrugada del 10 de julio, fue uno “sumamente intenso”.

Sin embargo, a su juicio,  se lograron acuerdos satisfactorios para ambas partes en unos 21 artículos. 

 Destacó como los acuerdos más significativos el establecimiento de los procedimientos para la resolución de quejas  y agravios así como las disposiciones que regirán para la imposición de medidas disciplinarias a los miembros de la Unidad Apropiada.

Para Eva Ayala, presidenta de la organización Educamos, precisamente, ese artículo lo que hizo fue agregar más burocracia al proceso.

Se quejó de que se mantuvo una disposición en que si un 15% del estudiantado sale mal en las pruebas estandarizadas, ese mismo por ciento se le rebaja en la evaluación al maestro, lo que considera injusto.

Ayala tampoco ve con buenos ojos que,  según su análisis, se haya abierto la puerta para quitarle a los maestros el cálculo de su antigüedad, que haya pasado a la agencia el poder de determinar el tope de estudiantes por salón, que no se eliminara ni una sola de las tareas administrativas impuestas a los maestros; que se promueva la subcontratación y se eliminara la posibilidad de hacer piquetes y protestas en las escuelas cuando las condiciones no sean las adecuadas.

  “Apenas una tercera parte de los maestros ratificaron ese convenio. Es bochornoso. Ese convenio no representa el sentir de lo que necesita la mayoría del magistrado”, indicó a Primera Hora al tiempo en que criticó la concesión de derechos a cambio de una cuota millonaria para las arcas de la Asociación de Maestros.

Por su parte Aida Díaz, presidenta de la Asociación de Maestros, reclamó que la firma del convenio fortalece el movimiento obrero del país.

 “Han sido años en lo que no tuvimos acceso a los derechos y eran otros los que decidían por nosotros. Hoy se acabó la angustia de no saber a dónde ir, a dónde recurrir cuando se enfrenten situaciones difíciles. Hoy somos testigos de la historia y entregamos a los maestros justicia para su profesión”, expresó la líder de la Asociación.

Noel Cedeño Irizarry, presidente de la Local Sindical de la Asociación, defendió el proceso de ratificación y aseguró que sí escucharon las necesidades de los maestros, y cumplieron con todos los requisitos necesarios para llevar a cabo el proceso de negociación.

“Atrás quedaron los tiempos de atropello laboral, de trato injusto, de menosprecio. Hoy, como clase, somos una organización sindical con derechos, con un documento que es ley entre los maestros y el patrono y que, sobre todo, produce orgullo y dignidad en el magisterio”, declaró Cedeño Irizarry.

El nuevo estatuto que regirá las relaciones laborales entre la agencia y la clase magisterial tendrá una vigencia de tres años, hasta agosto de 2019.

El documento no incluye cláusulas económicas debido a las restricciones que impone la Ley 66 de Sustentabilidad Fiscal y Operacional. 

Según establece la Ley 66, los maestros podrán negociar con el DE acuerdos que tengan impacto económico a partir de junio del próximo año. 

Asimismo, contiene una licencia funeraria para que los maestros pueda tomar días libres ante el fallecimiento de algún familiar, pero entra en vigor el próximo año si es que la Ley 66 no se extiende, aclaró Ayala.