El Departamento de Justicia y la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP) apoyaron una medida legislativa que propone enmendar la Ley de Alianzas Público Privadas (APP) para eliminar la posibilidad de otorgar proyectos sin un proceso competitivo y garantizar el acceso a los documentos relacionados con propuestas evaluadas bajo ese estatuto.

Sin embargo, la AAPP objetó una de las enmiendas por entender que limitaría la posibilidad de desarrollar, mediante este mecanismo, proyectos considerados pequeños.

Esta legislación, cuyo autor es el presidente cameral Jaime Perelló, eliminaría un inciso que autoriza a negociar contratos de alianza sin la utilización de procedimientos de propuestas cuando sea oneroso, irrazonable o impráctico efectuar cualquier otro procedimiento permitido en ley; y otro que autoriza cuando el proyecto a ejecutarse no exceda un año de duración o el valor inicial estimado de inversión no exceda $5 millones.

La AAPP, en una ponencia firmada por su directora ejecutiva Grace Santana Balado, apoyó que se elimine el primero de los dos incisos, pero objetó la eliminación del segundo por entender que son complejos y costosos los procesos de cualificación, evaluación y selección de proponentes contemplados en la Ley de APP.

La ejecutiva opinó que la enmienda “podría limitar y hasta evitar por completo” que este mecanismo sea una alternativa para estos proyectos.

La entidad endosó también la enmienda propuesta para que sean de acceso público los documentos de estudio de deseabilidad y conveniencia, las solicitudes de calificaciones y propuestas y el informe preparado por el Comité de Alianza para cada proyecto. Dispone además el proyecto que esa información deberá estar disponible en la página de Internet de la AAPP.

El Departamento de Justicia, en ponencia firmada por su secretario Luis Sánchez Betances, pero leída por su ayudante Carla Rivera, endosó la legislación.

“El Departamento de Justicia entiende que lo que se busca con la aprobación de lo aquí propuesto es la fiscalización de los fondos públicos y la garantía de que la ciudadanía tenga acceso a documentos, que por ley y como corolario mismo de la Constitución, tienen derecho a acceder”, afirmó Sánchez Betances a través de Rivera.