Mostrando algunas convocatorias publicadas por el gobierno para ofrecer nuevas contrataciones, el representante novoprogresista José Aponte aseguró que la actual administración gubernamental ha creado puestos para “atornillar” empleados de confianza en varias agencias y corporaciones públicas.

Aponte estimó que el costo de las nuevas contrataciones durante los pasados meses podría ascender a más de $30 millones en varias dependencias como las compañías de Turismo y de Fomento, así como en el Cuerpo de Bomberos y en los departamentos de Hacienda y Agricultura, e incluso en la Universidad de Puerto Rico (UPR).

Sin embargo, el legislador no pudo ofrecer datos concretos que sustenten su cálculo durante una conferencia de prensa celebrada en la sede del Partido Nuevo Progresista (PNP), en Hato Rey. Este medio recibió copia de algunas convocatorias para puestos en la Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR), pero no se pudo confirmar de inmediato estimados ofrecidos por el legislador.

“En momentos de crisis, cuando se habla de no tener dinero, en momentos que se dice que no se puede cumplir con los compromisos, se sigue reclutando en diferentes agencias”, dijo el también secretario general del PNP, quien aseguró que el reclutamiento de las posiciones permanentes viola la propia ley de sostenibilidad fiscal aprobada por la mayoría popular para generar economías en el gasto público.

Según un listado ofrecido por el expresidente de la Cámara, la Compañía de Turismo está en proceso de reclutar más de una decena de empleados que podrían estar devengando en conjunto más de $600,000 al año. 

La directora ejecutiva de Turismo, Ingrid Rivera, por su parte, indicó que la CTPR está en el proceso de llenar unos 12 puestos vacantes que son necesarios para el funcionamiento de la agencia y subrayó que los salarios de los nuevos empleados dependerán de su experiencia y sus conocimientos para cumplir con los requisitos de las posiciones. 

Rivera indicó a este medio que la corporación debería estar pagándole a los nuevos empleados una cantidad significativamente menor que la ofrecida por Aponte. Sostuvo, además, que la CTPR ha excedido los parámetros de ahorros impuestos por la ley de sostenibilidad fiscal en cuanto la otorgación de contratos y los salarios otorgados a empleados de confianza.

“Estas son posiciones vacantes y es importante que llenar los puestos”, argumentó Rivera, quien subrayó que las operaciones de la corporación no tienen un impacto sobre el fondo genera del Gobierno central. 

En el caso de la UPR, Aponte destacó que a finales de 2014, el presidente del centro docente, Uroyoán Walker, autorizó aumentos salariales en la administración central por sobre $211,000. Con la acción, según el representante, se subió la nómina anual a más de $1.1 millones. 

“Pero esto no es todo, porque desde finales de 2013 se han creado sobre 65 puestos de confianza lo cual representa un aumento adicional de cerca de $6 millones en nómina en el sistema completo”, puntualizó.

“Mientras el Gobernador ‘evalúa’ la posibilidad de recortar la jornada de trabajo a los servidores públicos, eliminando beneficios adquiridos como el de los días por vacaciones, autoriza el derroche de millones de dólares en estas nuevas contrataciones”, insistió.